Un obispo habló de corrupción y causó revuelo en la Iglesia y el Gobierno *

En Argentina "la corrupción está institucionalizada y parece prevalecer una cultura según la cual se puede ir adelante solo con este sistema", dijo ayer a la radio Vaticana el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Enrique Eguía Seguí, quien además reclamó una "reconstrucción de las bases del sistema democrático, o sea, la autonomía de los tres poderes del Estado".

Las declaraciones de Eguía Seguí, colaborador del cardenal primado Jorge Bergoglio, provocaron una verdadera conmoción en el Episcopado y la secretaría de Culto de la Nación en momentos en que las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno recorren aguas mansas. Eguía Seguí, obispo auxiliar de Buenos Aires es uno de los 31 obispos que han venido siguiendo a Bergoglio a Roma en visita "ad limina apostolorum" al Papa. Clarín habló con él y le preguntó sobre el contenido de sus declaraciones a la radio Vaticana, sobre las que se abrió una controversia en Buenos Aires. "No hemos venido aquí a hablar del Gobierno, sino de la Iglesia en la República Argentina, de su vida pastrola y evangélica", dijo monseñor Eguía Seguí, quien ante una consulta de este diario evitó confirmar o desmentir sus dichos. Un cable de la agencia DYN recogió sin embargo una desmentida de Eguía Seguí sobre su categorización de la corrupción en la Argentina: "Nunca dije esa frase", dijo. "Hay gente que interesada en que haya una confrontación entre la Iglesia y el Gobierno". Alina Tufani había entrevistado a monseñor Eguía Seguí para la radio Vaticana. El obispo dijo que "nuestra mayor preocupación es cómo sostener y alimentar la fe de nuestro pueblo en el contexto de la actual crisis global. La Argentina viene de una crisis muy profunda y hoy la gran preocupación de la Iglesia es cómo colocarse frente a esta nueva crisis". Según la transcripción de su diálogo con la radio, radio, monseñor Eguía Seguí dijo que la crisis "no es solo económica" sino moral y destacó la necesidad de combatir la corrupción. La cultura de la corrupción determina "que los que sufren más son los pobres y los excluidos. La Iglesia quiere ayudar a reconstruir las bases de un sistema democrático, o sea el respeto de la autonomía de los tres poderes del Estado. Creemos que los elementos fundamentales de la vida democrática están sufriendo debido a la confusión de los roles y del poder. Lo que predicamos es reconstruir una verdadera democracia representativa". Tufani preguntó al secretario general de la Conferencia Episcopal si es cierto que la Iglesia es a la vez la institución con mayor credibilidad y también la más criticada y atacada. Monseñor Eguía respondió que "existe una opinión publica muy critica frente a la Iglesia. Pero después vemos que en la realidad existe una opinión distinta, la popular, que expresa otra visión. Ante la pregunta si es cierto que solo el 23% de los católicos va a misa en la Argentina, el obispo respondió que en nuestro país "existe este fenómeno extraordinario que es la religiosidad popular. Uno de los puntos claves de la evangelización es hacer crecer esa religiosidad popular". Las visitas para informar sobre la marcha de las respectivas diócesis, que los obispos deben hacer cada cinco años a la Santa Sede, han sido precedidas por minuciosos documentos sobre cada diócesis, entregados en noviembe a la Nunciatura Apostólica, la embajada de Benedicto XVI en nuestro país. Mañana y pasado, en tandas de ocho, los obispos verán al pontífice, quién el sábado les consignará un discurso. El cardenal Bergoglio saludará al Papa en nombre del centenar de episcopales argentinos. Los dos discursos permitirán tener una idea precisa de cómo aprecia la Iglesia a la situación y las perspectivas de nuestro país.
*FUENTE: clarín.com.ar – 12/03/2009

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Denunciarán penalmente a Néstor Kirchner por el "pedí lo que quieras" *

Néstor Kirchner sumará otra denuncia penal en su contra. En esta ocación será por los delitos de usurpación de títulos y honores, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La presentación que lleva la firma del diputado nacional de la Coalición Cívica Fernando Iglesias y otros integrantes del partido de Elisa Carrió acusa al ex presidente de repartir fondos a discreación sin tener un cargo público. Se trata del famoso "pedí lo que quieras" que Néstor repitió una y otra vez en la Quinta de Olivos a los intendentes bonaerenses y provinciales. "Es público y notorio que Kirchner está ejerciendo funciones de la Presidencia sin que nadie lo haya elegido", declaró Iglesias a Criticadigital antes de realizar la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py.

"Todos vimos salir al intendente de La Rioja, Ricardo Quintela, de Olivos y decir que Néstor Kirchner le dio 98 millones de pesos para su ciudad. Igualmente se escuchó a Jorge Murabito de Villa Gobernador Gálvez que se llevó 50 millones", detalló el legislador.

Iglesias se refirió a la confesión de Quintela cuando fue interrogado por los fondos que la Nación le envió a su comuna a sólo siete días de reunirse en la residencia presidencial con el jefe del PJ. “No esperaba que me mandara la plata tan rápido”, dijo sorprendido. Los mismo ocurrió con Murabito. Según informó Crítica Santa Fe hace dos semnas, fue el marido de Cristina Fernández quien lo citó en enero pasado a una reunión a solas en la Quinta, donde le confirmó el envío de 50 millones de pesos para obras rápidas y visibles de cara a los comicios de octubre.

La cita se concretó el 8 de enero. Kirchner escuchó durante 15 minutos mientras anotaba las obras que el intendente pretendía hacer a corto plazo en Gálvez, la tercera localidad con mayor cantidad de votantes de la provincia. Cuando terminó, llamó a su hermana Alicia, ministra de Desarrollo Social, quien recibió a Murabito cuatro días después y tenía sobre su escritorio los mismos papelitos que Néstor había anotado personalmente.

Gracias a esas dos reuniones, el intendente consiguió el dinero para cloacas y pavimentación de caminos, obras que son de corta duración y de un gran impacto visual, ideal para tiempos electorales.

Si bien esta nueva denuncia penal será un dolor de cabeza para Néstor y Cristina, al ex presidente tampoco le va a embarrar el camino hacia una futura postulación para octubre. El Pacto de Costa Rica indica que toda persona que no tiene condena firma puede elegir y ser elegido como candidato.
*FUENTE: Crítica de la Argentina – 26/02/2009

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Electroingeniería, la firma que compró radio del plata,tiene catorce empresas más desde que los K llegaron al poder *

Se ha transformado en una compañía emblemática de la nueva era, no sólo por su crecimiento exponencial, sino porque se involucró en negocios muy polémicos. En 2003 tenía su base central en un galpón de Córdoba. Hoy está terminando de construir una mega sede. La empresa cordobesa pasó de facturar 60 millones a principios de la década a más 100 millones en el último ejercicio. Energía, construcción y vinos son algunos de los rubros.
“Estar cerca es muy bueno”, dice un eslogan publicitario. Electroingeniería, la empresa cordobesa que tras comprar radio Del Plata censuró al periodista Nelson Castro, puede dar fe de ello porque estar cerca de los Kirchner les permitió un exponencial crecimiento económico.

Para el arco político opositor, la empresa de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta es sinónimo de Kirchner. Para el oficialismo, es una empresa amiga. De todas maneras, los cordobeses pasaron de facturar cerca de 60 millones de dólares en 2000 a más de 100 millones en el último ejercicio. De una veintena de empleados, a más de mil, de un galpón refaccionado como oficina, a un lujoso campo empresarial.
Los jugosos contratos de obra pública le permitieron a Electroingeniería codearse con los más grandes. Así se asociaron con Siemens y se quedaron con el 50% de Transener, la transportista eléctrica más grande del país.
En la sede cordobesa, tratan de ponerle paños fríos a las denuncias a las que ellos llaman “oportunismo político”. “El crecimiento de la empresa ha sido permanente desde sus inicios en 1977, basado en la reinversión permanente de las utilidades en el país. En todo este tiempo ha crecido entre un 20 y un 30 % acumulativo según los años”, explicaron a PERFIL, fuentes de la empresa. Pero Electroingeniería fue denunciada por supuestos sobreprecios en el segundo tramo de la construcción del interconectado eléctrico entre Puerto Madryn y Pico Truncado. También fue señalada en el caso Skanska. En esa causa la empresa sueca aparece dispuesta a pagarle 10 millones de pesos a Electroingeniería para que los subcontrate para la construcción del tercer tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica de Yacyretá. La coima no llegó a concretarse. “Todas las denuncias son de naturaleza política y mediática, y no tienen el mas mínimo sustento. La empresa, no ha tenido ni tiene relación alguna con dicha empresa referida a los contratos” que originaron las denuncias”, aseguran en la compañía.
A mediados del año pasado el holding cordobés compró radio Del Plata en una movida calificada como “estratégica” para el “proceso de expansión del grupo”. Desde sus oficinas le negaron a PERFIL la compra de algún otro medio. Sin embargo, versiones cercanas a la empresa, dicen que estarían dispuestos a ingresar en el negocio de la televisión por cable.
Ferreyra y Acosta no niegan sus cercanos vínculos con Carlos Zannini, Ricardo Jaime, Julio De Vido y el flamante subsecretario de Medios, Alfredo Scocimarro. Juntos, forman parte de 26 sociedades, que abarcan los ámbitos más diversos, desde constructoras hasta viñedos.
Don Oreste es el vino de Electroingeniería. Según dice la botella, es ideal “para acompañar un cordero patagónico”. Todo un mensaje.
*FUENTE: perfil.com – 24/02/2009

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Con corrupción no hay democracia *

Comentarios: (02)

En el diario “La Nación”, del 17/02/2009 (de Argentina), tanto en su versión digital como impresa, fue publicada una nota de reflexión y análisis sobre la situación institucional del país y, más precisamente, sobre las consecuencias prácticas que surgen cuando se quiere conjugar dos conceptos literalmente contradictorios y absolutamente incompatibles entre sí: Democracia y Corrupción.
La mencionada nota, cuyo título es exactamente el mismo que antecede (“Con corrupción no hay democracia”), fue escrita por José Miguel Onaindia, en el mencionado diario.
¿De quién se trata?

Bueno. Es un abogado, de unos cincuenta y tanto de años, con una larga y rica trayectoria, actualmente profesor de Derecho Constitucional y de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires; y docente en otras universidades públicas y privadas.
Anteriormente, sobre los años 2000/2001, fue director del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes visuales). Después, entre otras cosas, fue Asesor de la Legislatura Porteña.

Quienes, con mucha sencillez y sin ánimo de lucro, hacemos ChacoMundo, bajo la consigna de ayudar a pensar a todo aquel que le interese la vida política e institucional del país; y por compartir los conceptos vertidos en la mencionada nota, transcribimos a continuación el texto completo de la misma, “entre comillas”, con el sólo objetivo de favorecer la reflexión de nuestros lectores, para agregar, al final, sólo algunos aportes de nuestros columnistas.
“El pasado 10 de diciembre se cumplieron veinticinco años de la asunción del gobierno de Raúl Alfonsín, que inauguró un cuarto de siglo sin interrupciones militares. Los argentinos recuperamos la costumbre de votar, luego de cinco décadas de gobiernos de facto, continuados por democracias débiles o autoritarismos de base electiva. Sin embargo, fue un aniversario sin gloria. En ese lapso histórico no pudimos establecer un sistema político con la calidad institucional necesaria para asegurar a los habitantes un ejercicio razonable de sus derechos humanos.
El restablecimiento del respeto de un orden jurídico difícilmente pueda lograrse si se elude la necesidad de rehabilitar el pacto de convivencia que significa la adopción de un texto constitucional. Y esto aún no ha sucedido.
"En 1930 se produjo el primer golpe de Estado que derrocó a las autoridades legítimamente constituidas y, sin la vigencia de la Constitución Nacional y cada vez más alejados de sus principios rectores definidos por Alberdi, el país cayó en un proceso de franca declinación. Tanto durante los gobiernos militares, ilegítimos y violadores de derechos cívicos y humanos, como durante muchas administraciones civiles formalmente republicanas, el pretendido propósito de corregir injusticias o solucionar desigualdades sirvió de pretexto para que imperara una nueva trama social, basada en la dádiva y el clientelismo político?", así describe José Ignacio García Hamilton la evolución de nuestra realidad política y social ( Alberdi. La paz y el trabajo ) en Visiones de una Constitución , coordinada por Jorge Alejandro Amaya (UCES, pág. 19 y sgtes.).
El mismo día del aniversario de la asunción del gobierno de Alfonsín, un informe realizado por la Universidad de Buenos Aires y dado a conocer por Red Solidaria comunicaba que ocho chicos menores de cinco años mueren diariamente en la Argentina, como consecuencia de la desnutrición.
La dramaticidad del dato permite prescindir de cualquier calificativo. Pero demuestra que el intenso deterioro de nuestra calidad institucional es proporcional a la abrupta caída del nivel de vida de grandes sectores de la población. La pobreza y la inseguridad, como moneda de dos caras, se fueron instalando en nuestra convivencia social y condujeron al severo cuestionamiento de la doctrina de la representación.
La Constitución reformada en 1994, siguiendo el ejemplo de otras constituciones latinoamericanas, incorporó una cláusula inexistente en el texto originario -el artículo 36- en defensa del orden republicano y democrático, mediante una norma que, en sus cuatro primeros párrafos, castiga con la máxima sanción penal que fija su texto -traición a la patria- a quienes intenten interrumpir la observancia del sistema constitucional o colaboren con gobiernos que no surjan de las formas por él previstas. Se intentó así, desde lo normativo, impedir la repetición del fenómeno de los golpes de Estado.
Esta nueva norma culmina con una disposición, que estima que también se atenta contra el sistema democrático cuando se incurre en delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, y castiga con inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos a quienes los cometan.
Es muy acertada la disposición, porque la corrupción administrativa y el desvío de fondos públicos afecta el equilibrio y la legitimidad de nuestro sistema político. Desgraciadamente, aquí se demuestra la certeza del pensamiento de Marguerite Yourcenar cuando, en su Alexis o el tratado del inútil combate , afirma que las palabras traicionan al pensamiento, pero que las palabras escritas lo traicionan aún más, puesto que ninguna medida idónea derivó de esa nueva norma.
Si bien el Congreso sancionó la ley de ética pública que también contempla el último párrafo de esa norma constitucional, el sistema jurídico no ha podido impedir que este atentado al sistema democrático suceda cotidianamente, lo que viola los principios esenciales de nuestro régimen constitucional y los derechos de la población.
La sucesión de hechos de corrupción sin esclarecer, la ausencia de mecanismos judiciales que permitan en forma efectiva erradicar esta conducta desarrollada como algo habitual en nuestra realidad son la fuente principal de la inequidad social y del deficiente ejercicio de nuestros derechos. También, de la caída de confianza en el sistema y del grado de participación de la ciudadanía en las diversas expresiones de la vida pública. La merma de concurrencia a los actos electorales es sólo un ejemplo de este fenómeno.
Los actos de corrupción impiden que pueda cumplirse con el fin esencial del Estado, que es la promoción del bienestar general. Si con dineros públicos se realizan negocios privados, el bien común desaparece y el principio de igualdad también, porque se crean grupos de privilegio en detrimento del resto de la población. Desentrañar las causas de este colapso necesita de un arduo análisis, realizado desde diversos ángulos del conocimiento; pero, entretanto, sí podemos observar que la resistencia a ordenar las conductas a las normas ha sido la variable que ha impedido la calidad institucional en nuestro país y la posibilidad de reencontrar un camino que conjugue el funcionamiento normal de las instituciones y el bienestar general.
Los altos índices de indigencia y pobreza que afectan a nuestra sociedad tienen, en los actos de corrupción, una de sus causas principales, porque cuando los fondos cuyo destino es la mejora de la calidad de vida de le población sólo mejoran la fortuna de funcionarios y habitantes que realizan negocios con ellos, el malestar del habitante aumenta y se multiplica. Máxime cuando estos actos no son patológicos y aislados, sino que se repiten en la trama ordinaria y habitual de nuestra realidad. Así, la ratificación de los pactos de derechos humanos y su elevación a rango constitucional se tornan en meros actos declarativos que, en la realidad, sólo producen efectos limitados.
La corrupción impide que muchos habitantes gocen de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad psicofísica, a la vivienda? La corrupción mata, sin orden de matar. Pero la sociedad debe ser consciente de que las cuentas bancarias, las casas fastuosas, los dólares que aparecen en bolsas o en valijas, se nutren de los cuerpos muertos que yacen bajo tanta tumba sin nombre. “
BREVES COMENTARIOS DE ALGUNOS DE NUESTROS COLUMNISTAS
Aníbal Hardy
Es hora de que los Jueces recuerden el sublime momento de su "juramento", por Dios, la Patria, la Constitución Nacional. Sin JUSTICIA INDEPENDIENTE, caeremos en la tragedia civil. No nos queda mucho tiempo para el inicio del caos, por lo que la sociedad en su conjunto espera que se produzca el "milagro" de la resurrección jurídica y la JUSTICIA restaure la REPUBLICA.
Walter Edgardo Eckart.
En lo personal, creo que hay títulos que tienen la capacidad de sintetizar grandes verdades, muchas veces obvias. Éstas, justamente por ser “tan obvias”, pasan por enfrente de nuestros rostros y, sin embargo, no las vemos. Y creo que éste es uno de esos casos.
Pensar que la corrupción ataca de raíz a un sistema democrático puede parecer sencillo y hasta repetitivo.
Sin embargo, “ponderar” las consecuencias del daño real que la corrupción causa al sistema democrático argentino.... eso es ya más difícil.
Hoy, frente al cúmulo de denuncias penales, pedidos de informes, sospechas o hasta intuiciones por parte de diversos sectores de las distintas fuerzas políticas y sociales del país; todas ellas referidas al matrimonio presidencial y a su entorno más inmediato, “pareciera” que podemos ser inducidos al “acostumbramiento” o a la “anestesia” colectiva.
Sin embargo, una cosa parece ser cierta: si quién tiene conocimiento cierto de posibles casos de corrupción, y además es capaz de fundamentarlo ante la justicia; y además asume los riesgos, y procede en esa dirección, lejos estaría de ser, por ejemplo y como se nos quiere hacer creer, un “denunciante crónico”. En realidad, a mí juicio, el que así obrara, estaría favoreciendo la consolidación del sistema democrático Argentino, además –como también es obvio- de requerirle tácitamente a los distintos jueces que intervienen en las causas, una definición jurídica pero también y principalmente una definición moral.
Un sistema democrático, si es genuino, no admite dobleces. Se es amigo o enemigo del mismo; y, en esta materia, se está del lado de la corrupción o del de la justicia y del pueblo. Muchos aspectos del país pueden admitir matices. Este no.
María Gloria Mena.
La corrupción está instalada en nuestra sociedad y en nuestro sistema de vida. Es, cuando menos, la impresión creciente que tengo.
Prácticamente, ya no sorprenden los nuevos hechos de corrupción que se suceden día a día y de los cuales, aparentemente, serían protagonistas los funcionarios públicos que votamos. El enriquecimiento ilícito, penado por la Constitución Nacional, parece no tener freno. El Poder Judicial, más allá de las palabras, parece hacer poco y nada hace para impedir que los mismos se produzcan.
Los presuntos corruptos, son denunciados penalmente. Salen a la luz pública a través de los medios de comunicación. Todos, según creo, los conocemos. Pero reina la impunidad.
Los fondos, que debieran ser para el bienestar del pueblo, a través de obras públicas, beneficios en el sistema de salud, educación o cualquier otra área social.... aparentemente pasan a engrosar el patrimonio personal de funcionarios, de derecho..... o de “hecho”.......
No son respetados entonces, los derechos humanos de millones de argentinos que sufren pobreza o indigencia, que viven en la marginalidad, que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, que son rehenes del clientelismo político.
La democracia, entonces, pareciera que para nosotros, Argentinos, es sólo una etiqueta.
No es el gobierno del pueblo y para el pueblo (como soñamos y nos educaron), sino –según parece- el gobierno para unos pocos, que terminan su mandato con más dinero que con el que llegaron.
*FUENTE: lanacion.com.ar – 17/02/2009
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COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES:
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Rogelio – Clorinda - Formosa -Argentina
Excelente el artículo. La claridad de conceptos, a los que debemos darle atención, es de “primerísima” actualidad.
Sería bueno que el “hombre común” pueda tener acceso libremente a tales definiciones, a través de medios masivos de comunicación, seminarios, etc.
Desde luego que a muchos pícaros (o desvergonzados) no les convendrá. Son aquellos que conocemos, que consumen centímetros en las columnas de diarios.
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Armando – Buenos Aires -Argentina
Comparto totalmente el comentario de Rogelio, pero en cuanto al "libre acceso" del que habla el pre opinante, no creo que nadie se tome el trabajo, porque al gobierno le conviene una ciudadanía pobre en conocimientos.
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Confirman procesamiento de Miceli: podría ir a juicio oral *

La ex ministra de Economía, Felisa Miceli, quedó este martes más comprometida en la causa por el llamado bolsagate, porque la Corte Suprema de Justicia confirmó el procesamiento por encubrimiento contra la ex funcionaria de Néstor Kirchner por la bolsa con 100 mil pesos y 31 mil dólares que se encontró en el baño de su despacho privado.
Fuentes judiciales explicaron a DyN que ahora el fiscal Guillermo Marijuán, a cargo de la investigación, se encontraría "en condiciones de pedir la elevación a juicio de la causa" por el delito de encubrimiento en concurso con el de destrucción de documento público. No obstante, la Cámara Federal había ordenado ampliar la pesquisa para saber de dónde salió el dinero que tenía la ex funcionaria en la bolsa. Por eso, Marijuán podría optar por elevar la primera parte de la causa a juicio mientras se sigue investigando un presunto enriquecimiento ilícito.

Hoy, la Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado por la ex funcionaria al entender que no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal por sus efectos.

La Corte Suprema confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Miceli por encubrimiento en concurso real con el delito de destrucción de documento que en diciembre de 2007 ordenó la jueza federal María Servini de Cubría, que luego fueron avalados por la Cámara Federal y la de Casación Penal.

Contra esas decisiones, la ex ministra de Economía presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema pero el máximo tribunal entendió que "no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal por sus efectos", por lo que fue rechazado.

Miceli quedó imputada cuando el 5 de junio de 2007 dos efectivos de la división Explosivos de la policía realizaron un control de rutina en el baño de su despacho del ministerio de Economía y encontraron un paquete termosellado con 100.000 pesos y una bolsa de madera con 31.670 dólares.

Un mes después, el 16 de julio, el fiscal Marijuán pidió que sea citada a declaración indagatoria, por lo que la funcionaria renunció a su cargo. La dimisión se produjo a días que la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner se lanzara como candidata presidencial para las elecciones de octubre.

La ex ministra alegó ante la Justicia que el dinero le había sido prestado por su hermano José -que también fue investigado pero beneficiado con una falta de mérito para comprar una vivienda y que lo dejó en su despacho porque no había tenido tiempo de depositarlo en un banco. Servini de Cubría la procesó por el encubrimiento y "sustracción de documento público", en relación al acta labrada sobre el hallazgo del dinero. Pero el fiscal Marijuán advirtió además que el dinero "no fue parte de una operación legalmente registrada", apeló el procesamiento y finalmente la Cámara Federal pidió investigar si además pudo haberse incurrido en enriquecimiento ilícito.

Miceli, por su parte, atribuyó la causa en su contra a una operación relacionada con las investigaciones por presunta corrupción que impulsó contra el grupo Greco.
*FUENTE: Crítica de la Argentina – 17/02/2009

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Ya son 21 los funcionarios de CFK que están bajo la lupa de la Justicia *

Por Fernando Oz/ Natalia Aguiar *
Según una investigación realizada por PERFIL, con la colaboración de la base de datos del Centro de Investigacion y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), los funcionarios del riñón pingüino son los más denunciados ante la Justicia. La mayoría de ellos pertenece al área del ministro de Planificación. Pocos dejaron sus funciones.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene en sus primeras y segundas líneas un total de 21 altos funcionarios con procesos judiciales abiertos, la mayoría de ellos cargan con denuncias desde la gestión anterior. Esa es parte de la herencia que le dejó su marido, Néstor Kirchner.
El puesto número uno del Top Five de los funcionarios de más alto cargo involucrados en hechos de corrupción, es para el “casi” ministro Ricardo Jaime. El intocable secretario de Transporte tiene diez denuncias, está mencionado en otras 14 causas judiciales, y es parte del pesado legado que dejó el ex presidente.

Siguen los ministros Planificación Federal, Julio De Vido (9); Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández (6); Desarrollo Social, Alicia Kirchner (3); y de Trabajo, Carlos Tomada (3). Los datos surgen de un relevamieto realizado por PERFIL y de la base de datos del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).
Pero el kirchnerismo es tan alineado que nadie se anima a tener más denuncias que el jefe. El ex mandatario cosechó casi medio centenar de causas. La última acusación es por asociación ilícita y la anteúltima por enriquecimiento ilícito, expediente que lo comparte con su sucesora y esposa.
“La política está más judicializada. Cada vez hay más denuncias que no tienen pies ni cabeza, están hechas para los medios. Y después la culpa la tienen los jueces porque dicen que no investigamos”, se justificó un magistrado ante este diario. Otro magistrado esgrimió: “Hay muchisimas denuncias y algunas terminan teniendo conexidad con otras. Con la estructura que hay en los juzgados termina siendo imposible avanzar. Hay expedientes que en menos de dos meses terminan teniendo ocho cuerpos”.
Para el director ejecutivo del Cipce, Pedro Biscay, “en el Ministerio Público no hay lineamientos claros para perseguir las investigaciones en curso. A la falta de condenas hay que sumar que los fiscales que llevan casos contra el poder político, no impulsan las investigaciones y no recuperan nunca los fondos públicos robados al Estado”. Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano, apuntó: “La falta de independencia judicial y la carencia de procedimientos ágiles afectan negativamente las investigaciones de casos de corrupción”
IMPUTADOS K.
Las causas en las que aparece Jaime como imputado son de las más variadas: el juez Julián Ercolini lo investiga por asociación ilícita, lo propio Ariel Lijo por el otorgamiento de subsidios a empresas ferroviarias y Octavio Aráoz de Lamadrid por varias irregularidades durante su gestión.
Fue el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien inició una investigación contra Jaime por enriquecimiento ilícito. Y el fiscal Gerardo Pollicita lo tiene bajo la lupa en el megaexpediente por asociación ilícita que comparte junto a Kirchner, De Vido, y Uberti.
El jefe de la cartera de Planificación está mencionado hasta en la causa conocida como Valijagate, pero aún no visitó ningún juzgado, ni siquiera para prestar declaración testimonial. Garrido pidió que se investigue a De Vido por malversación de bienes del Estado y también le inició una causa por enriquecimiento ilícito.
Uno de los expedientes es por hacer uso de un automóvil Peugeot 406 que una concesionaria de peajes cedió al Occovi para que supervise las rutas, el vehículo tenía que ser utilizado por los inspectores. El ministro también está en la mira por irregularidades en la licitación del gasoducto del noroeste, la compra de locomotoras con supuestos sobreprecios, presunta cartelización de la obra pública, y asociación ilícita.
Otro de los expedientes que preocupa al Gobierno es el que involucra al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El juez Rodolfo Canicoba Corral intenta determinar si el funcionario adulteró los índices del Indec. La ministra de Desarrollo Social, hermana del ex presidente y cuñada de la Presidenta, aún no fue llamada por la Justicia para que aclare el presunto reparto de electrodomésticos a cambio de votos durante las elecciones de 2005. El expediente es el número 1277 y la carátula es “Kirchner, Néstor; Kirchner, Alicia y Fernández, Alberto sobre malversación de caudales públicos”.
KIRCHNER MARCA EL CAMINO.
El ex mandatario llegó a tener más de medio centenar de denuncias en su contra, de las cuales hay sólo 40 en trámite. Tal vez la más mediática es una por asociación ilícita, impulsada por la Coalición Cívica a finales de 2008. En el mismo expediente figuran sus amigos Julio De Vido, Ricardo Jaime, Claudio Uberti, su ex chofer Rudy Ulloa Igor, Cristóbal López y Lázaro Báez.
La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini, que también investiga a este grupo por otros varios delitos. Las irregularidades se habrían cometido en licitaciones de obras públicas y permisos para la explotación del juego en beneficio de empresarios K.
El fiscal Gerardo Pollicita presentó el requerimiento el 23 de diciembre de 2008, y el juez solicitó diez medidas de prueba, por lo que la investigación continúa en etapa de instrucción. Fuentes judiciales sostuvieron la conveniencia de “separar las causas por empresas, por posibles delitos tributarios, por lo que nos veríamos nuevamente ante el desglose de una causa madre en otras tantas satélites por razones de competencia”. Para algunos especialistas esta táctica legal sería una manera de profundizar la pesquiza de los supuestos delitos que involucran a los funcionarios y amigos del gobierno. Para otros, podría ser unan estrategia para distender la tensión política que genera este tipo de acusaciones, dilatar y dispersar.
*FUENTE: perfil.com – 16/02/2009

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La trastienda del boicot a Cobos: un secretario manda más que el presidente *

Por Susana Viau. *
Cuando la Secretaría General de la Presidencia impidió que la Casa Militar, a cargo del coronel Alejandro Guillermo Graham, le facilitara esta semana el avión presidencial a Julio Cobos para dirigirse a Tartagal y recorrer la zona de desastre, puso al oficial en una situación delicada, no sólo por haberlo inducido a faltar a su deber sino por conferirle el dudoso honor de ser el primer jefe de la Casa Militar que, desde el retorno a la democracia en 1983, desoye las órdenes de su superior civil, el vicepresidente de la Nación, en ejercicio de la Presidencia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

El abogado Ricardo Monner Sans entiende que estos hechos podrían configurar “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, puesto que se daban las condiciones planteadas en el artículo 88 de la Constitución. Allí se establece que en caso de ausencia, enfermedad o muerte el vicepresidente sustituye al Presidente y toma a su cargo todas las atribuciones y funciones conferidas al Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo que fija el artículo 99 de la Carta Magna.

Por otro lado, sucesivos decretos, incluso los firmados por la administración de Cristina Fernández, fijan no sólo que entre las responsabilidades de la Casa Militar se encuentra la de “planificar, ejecutar y supervisar las acciones de seguridad, coordinando los requerimientos de inteligencia y contrainteligencia necesarios para preservar en forma permanente la integridad física del señor Presidente y sus familiares directos”. Estipulan que la Casa Militar asume el compromiso de “planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con los traslados aéreos del señor presidente de la Nación”.

Lo cierto es que el lunes 2, ante la angustiosa situación de los pobladores afectados por el alud y apelando a los mecanismos habituales, la responsable de la Unidad Vicepresidente (que aún tiene sus oficinas en la Casa Rosada), Patricia Gutiérrez, solicitó a Oscar Parrilli que pusiera un avión oficial a disposición de Cobos, presidente en ejercicio, a causa del viaje de Cristina Fernández a España. La hora de partida, prevista en un principio para las 15.30, comenzó a sufrir postergaciones. Finalmente, a media tarde se informó que la máquina estaría lista para despegar a las 19. A las 18.30, Cobos llegó al sector militar del Aeroparque Jorge Newbery. Para su sorpresa, se le informó que el avión había despegado quince minutos antes llevando a bordo al ministro del Interior, Florencio Randazzo, y a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner (por cierto funcionarios de rango inferior al que Cobos ostenta), y debería esperar hasta la hora 21. Quien por esas horas ejercía como primer mandatario desistió. Algo similar había sucedido en un vuelo con destino a Tucumán, cuando debió recurrir a un aparato cedido por la Fuerza Aérea, y también en un desplazamieno a Mendoza, que acabó realizando en auto. Pero en esas ocasiones no se hallaba en ejercicio de la presidencia. Eran desaires. Lo del lunes se asemeja más un agravio a la investidura, a una imperdonable falta institucional.
FUENTE: Crítica de la Argentina – 13/02/2009

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Aerolíneas: no hubo acuerdo y España reclama "una solución" *

Por: Leonardo Míndez *

El jefe de gobierno español y la Presidenta argentina coincidieron en destacar la buena relación bilateral. Pero la situación de la línea aérea cruzó el encuentro entre ambos. El canciller español pidió una "solución satisfactoria" para la empresa.
El primer día de la visita oficial de la Presidenta a España comenzó con una bomba, real e inesperada, colocada por ETA en las afueras de Madrid. Y terminó con la desactivación de otra bomba, la informativa, con la que el Gobierno argentino esperaba consagrar su gira madrileña.
"El acuerdo por Aerolíneas no se cerrará ni hoy ni mañana", confirmó el ministro Julio De Vido a Clarín cuando se retiraba del Palacio de La Moncloa, al caer la noche.

Si sobre el primer artefacto, que al menos no dejó víctimas (ver pág. 20) sólo cabe "el repudio y la solidaridad" que reiteró la Presidenta a lo largo de la jornada, que no haya estallado el segundo fue la única mácula que dejó un día en que los gobiernos argentino y español intercambiaron elogios mutuos y acordaron seguir consolidando su relaciones a diferentes niveles.

En conferencia de prensa, José Luis Rodríguez Zapatero calificó la situación de las inversiones españolas en Argentina como "positiva en el 99% de los casos" y definió al proceso de expropiación de Aerolíneas Argentinas a la empresa Marsans como un tema "complicado" "difícil" sobre el que "tenemos discrepancias". Aunque manifestó su confianza en que "tengamos un buen final".

Cristina Kirchner, por su parte, se refirió a la expropiación como "una decisión que me hubiera gustado no tener que tomar" pero que fue inevitable "para dar continuidad a un servicio público indispensable". Ella también se refirió al caso de Aerolíneas como "el 1%" en que hay desacuerdo.

Una fuente española que presenció el diálogo privado entre Cristina Kirchner y Zapatero insistió en que el conflicto generó "rispidez" en la relación bilateral los últimos meses y que los presidentes acordaron "abrir un paraguas" mientras se resuelve y "darle un nuevo impulso a la relación".

Una segunda fuente de La Moncloa, también presente en el encuentro, aseguró que al Gobierno español "no le importaba tanto que se resuelva todo durante la visita" de Cristina. Y recordó las palabras que Zapatero había utilizado ante este enviado en la Cumbre Iberoamericana de octubre pasado en El Salvador. "Una solución en mutuo beneficio", pidió entonces el presidente español. "El anhelo sigue siendo el mismo", explicó la fuente. El canciller Miguel Angel Moratinos lo puso ayer en blanco sobre negro: dijo que España espera que Marsans obtenga una solución "satisfactoria".

Cristina y Zapatero dialogaron cerca de una hora en el moderno "salón Tapiés" de La Moncloa, llamado así por las obras del pintor catalán Antoni Tapiés que decoran sus paredes. Del lado argentino, estuvieron Jorge Taiana, Julio De Vido, Carlos Tomada, Lino Barañao, el embajador Carlos Bettini y el vocero Miguel Nuñez. Entre los españoles, se sentaron Moratinos, Cristina Garmendia (Ciencia e Innovación), Bernardino León (secretario general), Milagros Hernando (encargada de política internacional de la Presidencia), el embajador Rafael Estrella y el vocero Juan Cierco.

Ambos presidentes valoraron como "muy positiva" la llegada al poder de Barack Obama en EE.UU., y en especial sus primeros gestos en favor del "multilateralismo". Y acordaron trabajar en la búsqueda de consensos para llevar una posición común para la reunión del G-20 de abril en Londres.

Zapatero habló de tres objetivos compartidos: "la necesidad de reformar el FMI y el Banco Mundial para que tengan una composición más equilibrada y equitativa", concertar un sistema de "supervisión del sistema financiero internacional" y "acabar con los paraísos fiscales". Cristina bregó por una modificación en las Naciones Unidas, para que "los países más poderosos deban acatar sus decisiones, igual que los más débiles".

Más relajado, Zapatero agradeció a los argentinos por los servicios de Lionel Messi para el Barcelona, del que es hincha. Fue un día repleto de gestos públicos para mostrar que la relación sigue intacta. "Seguiremos respaldando a las empresas españolas para que inviertan en la Argentina", bendijo Zapatero. Era la frase más esperada por los argentinos.
*FUENTE: clarín.com – 10/02/2009

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Luis Juez declara en una causa contra Kirchner *

Buenos Aires. El ex intendente de Córdoba Luis Juez prestará declaración testimonial la semana próxima ante la Justicia federal en la causa abierta contra el ex presidente Néstor Kirchner como presunto jefe de una asociación ilícita.
El testimonio se producirá ante el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, a pedido de su colega del Juzgado Federal N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires, Julián Ercolini.
Sucede que Ercolini, responsable de la investigación de la denuncia, en vez de citarlo a Juez a declarar en los tribunales federales porteños, le envió en las últimas horas un pedido a su colega cordobés para que le tome la declaración testimonial y lo acompañó con el conjunto de preguntas a hacerle al también titular del Frente Cívico (FC) de la Provincia, dijeron a La Voz del Interior fuentes judiciales cercanas al caso.

Sánchez Freytes no le puso fecha a la citación de Juez, pero éste le informó que está dispuesto a la declaración testimonial probablemente el miércoles próximo, una vez superada la segunda audiencia por la querella que le inició el vicegobernador Héctor Campana por supuestas injurias.

La citación del ex intendente cordobés es una de las 15 primeras medidas de prueba que ordenó Ercolini cuando abrió la investigación, el 22 de diciembre pasado, horas después del pedido en ese sentido que le hizo el fiscal Gerardo Pollicita. La puesta en marcha de esas medidas se demoró a raíz de la feria judicial de verano que abarca todo enero.

El fiscal impulsó la investigación una semana después de que la denunciante original del presunto delito, la jefa de Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, amplió la presentación que había hecho a mediados de noviembre contra Kirchner como presunto jefe de una asociación ilícita. En esa ampliación, Carrió incluyó también como supuesto integrante de la presunta asociación ilícita al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Carlos Zannini.

Antes había hecho la misma acusación contra: el ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Transportes, Ricardo Jaime; el ex titular del Occovi (Órgano de Control de Concesiones Viales), Claudio Uberti, desplazado por Kirchner en 2007 a raíz del "caso de la valija", y los empresarios cercanos a Kirchner Lázaro Báez, Rudy Ulloa y Cristóbal López.

La inclusión de Zannini es el capítulo de la denuncia de Carrió sobre las concesiones para los juegos de azar en el que aparece Juez. Según la jefa de la CC, el ex intendente cordobés le contó que en 2005 y por sugerencia de Zannini fue a ver al empresario del juego Cristóbal López en una oficina céntrica de Buenos Aires.

"Juez me relató cómo Zannini le ofreció el financiamiento de sus campañas mediante el testaferro directo de Kirchner, Cristóbal López, a cambio de dejar entrar sus empresas (máquinas tragamonedas) en la ciudad de Córdoba", dijo entonces Carrió, y agregó: "López le dice (a Juez, según el relato de Carrió) que ponga el número de una cuenta en el exterior que tiene asegurado el financiamiento de las 10 próximas campañas que haga".

En su momento, Juez ratificó en declaraciones periodísticas el relato de Carrió, por lo que seguramente no sólo hará lo mismo en su testimonio ante Sánchez Freytes sino que incluso podría dar detalles sobre este punto.

Según la denuncia original, "todos" los involucrados "incrementaron sideralmente sus patrimonios a partir de conocerlo" al ex presidente.

"Así como en la década del ’90 la corrupción se gestionó a través de los bancos y el sistema financiero –sostuvo la denuncia–, en la era de Néstor Kirchner se basa en los oscuros negocios que él y su entorno hacen de la obra pública".

Además de la acusación por asociación ilícita, la denuncia carga también por los presuntos delitos de fraude a la administración pública, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

LA CAUSA.
Denuncia. A mediados de noviembre del año pasado, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner, varios funcionarios y ex funcionarios nacionales y empresarios de su confianza. Según la denuncia, todos los involucrados incrementaron "sideralmente" sus patrimonios personales.

INVESTIGACIÓN.
El 22 de diciembre, el juez Ercolini abrió la investigación, luego de un pedido del fiscal Pollicita.
*FUENTE: Por Horacio Serafini * - La voz del Interior – 07/02/2009

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Ocaña investiga si hubo coimas en un subsidio a obras sociales sindicales *

Por Diego Schurman. *
La ministra de Salud puso la lupa sobre los 48 millones de pesos ya asignados por el ex superintendente Héctor Capaccioli y frenó la entrega de una segunda partida de más de 100 millones de pesos.
Graciela Ocaña inició una investigación para determinar irregularidades en la entrega de un generoso subsidio a las obras sociales sindicales. La ministra de Salud sospecha que los 48 millones de pesos ya otorgados no fueron destinados a la Campaña de Prevención de Enfermedades y, en consecuencia, dispuso frenar la asignación de otra partida de más de 100 millones de pesos.
El cuestionado financiamiento había sido aprobado por el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. A través de la resolución 806, del 27 de diciembre de 2007, el recaudador de la campaña K liberó los 48 millones de pesos que se repartieron discrecionalmente.

Desde entonces sólo las obras sociales de los camioneros y la de los empleados de comercio explicaron formalmente, aunque sin mayores detalles, cómo invirtieron el dinero. El resto no, pese a que así lo requería la resolución. Capaccioli tampoco hizo el reclamo pertinente.

El ex funcionario accedió al manejo de los subsidios gracias a una reasignación presupuestaria dispuesta por el Poder Ejecutivo en el último año de gestión de Néstor Kirchner. Esa excepcionalidad despertó la misma sospecha que el criterio con el que se distribuyó el dinero: ¿por qué la obra social de los locutores recibió 478 pesos por afiliado y la de sanidad 1,90? Nadie pudo explicarlo.

El año pasado, Capaccioli fue desplazado de su cargo en medio de denuncias por manejos irregulares de fondos y presunta participación en la mafia de los medicamentos. Entre los que participaron de la embestida –que tiene su capítulo judicial– figuró la propia Ocaña.

No obstante, la CGT volvió a la carga esta semana para reclamarle a la ministra la asignación de los más de 100 millones de pesos que debían completar el financiamiento de la Campaña de Prevención de Enfermedades.

Los sindicalistas pidieron expresamente que se volviera a conformar la comisión de asesoramiento que avaló la distribución de los 48 millones de pesos. En ese ámbito se reunían los dirigentes de los gremios de ceramistas, peones de taxi, gas, publicidad, televisión y obras sanitarias con los representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Sin embargo, Juan Rinaldi, quien a fin del año pasado sucedió a Capacciolli en el cargo, firmó otra resolución en la que dejó sin efecto el subsidio y se desactivó la comisión.

El texto del funcionario, avalado por Ocaña, es categórico con respecto a las irregularidades cometidas por Capaccioli. Éstos son los tramos más salientes:

“La política de subsidios no está contemplada dentro de los objetivos denunciados por el decreto Nº 1615/96 de creación de esta superintendencia por lo que, sin perjuicio de la autorización concedida mediante la decisión administrativa Nº 434/07, este organismo asumió funciones que no le son propias”.

“Que no obstante los beneficios que arrojan los programas de prevención, el financiamiento de los mismos debe canalizarse a través del organismo creado a tal fin”.

“Que esta superintendencia, como ente de supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el sistema nacional del seguro de salud, no es el organismo encargado de subsidiar los planes y programas de prevención”.

Por es misma resolución, Rinaldi dispuso que el área jurídica de la superintendencia intervenga en las investigaciones y encargó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que inicie una auditoría interna.

Si lo de Rinaldi y Ocaña no se trata de una mera puesta en escena, las obras sociales deberán demostrar a la brevedad que los 48 millones de pesos se utilizaron en la Campaña de Prevención de Enfermedades; en caso contrario, serán denunciadas judicialmente.
*FUENTE: Crítica de la Argentina – 01/02/2009

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Cristóbal López pone $7 millones y es el nuevo dueño de Paraná Metal *

Por Mariano Martín*
El empresario amigo del Gobierno entró en la fábrica de Villa Constitución y se destrabó el conflicto. Se beneficia con el ajuste pactado con Trabajo. Está en la actividad del juego y del petróleo y ahora, en una autopartista.
Tal como anticipó este diario en su edición del miércoles último, el empresario K Cristóbal López tomó las riendas de la autopartista Paraná Metal, de Villa Constitución. Su primera intervención será pagar el jueves próximo $7 millones para saldar la deuda salarial que la firma mantiene con sus operarios. El zar del juego acordó una opción de compra por la totalidad del capital accionario en un plazo de 180 días. López avanzó en la compra de la autopartista a instancias de un pedido hecho por el ex presidente Néstor Kirchner, con quien mantiene una relación de años.

El dueño de Casino Club y la energética Oil M&S iniciará una auditoría hasta el 30 de junio, luego de lo cual presentará una oferta para adquirir todo el paquete accionario. Con una deuda de $50 millones, Paraná Metal entró en concurso de acreedores a fin de año, dejó de operar y anunció el despido de sus casi 1.300 empleados.

El arribo de Cristóbal López se concretó luego de un ajuste pactado entre el Gobierno, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los representantes de los trabajadores. A cambio de una garantía de estabilidad por un año, el acuerdo dispuso un congelamiento salarial hasta marzo de 2010 y suspensiones rotativas para el personal con el pago del 70% de sus sueldos. También se mantendrá durante todo el año el subsidio de $600 que el Ministerio de Trabajo aporta en la actualidad por cada operario para complementar los ingresos totales. Y se reducirá el costo de los aportes patronales.

El entendimiento, que se había firmado el fin de semana pasado, estuvo a punto de romperse el lunes, cuando la empresa comunicó que no planeaba depositar los sueldos adeudados: el aguinaldo, una quincena de diciembre y el monto por vacaciones. Al día siguiente se firmó un acuerdo complementario por el cual los directivos de Paraná Metal se comprometieron a pagar hoy en efectivo $1.500 a cada trabajador a cuenta de los sueldos de febrero, y a saldar el jueves próximo la deuda. Una vez concretado el pago de hoy se prevé la reanudación de tareas en la autopartista.

La liquidación de la deuda será el primer paso concreto de López en la compañía. Con el ajuste en marcha aportará los 7 millones de pesos en efectivo y quedará sellada la virtual sociedad que el zar del juego establecerá con el Estado, que entre subsidios y condonación de aportes se calcula que inyectará al menos 30 millones de pesos en el año. En el entorno de Cristóbal López dijeron que el arribo a la autopartista no representa necesariamente que el empresario hará más inversiones en el sector, sino que de momento seguirá su expansión en otros rubros.

El ejecutivo cuenta en su grupo con 11 casinos, 13 salas de máquinas tragamonedas, y dos grandes centros de entretenimientos y juegos de azar en ejecución en Rosario y Ushuaia; la petrolera M&S, con plantas en la Argentina y Brasil; la firma de recolección de residuos Clear; la productora de aceite de oliva Indalo; las concesionarias en la Patagonia de Toyota y Scania, y un establecimiento dedicado a la exportación de corderos patagónicos, entre otros negocios. También tiene participación accionaria en el Casino Flotante de Puerto Madero y en el Hipódromo de Palermo.

En los próximos días reunirá todas sus compañías, a excepción del Casino Flotante y el hipódromo, bajo la denominación “Grupo Indalo”, un consorcio que emplea más de 12 mil personas, explicaron cerca de López.

En la actualidad, Paraná Metal es manejada por dos sociedades anónimas (Mansud, con el 76% de las acciones, y CLFG, con el resto) integradas por mayoría de ex directivos de Acindar. En el proceso de auditoría la jefatura de la empresa estará a cargo de Carlos Leone, otro ex Acindar que capitaneó las negociaciones de las últimas semanas en el Ministerio de Trabajo.

En diálogo con este diario, Leone confirmó los términos del acuerdo: “Se trata de una opción de compra abierta por parte de M&S Inversiones (otro brazo del grupo económico de López) sobre el 100% de las acciones de Paraná Metal. La compra se va a efectivizar luego de que se haga una auditoría a satisfacción del inversor, lo que debería estar listo antes del 30 de junio”, detalló. El directivo evitó hacer una valuación de la compañía y sólo confirmó que mantiene una deuda estimada en 50 millones de pesos.

A partir de 2003, cuando Ford vendió Paraná Metal a sus actuales controlantes, la autopartista entró en un proceso de deterioro que se agravó velozmente con la crisis financiera internacional.

Leone explicó que en los últimos meses la facturación bajó a la mitad. Mientras en octubre ingresaron 4,5 millones de dólares, este mes el monto bajó a menos de la mitad. Y de una producción promedio de 4.000 toneladas, en febrero se estima llegar a menos de 2.000 toneladas. El directivo reconoció que antes de la propuesta de López los accionistas intentaron abordar a otros siete inversionistas, sin éxito.

La problemática laboral en Paraná Metal pasó a convertirse en una cuestión de Estado por ser una de las primeras compañías en anunciar despidos masivos. De hecho, la primera intervención estuvo a cargo de la Secretaría de Trabajo de Santa Fe, pero la falta de avances en las negociaciones obligó a trasladar el debate a Buenos Aires, en la cartera laboral nacional. La cúpula de la UOM, con Antonio Caló a la cabeza, participó en todas las negociaciones, junto a la filial Villa Constitución del gremio, que conduce el opositor Alberto Piccinini, y la comisión interna de la fábrica.

*FUENTE: Crítica de la Argentina – 30/01/2009

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La Coalición Cívica amplía una denuncia contra Kirchner*

Cuando el primer día de febrero los tribunales de Comodoro Py abran sus puertas, el ex presidente Néstor Kirchner tendrá varios folios más con su nombre. Es que, a la investigación en su contra por presunta asociación ilícita que iniciaron dos diputados de la Coalición Cívica por sobreprecios en obras eléctricas realizadas en la Patagonia, se le sumará una ampliación.
Los diputados Juan Carlos Morán y Adrián Pérez, que realizaron la denuncia por primera vez en junio de 2008, se presentarán ante la justicia nuevamente para agregar al pedido de investigación el escándalo que se desató en la Auditoria General de la Nación (AGN) como consecuencia de un informe que confirmaba la acusación de la CC: el pago de 150 millones de pesos de sobreprecio para la construcción de un tendido eléctrico entre Puerto Madryn y Pico Truncado. Comentarios: (00)

Según consigna el diario Ámbito financiero, Elisa Carrió aseguró que la denuncia será la punta del iceberg para alcanzar la revelación de una presunta estructura fraudulenta realizada alrededor de las obras públicas y más puntualmente relacionadas a la energía. Hasta el momento, además del titular del PJ, la denuncia incluye al Ministro de Obras Públicas, Julio de Vido, y al secretario de Energía, Daniel Cameron.
Además de incluir el episodio de la AGN, el texto que presentarán Morán y Pérez pedirá al juez a cargo del caso, Julián Ercolini, que investigue si para la obra denunciada se utilizó el Fondo Eléctrico de la Provincia de Santa Cruz.
*FUENTE: perfil.com – 29/01/2009

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Denuncian más pagos irregulares desde el Ministerio de Economía y se complica la causa por los $ 54 millones*

La denuncia que hizo el fiscal Manuel Garrido por un supuesto pago ilícito por $54 millones del ministerio de Economía al grupo de aseguradoras Accolade Pool tiene nuevas matices. Según informa hoy el diario Ámbito Financiero hubo un caso similar en marzo de 2001 y con los mismos beneficiados.
Aquel año la empresa Astilleros Mestrina cobró un reclamo por la construcción del buque Navenor. El pago que salió desde el Ministerio de Economía fue sólo en parte a Mestrina. El resto fue cedido a Donatel SA, empresa uruguaya vinculada al presunto cobro fraudulento de las aseguradoras en 2007.

Astilleros Mestrina demandó al Estado por más de $5 millones por una construcción realizada en 1981. Veinte años después, la Dirección General de Administración y la Dirección de Entes Liquidados viabilizaron el desembolso que fue en gran parte para Donatel SA. El apoderado de Mestrina cuando se realizó el pago fue Walter Oscar Bonavera, uno de los imputados en la denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por el presunto desembolso de $54 millones, según consignó Ámbito.

Todos juntos. Bonavera actuó como apoderado de la empresa Aquamarine en el pago de los $54 millones realizado en 2007. Por su parte, Jorge Enrique Rodríguez fue designado apoderado de Donatel, implicada en ambos casos. Rodríguez recibió más de $9 millones de pesos en su cuenta cuando Juan Cayetano Intelisano firmó la resolución Nº 200 desde el ministerio y aprobó el desembolso.

Según información publicada por el matutino, Bonavera también tendría un vínculo familiar con el croata Iván Holjevac, dueño del Hotel Las Cumbres y principal beneficiado en el pago de 2007. Bonavera además era amigo y padrino de la hija de Luis Tarzia, procesado en la causa de la efedrina y fallecido el 1 de enero de este año.

Ponele la firma. El desembolso a Mestrina habría sido aprobado por el entonces subsecretario de Administración Patrimonial, Andrés Troha. En el área ya trabaja junto a él, Juan Intelisano, firmante del desembolso realizado por parte del Estado al grupo de aseguradoras y Yolanda Eggink, vinculada al caso Grecco, de similar maniobra.

La misma metodología. Hace 2 años, las siete empresas demandantes agrupadas bajo la denominación Accolade Pool, acusaban que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) tenía contratos incumplidos de reaseguro, celebrados en el exterior entre 1977 y 1982. En base a esto le reclamaron durante años al Estado el pago de esa deuda, de dudosa legitimidad. La cabeza visible del pool fue, desde el comienzo, Iván Holjevac.
*FUENTE: perfil.com – 26/01/2009

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Julio Vitobello, sindico k: El administrador de los superpoderes de Alberto Fernández ahora dirige la SIGEN *

Por Fernando Oz*
Las jugosas partidas que manejaba el jefe de Gabinete serán controladas por la misma persona que estaba a cargo de la Coordinación y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete. El nuevo jefe de la estratégica Sindicatura General de la Nación también fiscalizará las finanzas del Congreso y del Poder Judicial. Aseguran que desde el organismo de control se ejercerá una “medicina preventiva para mejorar la gestión”.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) estará bajo la mirada del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Así lo decidió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al nombrar a Julio Vitobello como titular del organismo encargado de realizar los controles internos de la administración central del Estado.


El flamante jefe de los síndicos –calificado como un fiel albertista– tendrá un rol extra y casi primordial en el Gobierno: deberá controlar las finanzas del Congreso y de la Justicia. Estas nuevas atribuciones fueron el resultado de otro de los gestos que tuvo Néstor Kirchner antes de entregar el bastón de mando a su esposa. A través del Decreto 1344/07, el ex presidente consideró que tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo “están incluidos en la Administración Central” y en consecuencia están al alcance de los controles de la SIGEN.
Una de las firmas que figuran en el polémico decreto es la del ministro Fernández, que en ese momento era el jefe directo del actual titular de la SIGEN. Vitobello se desempeñó hasta el viernes como subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria de la jefatura de Gabinete.
Las ONG Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) lanzaron duras críticas sobre el decreto. “Esta es una situación sumamente peligrosa para la salud de las instituciones de la República por lo que se solicita la inmediata rectificación de las normas cuestionadas”, destacaron las organizaciones en un comunicado donde aclaran que la SIGEN sólo puede auditar y monitorear las dependencias del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, allegados a Vitobello aseguraron a PERFIL que “el decreto fue mal interpretado” y que el control de los otros dos poderes los va a seguir haciendo la Auditoria General de la Nación (AGN).
Un albertista puro le restó importancia al nombramiento de Vitobello. “Acá lo que se hizo fue cambiar figurita por figurita, no hay ninguna otra interpretación posible”, explicó a PERFIL. El ex titular de la SIGEN, Claudio Moroni, que asumió frente al ANSES, también es un hombre de Fernández.
Como abogado, Vitobello fue asesor de la Comisión Nacional de Valores durante la gestión del ex presidente Carlos Menem. En el 2000 formó parte de la lista de candidatos a la Legislatura porteña, y bajo la misma sábana de los cavallistas de Acción por la República se tapó junto a Alberto Fernández.
“El que lo puso en la lista a Vitobello fue Alberto Iribarne”, que en aquel tiempo compartía junto a Fernández la vocación por el duhaldismo. Tanto Vitobello como el jefe de Gabinete fueron de los primeros en ocupar espacio dentro del Grupo Calafate.
La idea de Vitobello es ejercer la “medicina preventiva para mejorar la gestión”. Por el momento no habrá cambios profundos dentro de la estructura de la SIGEN.
Sólo dos cosas ya tienen en claro desde el albertismo: la primera de ellas es que tras la renuncia de Alessandra Minnicelli, esposa del ministro de Planificación Julio De Vido, al cargo de Síndica General Adjunta de la SIGEN, el organismo será un bastión de Fernández. El segunda, es que el nuevo jefe de la Sindicatura no podrá cuestionar si hubo o no desmanejos en las partidas del presupuesto que, con los superpoderes, manejaba el jefe de Gabinete. El dato es lógico: Vitobello era el encargado de afinar el redireccionamiento de las partidas.
De Menem a Cavallo, y al Calafate
Vitobello, abogado egresado de la UBA, siempre hizo culto al fajo perfil y supo mantenerse bajo el sol del poder. Fue empleado del Poder Judicial en épocas de Raúl Alfonsín, y cuando llegó Carlos Menem a la presidencia se acomodó en la Comisión Nacional de Valores.
Del ’92 al ’93 fue asesor de las comisiones de Industria y Asuntos municipales de la Cámara baja. Desde julio de 1994 hasta diciembre de 1998 ocupó diferentes cargos dentro del Ministerio del Interior, hasta llegó a ser jefe de Gabinete de esa cartera. Integró junto a Alberto Fernández la lista de candidatos a legisladores para la Ciudad de Buenos Aires que presentó el cavallismo. En la Legislatura presidió la comisión de Transporte.
u Con la llegada de los vientos del sur, el entonces diputado porteño se integró al Grupo Calafate. Cuando finalizó su mandato como legislador, Fernández lo sumó a su staff como subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria de la jefatura de Gabinete.
*FUENTE: perfil.com – 24/01/2009

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PLATA DULCE: El Gobierno aumentará los subsidios al transporte en $770 millones *

Por Damián Glanz.*
Las empresas de transporte recibirán 6.200 millones de pesos en 2009. El monto de las subvenciones equivale este año a la mitad de lo recibido entre 2004 y 2008. Metrovías: por cada pasaje vendido el Estado aportará $2,03.
El tarifazo en el transporte no derivará en una reducción de los subsidios a las empresas del sector, algo que había sido prometido por el Gobierno al anunciar los aumentos en colectivos urbanos, subtes y trenes. Apenas un día después de que el ministro de Planificación, Julio De Vido, firmara los incrementos tarifarios de hasta el 30 por ciento, se distribuyó la pauta anual de compensación estatal para las firmas concesionarias. En ella se contempla un aumento del 13 por ciento sobre el monto que se ejecutó entre enero y diciembre de 2008. Son 6.700 millones de pesos en total, la cifra récord en subsidios de toda la era K. Ahora, curiosamente, la Casa Rosada dice que no pretendía “reducir” las compensaciones, sino “congelarlas”.

El multidenunciado secretario de Transporte, Ricardo Jaime, defendió la semana pasada los aumentos tarifarios: “No ha habido otro Gobierno que hiciera tanto esfuerzo fiscal como éste y el anterior. Es la segunda actualización tarifaria en seis años de mandato”. Y explicó que las subas apuntaban a reducir en 800 millones de pesos los subsidios con la finalidad de mejorar el frente fiscal para este año. Pero lejos de ahorrar esos 800 millones, de acuerdo a la pauta oficial a la que tuvo acceso Crítica de la Argentina, el Ejecutivo prevé distribuir más de 770 millones de pesos adicionales entre las concesionarias, a pesar del profundo deterioro que se observa en los servicios y el atraso en los planes de inversión que las empresas deberían afrontar.

PASO A PASO. El pasado 8 de enero, el ministro De Vido firmó la resolución 13/2009 que estableció el tarifazo. Al día siguiente, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, rubricó la Decisión Administrativa Nº 2/2009 que distribuyó las partidas presupuestarias para este año entre las distintas áreas del Gobierno. En la asignación de fondos del Ministerio de Planificación figura la partida para “formulación y ejecución de políticas del transporte” –eufemismo con que el Gobierno se refiere a los subsidios– por 6.722 millones de pesos. De ese total, 2.984 millones irán a las empresas de transporte automotor. El resto, 3.737 millones, para el sector ferroviario. En 2008, las operadoras del subte, los trenes y los colectivos urbanos habían recibido 5.952 millones de pesos. Es decir, 770 millones menos que lo que esperan embolsar este año.

Consultadas por este diario, fuentes de la Jefatura de Gabinete de Ministros intentaron explicar la contradicción. “El aumento de las tarifas es para no aumentar los subsidios, ya que subió el costo operativo de las empresas por las mejoras salariales. Lo que se busca es un congelamiento del gasto”, afirmaron oficialmente.

UN NEGOCIO SOBRE RUEDAS. Los subsidios estatales que reciben las compañías de transporte parecen ser uno de los muy escasos negocios que no resultan alcanzados por la crisis. A modo de ejemplo, es posible analizar el caso de los Subterráneos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, durante el 2008 usaron la red de subterráneos más de 285 millones de pasajeros. Debían ser 201 millones de pesos, si se los convertía en Subtepass vendidos a la antigua tarifa de 70 centavos. Pero gracias al aumento de 0,20 pesos que le otorgó el Gobierno, Metrovías (del grupo Roggio) contabilizó desde el primer día del año pasado casi 60 millones más. Sin embargo, una vez más, tarifas más altas no fueron equivalentes a subsidios mas bajos. El 7 de julio del año pasado, Alberto Fernández amplió el presupuesto para los subsidios en 360 millones de pesos. De ese total, 40 millones de pesos fueron a Metrovías. Y el 15 de septiembre, la presidenta Cristina Fernández emitió el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de su gestión para ampliar el presupuesto y destinó casi 1.880 millones de pesos más como subsidios a la caja del transporte. De ese monto, Metrovías recibió 85,4 millones de pesos. La concesionaria de la red de subterráneos terminó 2008 con un ingreso de 482 millones de pesos proveniente de “compensaciones tarifarias”.

Según figura en la Decisión Administrativa Nº 2 de 2009, que lleva la firma de Massa, de los 6.700 millones de pesos previstos para subsidios, Metrovías recibirá en el presente período 586 millones de pesos. Si se mantiene el mismo caudal de pasajeros del año anterior, por cada boleto que se venda, el Estado aportará $ 2,03, un 20 por ciento más.

SUPERPODERES. En el presupuesto para 2008, la cuenta para los subsidios era de 4.200 millones de pesos. Pero al finalizar diciembre, las transferencias las empresas de transporte público sumaron casi 6.000 millones de pesos, es decir que se ejecutó casi el doble de lo que el Gobierno prometió gastar. El incumplimiento de esa promesa está ligado a la inobservancia de otro juramento presidencial: la “calidad institucional” del segundo mandato pingüino. El aumento del 42 por ciento de los subsidios durante 2008 se realizó a través de un DNU presidencial y de dos Decisiones Administrativas del jefe de Gabinete (una de Alberto Fernández y otra de su sucesor, Sergio Massa) que apelaron a los superpoderes delegados por el oficialismo del Congreso.
*FUENTE: Crítica de la Argentina – (19/01/2009)

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Un ejemplo de movilidad social ascendnte: El ex chofer de kirchner compró una casa en san isidro por u$s700 mil*

Por Luciana Geuna y Jessica Bossi*
En octubre de 2008, Fernando Rudy Ulloa Igor tocó el timbre de la mansión en Clemente Onelli 448, en las lomas de San Isidro. Traía a sus hijos menores de la mano. Rudy, que empezó su ascenso laboral como chofer de Néstor Kirchner en Río Gallegos, llegó hasta la puerta de la casa para comprarla. Y así lo hizo. Rudy, el hombre que siempre estuvo, el casi hijo adoptivo del matrimonio presidencial, que hace treinta años vino desde Chile con su familia y sin un peso, que compró su primera propiedad recién en 2005. En una operación en efectivo, entregó $2.400.000 y se mudó, junto a toda su familia, a una casa con piscina que ocupa la mitad de la cuadra y está ubicada a pocos metros del ingreso al Jockey Club, en una de las zonas más exclusivas del corredor norte bonaerense.

Rudy se acercó a la casa después de leer el diario. La vio en los avisos clasificados y un sábado fue a conocerla. Es una mansión blanca y nueva protegida por un portón negro que tapa su fachada. El vendedor era un empresario de pisos para industria que había encargado a su arquitecto que la construya copiándola de una revista de decoración. Cuando Rudy la vio, se enamoró. A su esposa, Jessica Uliarte, le pasó lo mismo. Querían vivir ahí. Pero antes de cerrar la operación, según contaron personas que participaron del proceso de compraventa, Rudy pidió respetar el precio de venta pero pagar el 50% en blanco y el 50% en negro. El dueño se negó. A los pocos días, Rudy lo llamó y le dijo que no había problema, que entregaría los 700 mil dólares que el vendedor pedía por su casa. La cifra era un exceso. Inmobiliarias de la zona reconocieron a este diario que Rudy pagó cara su nueva propiedad: “Por ese precio, se puede conseguir algo con mucho más parque”, explicaron. Rudy perdió muchos metros cuadrados de jardín por la enorme pileta que atraviesa todo lo ancho del terreno en el fondo de la casa.

La compra fue el último gesto del imparable ascenso social de Rudy Ulloa. Su calidad de vida, en los últimos cinco años de gestión kirchnerista, subió sin disimulo. En la puerta y en la cochera de la residencia hay estacionados tres autos. Un jeep Grand Cherokee modelo 2007 a nombre de Cielo S.A., una de sus empresas, un Ford Focus Guia azul propiedad de su esposa y un Volswagen Gol comprado en 2008 que pertenece a su hijo, Máximo Ulloa. Además, Rudy tiene otros tres autos a su nombre, todos comprados el año pasado: un Renault Kangoo, una pick up Ford Ranger y un Peugeot 307 XS Premium. Su nuevo estilo de vida también le permite viajes por el mundo. Hoy, el ex chofer de Kirchner se enterará de esta notaen México, adonde viajó junto a su esposa e hijos para pasar las vacaciones de verano. Su crecimiento económico tuvo un aliado incondicional: Néstor Kirchner, el hombre con quien comparte las fiestas de Navidad, Año Nuevo y, muchas veces, las vacaciones. Un beneficio único en el entorno presidencial. Rudy nació el 1 de abril de 1960, en Puerto Natales, Chile, y llegó a Río Gallegos arrastrado por las necesidades económicas de su familia. Su mamá Omnia y su padrastro José Sánchez buscaban un destino mejor y creían que lo encontrarían en esas tierras de viento y polvo en las que se estaban instalando cientos de chilenos para trabajar en las minas de carbón y en las obras de construcción. Como la mayoría de los inmigrantes, a Rudy le tocó el barrio El Carmen y una infancia difícil: a los diez años salió a trabajar y vendió helados, lustró zapatos, fue empleado de la sandwichería El Galleguense, donde lo mandaban, canastita en mano, a repartir sándwiches por todos los ministerios. En esa época también ganó unos pesos como canillita del diario La Opinión Austral y ya tenía una melena enrulada que aún hoy lo asemeja a Maradona en el Mundial 86.

Su acercamiento a los Kirchner le cambió la vida. Cuando en 1976 el matrimonio de Néstor y Cristina se dedicó a hacer plata con la compra de inmuebles a bajo costo, Rudy se volvió su cadete multifunción en el estudio jurídico. Como Kirchner nunca supo conducir, Rudy pasó a ser su chofer. En 1987, cuando Néstor asumió la intendencia de Río Gallegos, lo llevó como secretario privado aunque mantenía su cargo de chofer al mando de un Renault 9 color rojo que recorría las calles de Río Gallegos llevando al nuevo intendente. Rudy también se convirtió en un puntero político imprescindible. En sus comienzos lo hizo desde el barrio donde se crió. En El Carmen, la provincia instaló un centro comunitario que tuvo su apogeo en los 90 cuando K ya era gobernador: desde ahí se canalizaba la ayuda social que aportaba el Estado provincial. Ahí mismo dio su primer paso como empresario de medios, la ocupación con que se presenta en estos días. En el centro comunitario empezó a funcionar, primero como cooperativa, la FM Estación del Carmen. Cuando Kirchner todavía gobernaba la provincia, Rudy seguía con la radio y en 2001 inauguró El Periódico Austral, de distribución gratuita. Con la llegada de Néstor a la Casa Rosada, sus emprendimientos se convirtieron en un multimedio que incluye dos frecuencias más de radio en El Calafate y Caleta Olivia y la administración de los canales 2 y 10, que explota a través de sus productoras Sky y El Cielo. Los ingresos de todas estas sociedades se dispararon desde 2005 con el beneficio de la pauta oficial. Hasta 2005, Rudy no tiene ninguna casa registrada a su nombre y hasta 2003 estaba ins c r ipto en l a AFIP con ingresos menores a los 15 mil pesos anuales. En una situación financiera similar estaba también su esposa, Jessica Ul iar te, una maestra jardinera cordobesa, rubia y llamativa, con quien tuvo dos hijos y muchos negocios en común: ella aparece como titular y presidente de la mayoría de las empresas que pertenecen a Rudy. Juntos están viviendo un increíble ascenso social al amparo del poder kirchnerista.
*FUENTE: Crítica de la Argentina – 18/01/2009

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RESOLUCIÓN DEL BANCO CENTRAL: LUPA SOBRE FUNCIONARIOS POR EL LAVADO DE DINERO*

Por Claudio Zlotnik.*
Los bancos están obligados a informar operaciones por más de $30 mil de quienes desempeñen cargos públicos y familia.

Máximo. Entre quienes tienen padres funcionarios, el hijo de los Kirchner es uno de los que quedarán bajo la atenta vigilancia de las entidades financieras

El Banco Central puso bajo la lupa a los funcionarios, y a sus familiares directos, para prevenir operaciones de lavado de dinero. Para ellos, la apertura de una cuenta bancaria o la colocación de un plazo fijo dejó de ser un trámite común. De ahora en más, cuando abran una cuenta o depositen más de 30 mil pesos, el banco les pedirá que firmen una declaración jurada que deje constancia sobre la procedencia del dinero.

Las entidades financieras están autorizadas a tomar los recaudos que sean necesarios para evitar la filtración de ilícitos. Y tendrán que informar inmediatamente si se constata una irregularidad. La norma de la autoridad monetaria, en línea con lo que pasa en el ámbito internacional, deja en claro la clara exposición de los funcionarios y de sus íntimos a la “plata sucia”.

En la lista de exposición al riesgo de cometer ilícitos se menciona a funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales y de la ciudad de Buenos Aires. E incluye a sus familiares de hasta segundo grado (hijos, cónyuges, hermanos). Todos ellos están obligados a firmar una declaración jurada justificando el dinero que mueven en el sistema financiero. Para el Banco Central son “personas expuestas políticamente”.

La imposición figura en dos comunicaciones de la autoridad monetaria: la “A” 4835 y la “A” 4895, con fecha del último viernes. Ambas están en línea con lo que existe en el ámbito internacional a través de las normas y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución especializada en el tema de lavado de dinero.

La lupa oficial no sólo recaerá sobre los actuales funcionarios y familiares sino también sobre aquellos que hayan estado en la función pública en los dos últimos años. Por lo tanto, por ahora quedan incluidos los funcionarios de la administración de Cristina Fernández y también buena parte del elenco que acompañó a Néstor hasta el final de sus días en la Casa Rosada.

Los bancos están obligados a “efectuar consultas a sistemas de información u otras fuentes públicas que provean de información sobre personas expuestas políticamente”. Las operaciones sospechadas de irregulares tendrán que informarse a la Unidad de Información Financiera (UIF).

En un principio se había puesto al 1 de enero como la fecha en que debía arrancar el nuevo sistema, pero finalmente empezará noventa días más tarde.

Las operaciones financieras que quedan en la mira son los depósitos en efectivo, tanto en cuentas a la vista como en plazos fijos. Para que no haya reclamos, toda la información se guardará durante cinco años.

Cada entidad financiera, además, tiene la obligación de formar un comité especializado en el tema lavado de dinero. Por lo menos un integrante de esa mesa debe formar parte, además, del directorio del banco.

Por la Ley de Ética Pública, la disposición del Central arranca con el presidente de la Nación y sus ministros y llega hasta rangos en el Congreso y en el Poder Judicial.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital / Impresa) – 14/01/2009

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Plata Sucia II: el Gobierno no quiere que le pregunten más por el croata *

Por Diego Genoud y Luciana Geuna *
En el caso del pago irregular de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras extranjeras, el Gobierno nacional volverá a argumentar –como lo ha hecho en otras oportunidades– que funcionarios de la administración K denunciaron el ilícito apenas lo detectaron. Pero esta vez no será fácil sostenerlo. Tan cierto que la investigación se originó en un sumario administrativo que abrió el propio Ministerio de Economía es que el Poder Ejecutivo desistió de presentar una denuncia penal cuando descubrió la maniobra, como que el principal responsable, Juan Cayetano Intelisano, aún conserva su puesto en el Poder Ejecutivo y que el dinero nunca regresó.

El fraude que acaba de denunciar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, de Manuel Garrido, fue llevado adelante por un grupo de funcionarios de segunda línea que ya había actuado en el llamado Caso Greco –cuando el Gobierno estuvo a punto de pagar 500 millones de pesos sin justificación–, pero la información sobre el escandaloso desembolso al consorcio Accolade Pool escaló rápido hasta la cúspide del poder central.

El caso preocupó tanto que Alberto Fernández se ocupó personalmente del tema a través de su amigo Fabián Musso. Musso conoce al ex jefe de Gabinete desde hace treinta años y es además abogado del Estudio del procurador general de la Nación, Esteban Righi. Enviado por Fernández, recomendó con insistencia al entonces secretario Legal y Técnico del ministerio, Eduardo Prina, que se limitara a informar a la FIA. Su influencia se trasluce en un párrafo del expediente: “El (director de asuntos jurídicos) Dr. Diez entendió que no existían certezas suficientes para determinar el conocimiento del vicio por parte de los ‘acreedores’, señalando además que se había dado noticia de estos hechos tanto a la Unidad de Información Financiera (UIF) –por el lavado de dinero– como a esta FIA, razones por la cual eventualmente estos organismos podían efectuar una denuncia penal autónomamente”.

“Fue un hecho vergonzoso pero nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. Yo le dije a Peirano que removiera a Intelisano porque se había autoaprobado el pago. Además, el tema de los seguros lo conozco bien”, reconoció ayer a este diario el ex jefe de Gabinete.

Alberto Fernández debutó como funcionario en 1989, justamente en el rubro de los seguros. Fue designado por la administración Menem como superintendente de Seguros de la Nación y llegó a ser presidente de la Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina. El ex titular de la AFIP, Claudio Moroni, fue su mano derecha en todo ese período y lo sucedió en el cargo a partir de 1995. Más tarde, Fernández desarrolló el grupo de empresas del BAPRO y puso en marcha a Provincia ART y Provincia Seguros.

El nombre de Moroni figura en la denuncia de Garrido: era titular de la SIGEN cuando Economía autorizó el pago de los 54 millones y tuvo una postura ambigua en el proceso. Consultado sobre la viabilidad del desembolso, en un primer momento no puso reparos. Recién cuando el secretario Prina fue advertido del pago que había ordenado su subordinado Intelisano, y de su sospechoso destinatario, Moroni reclamó una investigación urgente. El abogado del entonces titular de la SIGEN era precisamente Fabián Musso.

El reclamo de las siete empresas agrupadas en Accolade Pool a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro se habría originado en contratos incumplidos celebrados en el exterior entre 1977 y 1982. Pese a que las aseguradoras jamás mostraron los supuestos contratos, cobraron en efectivo y muchísimo más de lo que demandaban. Como informó ayer Crítica de la Argentina, la cabeza visible del pool fue Iván Holjevac, un croata que es dueño del hotel Las Cumbres en Punta del Este y solía presentarse como accionista del Conrad en esa ciudad. Holjevac aparece en el informe de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados.

En el caso Greco, sólo por intentar un pago fraudulento hubo renuncias en el Gobierno. En éste, en el que 54 millones de pesos se esfumaron y nunca volvieron, todos los funcionarios involucrados tienen un sumario administrativo, salvo Intelisano. Por la jerarquía de su cargo –director con funciones administrativas–, la instrucción de un sumario para él depende de un decreto del presidente en ejercicio. Hasta ahora, Cristina Fernández de Kirchner no lo firmó. Por eso el hombre que fue secretario de Hacienda de la dictadura militar en Esteban Echeverría y hoy es dueño de la tercera fortuna del Gobierno aún hace y deshace en el Ministerio de Economía.

El contador que todavía manda

Tras la denuncia de la FIA, en el Gobierno las miradas apuntan hacia Juan Intelisano, el hombre que maneja las finanzas del Ministerio de Economía desde hace 20 años. Fuentes oficiales remarcaron ayer a este diario que la administración K “inició un sumario administrativo, le pidió la renuncia a Intelisano (al cargo de subsecretario Legal) y presentó una acción para recuperar el monto que se transfirió”. Sin embargo, el funcionario que consumó el pago irregular de 54 millones de pesos es aún el director general de Administración de Economía. Intelisano tiene buen trato desde hace tiempo con el actual ministro, Carlos Fernández. En los meses de Martín Lousteau, el contador millonario había perdido influencia, pero la llegada de Fernández se la devolvió.

*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital / Impresa) – 12/01/2009

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Plata sucia: denuncian al Gobierno por un pago de 54 millones de pesos *

Por Luciana Geuna y Diego Genoud *
Pese a que existían dos fallos judiciales adversos, Néstor compensó -poco antes de dejar el poder a Cristina- a un hotelero croata por negocios durante la dictadura.
Pocos días antes de que Néstor Kirchner le ceda el poder a su esposa, el Ministerio de Economía pagó una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un grupo de empresas de seguros extranjeras ligadas a un croata acusado de lavado de dinero. La operación se concretó pese a que el reclamo había sido rechazado en primera y segunda instancia en la Justicia. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, acaba de denunciar la maniobra ante el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.

El factótum del pago fue Juan Cayetano Intelisano, un contador que maneja la administración del ministerio desde hace veinte años y era entonces subsecretario de Legal y Administrativa de la cartera. La declaración jurada que Intelisano presentó en la Oficina Anticorrupción en 2007 muestra que no es uno más: figura en el top five de los funcionarios más ricos del gabinete nacional, detrás del matrimonio Kirchner y Enrique Albistur.

La investigación se originó en un sumario administrativo que abrió el propio Ministerio de Economía, que conducía Miguel Peirano, después de realizado el pago. Sin embargo, el gobierno nacional desistió de presentar una denuncia penal cuando descubrió el ilícito. El caso llegó a preocupar tanto en lo más alto de la administración K que el propio ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se ocupó personalmente del tema a través de su amigo Fabián Musso, el abogado del Estudio Righi, al que conoce desde que eran estudiantes de Derecho.

Según las siete empresas demandantes, agrupadas bajo la denominación Accolade Pool, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) tenía contratos incumplidos de reaseguro, celebrados en el exterior entre 1977 y 1982. La cabeza visible del pool fue, desde el comienzo, Iván Holjevac, un empresario que es dueño del hotel Las Cumbres en Punta del Este y se presenta como uno de los propietarios del hotel Conrad en esa ciudad. Holjevac figura en el informe de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados.

Pese a que las aseguradoras jamás aportaron sus contratos, la suma que el Ministerio de Economía pagó superaba largamente su reclamo. En los cálculos de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, la suma del monto más los intereses daba un resultado final de $9.715.311,42. Sin embargo, a pesar de que dos fallos judiciales consideraban ilegítima esa demanda, el Estado argentino desembolsó $53.963.112 en efectivo. Por esta razón, la FIA afirma que “no puede descartarse como hipótesis que los acreedores hayan acordado por una suma menor quedando el resto como pago de comisión, indebida, por las gestiones de cobro. Un cohecho”.

Intelisano no estuvo solo en la maniobra. Contó con el respaldo de un grupo de funcionarios con los que había alcanzado un aceitado funcionamiento y con los que replicó una operatoria que ya se había puesto en marcha en el caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Entre los personajes que se repiten en ambos casos figuran el ex subsecretario legal del ministerio, Osvaldo Siseles, y la ex directora general de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink. Ambos están procesados por la justicia federal en la causa que involucra al grupo mendocino y fueron piezas clave en el engranaje que autorizó la cancelación de la deuda con Accolade Pool. En uno de sus dictámenes aprobatorios, Eggink –que fue eyectada a fines de 2006, tras el escándalo Greco– afirmó que las empresas demandantes resultaban “ser titulares de créditos firmes emergentes de sentencias que condenan a la CNAS y en consecuencia al Estado nacional”.

El expediente 22.654/96 entró al Ministerio de Economía en 1996, pero recién se movió a partir de 2003, con el kirchnerismo en el poder. En la demanda, dos grupos de empresas, Overseas Union Insurance Limited y otros y Universal Marine Insurance Company reclamaban la ejecución de una sentencia del Tribunal Comercial de Inglaterra contra la ex CNAS por contratos incumplidos por el cierre de la entidad. El reclamo, entonces, no llegaba a los cinco millones de pesos. En paralelo, los supuestos acreedores hicieron demandas judiciales que perdieron sin excepción: en el primer caso, el 29 de diciembre de 2003, un juez de primera instancia argentino dijo que “no se había logrado demostrar la competencia del juez inglés” y los demandantes apelaron. Dos años después, la Justicia volvió a negar la legalidad del reclamo. El caso había llegado a la Corte pero el máximo tribunal no tuvo que expedirse: de manera incomprensible el Ministerio de Economía decidió emitir el pago de contado. Unos días después, los acreedores desistieron del recurso ante la Corte. Dice Garrido en su presentación: “En el momento en que se decidió pagar, el Estado se encontraba en inmejorable posición para no hacerlo”.

El fraude que denuncia la FIA tuvo un avance fundamental en 2005, cuando los abogados volvieron a reclamar la deuda. Entonces la liquidación de la ex Caja estaba en manos del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (INDER), que a su vez dependía para la autorización de los pagos de la subsecretaría Legal de Siseles y de la Dirección de Asuntos Jurídicos a cargo de Eggink. En base a una nueva propuesta de los acreedores, la funcionaria firmó otro dictamen decisivo que omitió algunos datos que hubieran permitido al Estado negarse a pagar lo reclamado. Esto es, que nunca se presentaron copias de los contratos entre CNAS y el pool demandante, y que en el fallo del tribunal inglés no hay datos acerca del monto de los contratos. Entonces, el cálculo de la deuda –si se la considerase válida– apenas alcanzaba los diez millones de pesos. En junio de 2006, Eggink devolvió el expediente al área de Liquidaciones con una sorpresa: afirmó que se habían olvidado algunas actualizaciones y la suma ya llegaba a 41 millones de pesos. Un año después, un informe de la contadora Silvia Marchi, de coordinación de negocios en el exterior, llevó la suma hasta los $53.963.112 que, finalmente se abonaron en noviembre, con la firma de Intelisano. Era la resolución Nº 200 de la Subsecretaría de Legal y Administrativa.

Así lo describe Garrido: “Al contrario de lo que refleja la actuación judicial del Estado en este proceso, la actividad administrativa se dedicó, encabezada por el contador Intelisano, a saltar obstáculos, incluidos los que les señalaban otros organismos del Estado como la Procuración del Tesoro de la Nación, hasta conseguir su objetivo: pagar. Pagar a toda costa, contra viento y marea, contra decisiones judiciales y administrativas y en pugna con las más elementales razones de prudencia exigibles a un funcionario público ante una cuestión de tamaña importancia y magnitud”. Al día de hoy, Intelisano sigue ocupando su despacho en el séptimo piso del Ministerio de Economía.

UN REFUGIO EN LA CUEVA DE GUINEA.

En las maniobras de presunto lavado aparecen empresas vinculadas con la cueva financiera que funciona en el consulado de Guinea Bissau, revelada por este diario el 30 de noviembre pasado. En el sexto piso de 25 de Mayo 293 se cambian, en negro, siete millones de pesos en cheques por día. El negocio de sus dueños es doble: no sólo cobran la comisión por cambiar el cheque por efectivo sino que también agregan a los costos de sus clientes, el cobro del impuesto al cheque. Sin embargo, la “cueva” tiene registradas una red de sociedades exentas de ese impuesto. O sea, la plusvalía es muchísimo mayor que la mera comisión. Según la denuncia del fiscal Garrido, la plata del caso que se publica en estas paginas pasó por ahí. El depósito más grosero pagado por el Ministerio de Economía fue a parar a la cuenta de Jorge Pallavicino. Son casi 40 millones de pesos, transferidos en el mismo día a Finex Sociedad de Bolsa. Esa empresa está en blanco pero sus movimientos se cruzan constantemente con los de la cueva. Además, hasta 2007 compartía oficinas con el consulado. El depósito que recibió Darío Morresi fue derivado en cheques a una empresa llamada Avincor, que automáticamente distribuyó los fondos en distintas sociedades: dos de ellas, Pago Rural y Transportes del Alba, aparecen en el expediente judicial que investiga a las empresas que canalizarían la mayor parte del volumen de dinero de la cueva. El dinero finalmente, habría quedado en manos de Iván Holjevac, el croata mencionado en el informe de lavado de dinero del Congreso de la Nación.

LAS AVENTURAS DE IVÁN HOLJEVAC.

Las revistas y los suplementos de turismo presentan a Iván Holjevac como un arquitecto ecléctico y aventurero. Hablan de su padre dinamitero-constructor en los montes del Zillertal del Tirol y de la familia que formó en Buenos Aires y lo acompaña en cada uno de sus emprendimientos.

Este empresario hotelero que nació en Croacia hace 66 años es el dueño del imponente Hotel Las Cumbres de Punta del Este y al menos hasta 2005 solía presentarse también como accionista del Hotel Conrad de esa ciudad.

Pero los retratos sobre Holjevac omiten que su nombre apareció en el informe que la comisión investigadora de lavado de dinero de la Cámara de Diputados presentó en 2001: figura como cliente del estudio Vignoli-Laffitte-Lublinerman. Dice ese informe: “La Comisión recibió documentación probatoria de la rutina de funcionamiento regular entre los clientes argentinos y un estudio jurídico contable que vende primero y administra después –en Buenos Aires– sociedades anónimas uruguayas. Dicha documentación –comunicaciones internas del estudio Vignoli-Laffitte-Lublinerman– demuestra fehacientemente que mediante mecanismos de otorgamiento de poderes y delegación de funciones se monta en realidad una mecánica probablemente elusoria de los deberes fiscales de los ciudadanos argentinos”.

Él y su hijo Federico –también involucrado en la denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas– dieron la vuelta al mundo dos veces, cada uno en una camioneta Hummer.

Ahora, la justicia lo tiene nuevamente en la mira por un caso de lavado de dinero. La diferencia es que, esta vez, sobran datos sobre la ruta del dinero y la operatoria de traspaso entre distintas compañías que –según la FIA– terminan siempre en el arquitecto croata.

LA GIRA LOCA DE LA GUITA.

El escándalo no está solo en el pago de la 54 millones de pesos. También está en el cobro: Una vez depositado el dinero, los billetes se perdieron en decenas de operaciones bancarias que intentaron ocultar el verdadero destinatario: el croata Iván Holjevac.

Con esta información, los fiscales Manuel Garrido y Raúl Pleé denunciaron por lavado de dinero al empresario, a los representantes legales de las empresas acreedoras y a una cadena de sociedades fantasma.

En el momento en que el contador Juan Cayetano Intelisano firma la resolución Nº 200, el Ministerio de Economía deposita los 54 millones divididos en tres cuentas. $39.393.072,12 a nombre de Jorge Roberto Pallavicino, $9.173.729,12 a Jorge Enrique Rodríguez y $5.396.311,25 a Darío Alejandro Morresi, representantes de las sociedades que componían Accolade Pool, la demandante al Estado.

La maniobra tiene dos etapas: una fue previa al depósito. Accolade cedió el 27% de sus acreencias a Holjevac quien después cedió su parte a otros, que finalmente también remiten a él. Un ejemplo: Morresi, uno de los cobradores, que recibió cinco millones, es socio de Federico Lionel Holjevac, el hijo del empresario. Además, la mayoría de los involucrados fijó domicilio en las oficinas que el croata tiene en Alicia Moreau de Justo 1080.

Cuando finalmente los fondos fueron depositados en la cuentas, comenzó una operación a máxima velocidad. Pallavicino recibió su pago el 22 de noviembre y en un solo día, los transfirió a la cuenta corriente del Banco de Valores SA, que los derivó a su sede uruguaya que a su vez los transfirió a manos de otra sociedad de ese país que realizó operaciones de compra y venta de títulos que luego se vendieron para comprar dólares. Así, el 23 de noviembre, retiraron casi 40 millones en efectivo que ya se habían perdido en el sistema.

Morresi cobró el 4 de diciembre y ese mismo día libró cheques a nombre de la sociedad uruguaya Avincor SA quien a su vez endosó la plata en 36 cheques a siete sociedades distintas. La misma operatoria utilizó Rodríguez que cobró y endosó cheques a 7 sociedades, muchas de ellas vinculadas con una cueva financiera que está siendo investigada por la justicia penal tributaria (ver aparte). Los cobradores habría intentado –según la denuncia de Garrido– “otorgar una apariencia lícita a los fondos de origen espurio”.

EL TERCER HOMBRE MÁS RICO DEL PODER.

Juan Cayetano “Yani” Intelisano, el contador que se esmeró para cumplir con un pago irregular de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras extranjeras, es el dueño de la tercera fortuna del Gobierno, detrás del matrimonio Kirchner y del secretario de Medios, Enrique Albistur. Tiene 2.746.000 pesos, acumula cinco denuncias en su contra en la Oficina Anticorrupción (OA) y oculta un pasado como funcionario de la dictadura militar en Esteban Echeverría. Pese a que trabaja hace 39 años en la administración pública (a un sueldo promedio y a valores actuales de 8.000 pesos), en la cartera que hoy conduce Carlos Fernández afirman que su patrimonio tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años. La OA ya lo investiga por enriquecimiento ilícito. “Hace diez años, sus hijos iban a la escuela 37 de Monte Grande. Hoy está construyendo dúplex por todos lados”, asegura un dirigente del PJ bonaerense.

Intelisano admitió en su última declaración jurada como subsecretario, de 2006, que posee acciones en Acindar, Agrometal, Siderar, Aluar, Tenaria, Grupo Financiero Galicia, Molinos Río de la Plata, Petrobras Energía, Banco Francés y Pan American Energy. Es propietario de una camioneta Honda Accord y de un número ascendente de terrenos en Monte Grande, Bragado y Luis Guillón.

Yani tiene fueros: ganó por concurso el cargo de director general de Administración de Economía que hoy ejerce. Desde allí decide todas las licitaciones del ministerio, desde la limpieza del edificio hasta el abastecimiento del comedor, pasando por el cuidado de las plantas.

En 2006, el kirchnerismo premió a Intelisano: la ex ministra Felisa Miceli lo ascendió y lo convirtió en subsecretario, el escalafón desde el que consumó la maniobra que ahora investiga la Justicia. Cuando funcionarios del propio ministerio detectaron el pago irregular, Intelisano retornó a su cargo anterior de director a cambio de que el sumario interno que le habían iniciado quedara en el olvido.

Debutó en la función pública en abril de 1970, sobre el final de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Años más tarde actuó como la mano derecha de Alberto Groppi, el ex intendente que entre 1979 y 1983 gobernó el partido de Esteban Echeverría. En ese período, Intelisano fue su secretario de Hacienda. Ya en democracia, Groppi fue electo jefe comunal en dos oportunidades y su amigo de la infancia volvió al poder. Pese a que no tenía cargo, conservaba un despacho pegado al de Groppi y una cochera en el edificio de la comuna. “Saquearon el municipio”, le dijo a Crítica de la Argentina el actual intendente, Fernando Gray, quien afirma además que tanto Intelisano como su amigo tenían relaciones con el general Ramón Camps, bajo cuya jurisdicción estaba ese partido del sur del conurbano bonaerense.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital) – 11/01/2009

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