Por Claudio Zlotnik.*
Los bancos están obligados a informar operaciones por más de $30 mil de quienes desempeñen cargos públicos y familia.
Los bancos están obligados a informar operaciones por más de $30 mil de quienes desempeñen cargos públicos y familia.
Máximo. Entre quienes tienen padres funcionarios, el hijo de los Kirchner es uno de los que quedarán bajo la atenta vigilancia de las entidades financieras
El Banco Central puso bajo la lupa a los funcionarios, y a sus familiares directos, para prevenir operaciones de lavado de dinero. Para ellos, la apertura de una cuenta bancaria o la colocación de un plazo fijo dejó de ser un trámite común. De ahora en más, cuando abran una cuenta o depositen más de 30 mil pesos, el banco les pedirá que firmen una declaración jurada que deje constancia sobre la procedencia del dinero.
Las entidades financieras están autorizadas a tomar los recaudos que sean necesarios para evitar la filtración de ilícitos. Y tendrán que informar inmediatamente si se constata una irregularidad. La norma de la autoridad monetaria, en línea con lo que pasa en el ámbito internacional, deja en claro la clara exposición de los funcionarios y de sus íntimos a la “plata sucia”.
En la lista de exposición al riesgo de cometer ilícitos se menciona a funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales y de la ciudad de Buenos Aires. E incluye a sus familiares de hasta segundo grado (hijos, cónyuges, hermanos). Todos ellos están obligados a firmar una declaración jurada justificando el dinero que mueven en el sistema financiero. Para el Banco Central son “personas expuestas políticamente”.
La imposición figura en dos comunicaciones de la autoridad monetaria: la “A” 4835 y la “A” 4895, con fecha del último viernes. Ambas están en línea con lo que existe en el ámbito internacional a través de las normas y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución especializada en el tema de lavado de dinero.
La lupa oficial no sólo recaerá sobre los actuales funcionarios y familiares sino también sobre aquellos que hayan estado en la función pública en los dos últimos años. Por lo tanto, por ahora quedan incluidos los funcionarios de la administración de Cristina Fernández y también buena parte del elenco que acompañó a Néstor hasta el final de sus días en la Casa Rosada.
Los bancos están obligados a “efectuar consultas a sistemas de información u otras fuentes públicas que provean de información sobre personas expuestas políticamente”. Las operaciones sospechadas de irregulares tendrán que informarse a la Unidad de Información Financiera (UIF).
En un principio se había puesto al 1 de enero como la fecha en que debía arrancar el nuevo sistema, pero finalmente empezará noventa días más tarde.
Las operaciones financieras que quedan en la mira son los depósitos en efectivo, tanto en cuentas a la vista como en plazos fijos. Para que no haya reclamos, toda la información se guardará durante cinco años.
Cada entidad financiera, además, tiene la obligación de formar un comité especializado en el tema lavado de dinero. Por lo menos un integrante de esa mesa debe formar parte, además, del directorio del banco.
Por la Ley de Ética Pública, la disposición del Central arranca con el presidente de la Nación y sus ministros y llega hasta rangos en el Congreso y en el Poder Judicial.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital / Impresa) – 14/01/2009
