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En el diario “La Nación”, del 17/02/2009 (de Argentina), tanto en su versión digital como impresa, fue publicada una nota de reflexión y análisis sobre la situación institucional del país y, más precisamente, sobre las consecuencias prácticas que surgen cuando se quiere conjugar dos conceptos literalmente contradictorios y absolutamente incompatibles entre sí: Democracia y Corrupción.
La mencionada nota, cuyo título es exactamente el mismo que antecede (“Con corrupción no hay democracia”), fue escrita por José Miguel Onaindia, en el mencionado diario.
¿De quién se trata?
Bueno. Es un abogado, de unos cincuenta y tanto de años, con una larga y rica trayectoria, actualmente profesor de Derecho Constitucional y de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires; y docente en otras universidades públicas y privadas.
Anteriormente, sobre los años 2000/2001, fue director del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes visuales). Después, entre otras cosas, fue Asesor de la Legislatura Porteña.
Quienes, con mucha sencillez y sin ánimo de lucro, hacemos ChacoMundo, bajo la consigna de ayudar a pensar a todo aquel que le interese la vida política e institucional del país; y por compartir los conceptos vertidos en la mencionada nota, transcribimos a continuación el texto completo de la misma, “entre comillas”, con el sólo objetivo de favorecer la reflexión de nuestros lectores, para agregar, al final, sólo algunos aportes de nuestros columnistas.
“El pasado 10 de diciembre se cumplieron veinticinco años de la asunción del gobierno de Raúl Alfonsín, que inauguró un cuarto de siglo sin interrupciones militares. Los argentinos recuperamos la costumbre de votar, luego de cinco décadas de gobiernos de facto, continuados por democracias débiles o autoritarismos de base electiva. Sin embargo, fue un aniversario sin gloria. En ese lapso histórico no pudimos establecer un sistema político con la calidad institucional necesaria para asegurar a los habitantes un ejercicio razonable de sus derechos humanos.
El restablecimiento del respeto de un orden jurídico difícilmente pueda lograrse si se elude la necesidad de rehabilitar el pacto de convivencia que significa la adopción de un texto constitucional. Y esto aún no ha sucedido.
"En 1930 se produjo el primer golpe de Estado que derrocó a las autoridades legítimamente constituidas y, sin la vigencia de la Constitución Nacional y cada vez más alejados de sus principios rectores definidos por Alberdi, el país cayó en un proceso de franca declinación. Tanto durante los gobiernos militares, ilegítimos y violadores de derechos cívicos y humanos, como durante muchas administraciones civiles formalmente republicanas, el pretendido propósito de corregir injusticias o solucionar desigualdades sirvió de pretexto para que imperara una nueva trama social, basada en la dádiva y el clientelismo político?", así describe José Ignacio García Hamilton la evolución de nuestra realidad política y social ( Alberdi. La paz y el trabajo ) en Visiones de una Constitución , coordinada por Jorge Alejandro Amaya (UCES, pág. 19 y sgtes.).
El mismo día del aniversario de la asunción del gobierno de Alfonsín, un informe realizado por la Universidad de Buenos Aires y dado a conocer por Red Solidaria comunicaba que ocho chicos menores de cinco años mueren diariamente en la Argentina, como consecuencia de la desnutrición.
La dramaticidad del dato permite prescindir de cualquier calificativo. Pero demuestra que el intenso deterioro de nuestra calidad institucional es proporcional a la abrupta caída del nivel de vida de grandes sectores de la población. La pobreza y la inseguridad, como moneda de dos caras, se fueron instalando en nuestra convivencia social y condujeron al severo cuestionamiento de la doctrina de la representación.
La Constitución reformada en 1994, siguiendo el ejemplo de otras constituciones latinoamericanas, incorporó una cláusula inexistente en el texto originario -el artículo 36- en defensa del orden republicano y democrático, mediante una norma que, en sus cuatro primeros párrafos, castiga con la máxima sanción penal que fija su texto -traición a la patria- a quienes intenten interrumpir la observancia del sistema constitucional o colaboren con gobiernos que no surjan de las formas por él previstas. Se intentó así, desde lo normativo, impedir la repetición del fenómeno de los golpes de Estado.
Esta nueva norma culmina con una disposición, que estima que también se atenta contra el sistema democrático cuando se incurre en delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, y castiga con inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos a quienes los cometan.
Es muy acertada la disposición, porque la corrupción administrativa y el desvío de fondos públicos afecta el equilibrio y la legitimidad de nuestro sistema político. Desgraciadamente, aquí se demuestra la certeza del pensamiento de Marguerite Yourcenar cuando, en su Alexis o el tratado del inútil combate , afirma que las palabras traicionan al pensamiento, pero que las palabras escritas lo traicionan aún más, puesto que ninguna medida idónea derivó de esa nueva norma.
Si bien el Congreso sancionó la ley de ética pública que también contempla el último párrafo de esa norma constitucional, el sistema jurídico no ha podido impedir que este atentado al sistema democrático suceda cotidianamente, lo que viola los principios esenciales de nuestro régimen constitucional y los derechos de la población.
La sucesión de hechos de corrupción sin esclarecer, la ausencia de mecanismos judiciales que permitan en forma efectiva erradicar esta conducta desarrollada como algo habitual en nuestra realidad son la fuente principal de la inequidad social y del deficiente ejercicio de nuestros derechos. También, de la caída de confianza en el sistema y del grado de participación de la ciudadanía en las diversas expresiones de la vida pública. La merma de concurrencia a los actos electorales es sólo un ejemplo de este fenómeno.
Los actos de corrupción impiden que pueda cumplirse con el fin esencial del Estado, que es la promoción del bienestar general. Si con dineros públicos se realizan negocios privados, el bien común desaparece y el principio de igualdad también, porque se crean grupos de privilegio en detrimento del resto de la población. Desentrañar las causas de este colapso necesita de un arduo análisis, realizado desde diversos ángulos del conocimiento; pero, entretanto, sí podemos observar que la resistencia a ordenar las conductas a las normas ha sido la variable que ha impedido la calidad institucional en nuestro país y la posibilidad de reencontrar un camino que conjugue el funcionamiento normal de las instituciones y el bienestar general.
Los altos índices de indigencia y pobreza que afectan a nuestra sociedad tienen, en los actos de corrupción, una de sus causas principales, porque cuando los fondos cuyo destino es la mejora de la calidad de vida de le población sólo mejoran la fortuna de funcionarios y habitantes que realizan negocios con ellos, el malestar del habitante aumenta y se multiplica. Máxime cuando estos actos no son patológicos y aislados, sino que se repiten en la trama ordinaria y habitual de nuestra realidad. Así, la ratificación de los pactos de derechos humanos y su elevación a rango constitucional se tornan en meros actos declarativos que, en la realidad, sólo producen efectos limitados.
La corrupción impide que muchos habitantes gocen de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad psicofísica, a la vivienda? La corrupción mata, sin orden de matar. Pero la sociedad debe ser consciente de que las cuentas bancarias, las casas fastuosas, los dólares que aparecen en bolsas o en valijas, se nutren de los cuerpos muertos que yacen bajo tanta tumba sin nombre. “
BREVES COMENTARIOS DE ALGUNOS DE NUESTROS COLUMNISTAS
Aníbal Hardy
Es hora de que los Jueces recuerden el sublime momento de su "juramento", por Dios, la Patria, la Constitución Nacional. Sin JUSTICIA INDEPENDIENTE, caeremos en la tragedia civil. No nos queda mucho tiempo para el inicio del caos, por lo que la sociedad en su conjunto espera que se produzca el "milagro" de la resurrección jurídica y la JUSTICIA restaure la REPUBLICA.
Walter Edgardo Eckart.
En lo personal, creo que hay títulos que tienen la capacidad de sintetizar grandes verdades, muchas veces obvias. Éstas, justamente por ser “tan obvias”, pasan por enfrente de nuestros rostros y, sin embargo, no las vemos. Y creo que éste es uno de esos casos.
Pensar que la corrupción ataca de raíz a un sistema democrático puede parecer sencillo y hasta repetitivo.
Sin embargo, “ponderar” las consecuencias del daño real que la corrupción causa al sistema democrático argentino.... eso es ya más difícil.
Hoy, frente al cúmulo de denuncias penales, pedidos de informes, sospechas o hasta intuiciones por parte de diversos sectores de las distintas fuerzas políticas y sociales del país; todas ellas referidas al matrimonio presidencial y a su entorno más inmediato, “pareciera” que podemos ser inducidos al “acostumbramiento” o a la “anestesia” colectiva.
Sin embargo, una cosa parece ser cierta: si quién tiene conocimiento cierto de posibles casos de corrupción, y además es capaz de fundamentarlo ante la justicia; y además asume los riesgos, y procede en esa dirección, lejos estaría de ser, por ejemplo y como se nos quiere hacer creer, un “denunciante crónico”. En realidad, a mí juicio, el que así obrara, estaría favoreciendo la consolidación del sistema democrático Argentino, además –como también es obvio- de requerirle tácitamente a los distintos jueces que intervienen en las causas, una definición jurídica pero también y principalmente una definición moral.
Un sistema democrático, si es genuino, no admite dobleces. Se es amigo o enemigo del mismo; y, en esta materia, se está del lado de la corrupción o del de la justicia y del pueblo. Muchos aspectos del país pueden admitir matices. Este no.
María Gloria Mena.
La corrupción está instalada en nuestra sociedad y en nuestro sistema de vida. Es, cuando menos, la impresión creciente que tengo.
Prácticamente, ya no sorprenden los nuevos hechos de corrupción que se suceden día a día y de los cuales, aparentemente, serían protagonistas los funcionarios públicos que votamos. El enriquecimiento ilícito, penado por la Constitución Nacional, parece no tener freno. El Poder Judicial, más allá de las palabras, parece hacer poco y nada hace para impedir que los mismos se produzcan.
Los presuntos corruptos, son denunciados penalmente. Salen a la luz pública a través de los medios de comunicación. Todos, según creo, los conocemos. Pero reina la impunidad.
Los fondos, que debieran ser para el bienestar del pueblo, a través de obras públicas, beneficios en el sistema de salud, educación o cualquier otra área social.... aparentemente pasan a engrosar el patrimonio personal de funcionarios, de derecho..... o de “hecho”.......
No son respetados entonces, los derechos humanos de millones de argentinos que sufren pobreza o indigencia, que viven en la marginalidad, que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, que son rehenes del clientelismo político.
La democracia, entonces, pareciera que para nosotros, Argentinos, es sólo una etiqueta.
No es el gobierno del pueblo y para el pueblo (como soñamos y nos educaron), sino –según parece- el gobierno para unos pocos, que terminan su mandato con más dinero que con el que llegaron.
*FUENTE: lanacion.com.ar – 17/02/2009
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COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES:
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Rogelio – Clorinda - Formosa -Argentina
Excelente el artículo. La claridad de conceptos, a los que debemos darle atención, es de “primerísima” actualidad.
Sería bueno que el “hombre común” pueda tener acceso libremente a tales definiciones, a través de medios masivos de comunicación, seminarios, etc.
Desde luego que a muchos pícaros (o desvergonzados) no les convendrá. Son aquellos que conocemos, que consumen centímetros en las columnas de diarios.
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Armando – Buenos Aires -Argentina
Comparto totalmente el comentario de Rogelio, pero en cuanto al "libre acceso" del que habla el pre opinante, no creo que nadie se tome el trabajo, porque al gobierno le conviene una ciudadanía pobre en conocimientos.
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La mencionada nota, cuyo título es exactamente el mismo que antecede (“Con corrupción no hay democracia”), fue escrita por José Miguel Onaindia, en el mencionado diario.
¿De quién se trata?
Bueno. Es un abogado, de unos cincuenta y tanto de años, con una larga y rica trayectoria, actualmente profesor de Derecho Constitucional y de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires; y docente en otras universidades públicas y privadas.
Anteriormente, sobre los años 2000/2001, fue director del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes visuales). Después, entre otras cosas, fue Asesor de la Legislatura Porteña.
Quienes, con mucha sencillez y sin ánimo de lucro, hacemos ChacoMundo, bajo la consigna de ayudar a pensar a todo aquel que le interese la vida política e institucional del país; y por compartir los conceptos vertidos en la mencionada nota, transcribimos a continuación el texto completo de la misma, “entre comillas”, con el sólo objetivo de favorecer la reflexión de nuestros lectores, para agregar, al final, sólo algunos aportes de nuestros columnistas.
“El pasado 10 de diciembre se cumplieron veinticinco años de la asunción del gobierno de Raúl Alfonsín, que inauguró un cuarto de siglo sin interrupciones militares. Los argentinos recuperamos la costumbre de votar, luego de cinco décadas de gobiernos de facto, continuados por democracias débiles o autoritarismos de base electiva. Sin embargo, fue un aniversario sin gloria. En ese lapso histórico no pudimos establecer un sistema político con la calidad institucional necesaria para asegurar a los habitantes un ejercicio razonable de sus derechos humanos.
El restablecimiento del respeto de un orden jurídico difícilmente pueda lograrse si se elude la necesidad de rehabilitar el pacto de convivencia que significa la adopción de un texto constitucional. Y esto aún no ha sucedido.
"En 1930 se produjo el primer golpe de Estado que derrocó a las autoridades legítimamente constituidas y, sin la vigencia de la Constitución Nacional y cada vez más alejados de sus principios rectores definidos por Alberdi, el país cayó en un proceso de franca declinación. Tanto durante los gobiernos militares, ilegítimos y violadores de derechos cívicos y humanos, como durante muchas administraciones civiles formalmente republicanas, el pretendido propósito de corregir injusticias o solucionar desigualdades sirvió de pretexto para que imperara una nueva trama social, basada en la dádiva y el clientelismo político?", así describe José Ignacio García Hamilton la evolución de nuestra realidad política y social ( Alberdi. La paz y el trabajo ) en Visiones de una Constitución , coordinada por Jorge Alejandro Amaya (UCES, pág. 19 y sgtes.).
El mismo día del aniversario de la asunción del gobierno de Alfonsín, un informe realizado por la Universidad de Buenos Aires y dado a conocer por Red Solidaria comunicaba que ocho chicos menores de cinco años mueren diariamente en la Argentina, como consecuencia de la desnutrición.
La dramaticidad del dato permite prescindir de cualquier calificativo. Pero demuestra que el intenso deterioro de nuestra calidad institucional es proporcional a la abrupta caída del nivel de vida de grandes sectores de la población. La pobreza y la inseguridad, como moneda de dos caras, se fueron instalando en nuestra convivencia social y condujeron al severo cuestionamiento de la doctrina de la representación.
La Constitución reformada en 1994, siguiendo el ejemplo de otras constituciones latinoamericanas, incorporó una cláusula inexistente en el texto originario -el artículo 36- en defensa del orden republicano y democrático, mediante una norma que, en sus cuatro primeros párrafos, castiga con la máxima sanción penal que fija su texto -traición a la patria- a quienes intenten interrumpir la observancia del sistema constitucional o colaboren con gobiernos que no surjan de las formas por él previstas. Se intentó así, desde lo normativo, impedir la repetición del fenómeno de los golpes de Estado.
Esta nueva norma culmina con una disposición, que estima que también se atenta contra el sistema democrático cuando se incurre en delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, y castiga con inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos a quienes los cometan.
Es muy acertada la disposición, porque la corrupción administrativa y el desvío de fondos públicos afecta el equilibrio y la legitimidad de nuestro sistema político. Desgraciadamente, aquí se demuestra la certeza del pensamiento de Marguerite Yourcenar cuando, en su Alexis o el tratado del inútil combate , afirma que las palabras traicionan al pensamiento, pero que las palabras escritas lo traicionan aún más, puesto que ninguna medida idónea derivó de esa nueva norma.
Si bien el Congreso sancionó la ley de ética pública que también contempla el último párrafo de esa norma constitucional, el sistema jurídico no ha podido impedir que este atentado al sistema democrático suceda cotidianamente, lo que viola los principios esenciales de nuestro régimen constitucional y los derechos de la población.
La sucesión de hechos de corrupción sin esclarecer, la ausencia de mecanismos judiciales que permitan en forma efectiva erradicar esta conducta desarrollada como algo habitual en nuestra realidad son la fuente principal de la inequidad social y del deficiente ejercicio de nuestros derechos. También, de la caída de confianza en el sistema y del grado de participación de la ciudadanía en las diversas expresiones de la vida pública. La merma de concurrencia a los actos electorales es sólo un ejemplo de este fenómeno.
Los actos de corrupción impiden que pueda cumplirse con el fin esencial del Estado, que es la promoción del bienestar general. Si con dineros públicos se realizan negocios privados, el bien común desaparece y el principio de igualdad también, porque se crean grupos de privilegio en detrimento del resto de la población. Desentrañar las causas de este colapso necesita de un arduo análisis, realizado desde diversos ángulos del conocimiento; pero, entretanto, sí podemos observar que la resistencia a ordenar las conductas a las normas ha sido la variable que ha impedido la calidad institucional en nuestro país y la posibilidad de reencontrar un camino que conjugue el funcionamiento normal de las instituciones y el bienestar general.
Los altos índices de indigencia y pobreza que afectan a nuestra sociedad tienen, en los actos de corrupción, una de sus causas principales, porque cuando los fondos cuyo destino es la mejora de la calidad de vida de le población sólo mejoran la fortuna de funcionarios y habitantes que realizan negocios con ellos, el malestar del habitante aumenta y se multiplica. Máxime cuando estos actos no son patológicos y aislados, sino que se repiten en la trama ordinaria y habitual de nuestra realidad. Así, la ratificación de los pactos de derechos humanos y su elevación a rango constitucional se tornan en meros actos declarativos que, en la realidad, sólo producen efectos limitados.
La corrupción impide que muchos habitantes gocen de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad psicofísica, a la vivienda? La corrupción mata, sin orden de matar. Pero la sociedad debe ser consciente de que las cuentas bancarias, las casas fastuosas, los dólares que aparecen en bolsas o en valijas, se nutren de los cuerpos muertos que yacen bajo tanta tumba sin nombre. “
BREVES COMENTARIOS DE ALGUNOS DE NUESTROS COLUMNISTAS
Aníbal Hardy
Es hora de que los Jueces recuerden el sublime momento de su "juramento", por Dios, la Patria, la Constitución Nacional. Sin JUSTICIA INDEPENDIENTE, caeremos en la tragedia civil. No nos queda mucho tiempo para el inicio del caos, por lo que la sociedad en su conjunto espera que se produzca el "milagro" de la resurrección jurídica y la JUSTICIA restaure la REPUBLICA.
Walter Edgardo Eckart.
En lo personal, creo que hay títulos que tienen la capacidad de sintetizar grandes verdades, muchas veces obvias. Éstas, justamente por ser “tan obvias”, pasan por enfrente de nuestros rostros y, sin embargo, no las vemos. Y creo que éste es uno de esos casos.
Pensar que la corrupción ataca de raíz a un sistema democrático puede parecer sencillo y hasta repetitivo.
Sin embargo, “ponderar” las consecuencias del daño real que la corrupción causa al sistema democrático argentino.... eso es ya más difícil.
Hoy, frente al cúmulo de denuncias penales, pedidos de informes, sospechas o hasta intuiciones por parte de diversos sectores de las distintas fuerzas políticas y sociales del país; todas ellas referidas al matrimonio presidencial y a su entorno más inmediato, “pareciera” que podemos ser inducidos al “acostumbramiento” o a la “anestesia” colectiva.
Sin embargo, una cosa parece ser cierta: si quién tiene conocimiento cierto de posibles casos de corrupción, y además es capaz de fundamentarlo ante la justicia; y además asume los riesgos, y procede en esa dirección, lejos estaría de ser, por ejemplo y como se nos quiere hacer creer, un “denunciante crónico”. En realidad, a mí juicio, el que así obrara, estaría favoreciendo la consolidación del sistema democrático Argentino, además –como también es obvio- de requerirle tácitamente a los distintos jueces que intervienen en las causas, una definición jurídica pero también y principalmente una definición moral.
Un sistema democrático, si es genuino, no admite dobleces. Se es amigo o enemigo del mismo; y, en esta materia, se está del lado de la corrupción o del de la justicia y del pueblo. Muchos aspectos del país pueden admitir matices. Este no.
María Gloria Mena.
La corrupción está instalada en nuestra sociedad y en nuestro sistema de vida. Es, cuando menos, la impresión creciente que tengo.
Prácticamente, ya no sorprenden los nuevos hechos de corrupción que se suceden día a día y de los cuales, aparentemente, serían protagonistas los funcionarios públicos que votamos. El enriquecimiento ilícito, penado por la Constitución Nacional, parece no tener freno. El Poder Judicial, más allá de las palabras, parece hacer poco y nada hace para impedir que los mismos se produzcan.
Los presuntos corruptos, son denunciados penalmente. Salen a la luz pública a través de los medios de comunicación. Todos, según creo, los conocemos. Pero reina la impunidad.
Los fondos, que debieran ser para el bienestar del pueblo, a través de obras públicas, beneficios en el sistema de salud, educación o cualquier otra área social.... aparentemente pasan a engrosar el patrimonio personal de funcionarios, de derecho..... o de “hecho”.......
No son respetados entonces, los derechos humanos de millones de argentinos que sufren pobreza o indigencia, que viven en la marginalidad, que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, que son rehenes del clientelismo político.
La democracia, entonces, pareciera que para nosotros, Argentinos, es sólo una etiqueta.
No es el gobierno del pueblo y para el pueblo (como soñamos y nos educaron), sino –según parece- el gobierno para unos pocos, que terminan su mandato con más dinero que con el que llegaron.
*FUENTE: lanacion.com.ar – 17/02/2009
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COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES:
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Rogelio – Clorinda - Formosa -Argentina
Excelente el artículo. La claridad de conceptos, a los que debemos darle atención, es de “primerísima” actualidad.
Sería bueno que el “hombre común” pueda tener acceso libremente a tales definiciones, a través de medios masivos de comunicación, seminarios, etc.
Desde luego que a muchos pícaros (o desvergonzados) no les convendrá. Son aquellos que conocemos, que consumen centímetros en las columnas de diarios.
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Armando – Buenos Aires -Argentina
Comparto totalmente el comentario de Rogelio, pero en cuanto al "libre acceso" del que habla el pre opinante, no creo que nadie se tome el trabajo, porque al gobierno le conviene una ciudadanía pobre en conocimientos.
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