Por Diego Schurman. *
La ministra de Salud puso la lupa sobre los 48 millones de pesos ya asignados por el ex superintendente Héctor Capaccioli y frenó la entrega de una segunda partida de más de 100 millones de pesos.
Graciela Ocaña inició una investigación para determinar irregularidades en la entrega de un generoso subsidio a las obras sociales sindicales. La ministra de Salud sospecha que los 48 millones de pesos ya otorgados no fueron destinados a la Campaña de Prevención de Enfermedades y, en consecuencia, dispuso frenar la asignación de otra partida de más de 100 millones de pesos.
El cuestionado financiamiento había sido aprobado por el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. A través de la resolución 806, del 27 de diciembre de 2007, el recaudador de la campaña K liberó los 48 millones de pesos que se repartieron discrecionalmente.
Desde entonces sólo las obras sociales de los camioneros y la de los empleados de comercio explicaron formalmente, aunque sin mayores detalles, cómo invirtieron el dinero. El resto no, pese a que así lo requería la resolución. Capaccioli tampoco hizo el reclamo pertinente.
El ex funcionario accedió al manejo de los subsidios gracias a una reasignación presupuestaria dispuesta por el Poder Ejecutivo en el último año de gestión de Néstor Kirchner. Esa excepcionalidad despertó la misma sospecha que el criterio con el que se distribuyó el dinero: ¿por qué la obra social de los locutores recibió 478 pesos por afiliado y la de sanidad 1,90? Nadie pudo explicarlo.
El año pasado, Capaccioli fue desplazado de su cargo en medio de denuncias por manejos irregulares de fondos y presunta participación en la mafia de los medicamentos. Entre los que participaron de la embestida –que tiene su capítulo judicial– figuró la propia Ocaña.
No obstante, la CGT volvió a la carga esta semana para reclamarle a la ministra la asignación de los más de 100 millones de pesos que debían completar el financiamiento de la Campaña de Prevención de Enfermedades.
Los sindicalistas pidieron expresamente que se volviera a conformar la comisión de asesoramiento que avaló la distribución de los 48 millones de pesos. En ese ámbito se reunían los dirigentes de los gremios de ceramistas, peones de taxi, gas, publicidad, televisión y obras sanitarias con los representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Sin embargo, Juan Rinaldi, quien a fin del año pasado sucedió a Capacciolli en el cargo, firmó otra resolución en la que dejó sin efecto el subsidio y se desactivó la comisión.
El texto del funcionario, avalado por Ocaña, es categórico con respecto a las irregularidades cometidas por Capaccioli. Éstos son los tramos más salientes:
“La política de subsidios no está contemplada dentro de los objetivos denunciados por el decreto Nº 1615/96 de creación de esta superintendencia por lo que, sin perjuicio de la autorización concedida mediante la decisión administrativa Nº 434/07, este organismo asumió funciones que no le son propias”.
“Que no obstante los beneficios que arrojan los programas de prevención, el financiamiento de los mismos debe canalizarse a través del organismo creado a tal fin”.
“Que esta superintendencia, como ente de supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el sistema nacional del seguro de salud, no es el organismo encargado de subsidiar los planes y programas de prevención”.
Por es misma resolución, Rinaldi dispuso que el área jurídica de la superintendencia intervenga en las investigaciones y encargó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que inicie una auditoría interna.
Si lo de Rinaldi y Ocaña no se trata de una mera puesta en escena, las obras sociales deberán demostrar a la brevedad que los 48 millones de pesos se utilizaron en la Campaña de Prevención de Enfermedades; en caso contrario, serán denunciadas judicialmente.
*FUENTE: Crítica de la Argentina – 01/02/2009
La ministra de Salud puso la lupa sobre los 48 millones de pesos ya asignados por el ex superintendente Héctor Capaccioli y frenó la entrega de una segunda partida de más de 100 millones de pesos.
Graciela Ocaña inició una investigación para determinar irregularidades en la entrega de un generoso subsidio a las obras sociales sindicales. La ministra de Salud sospecha que los 48 millones de pesos ya otorgados no fueron destinados a la Campaña de Prevención de Enfermedades y, en consecuencia, dispuso frenar la asignación de otra partida de más de 100 millones de pesos.
El cuestionado financiamiento había sido aprobado por el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. A través de la resolución 806, del 27 de diciembre de 2007, el recaudador de la campaña K liberó los 48 millones de pesos que se repartieron discrecionalmente.
Desde entonces sólo las obras sociales de los camioneros y la de los empleados de comercio explicaron formalmente, aunque sin mayores detalles, cómo invirtieron el dinero. El resto no, pese a que así lo requería la resolución. Capaccioli tampoco hizo el reclamo pertinente.
El ex funcionario accedió al manejo de los subsidios gracias a una reasignación presupuestaria dispuesta por el Poder Ejecutivo en el último año de gestión de Néstor Kirchner. Esa excepcionalidad despertó la misma sospecha que el criterio con el que se distribuyó el dinero: ¿por qué la obra social de los locutores recibió 478 pesos por afiliado y la de sanidad 1,90? Nadie pudo explicarlo.
El año pasado, Capaccioli fue desplazado de su cargo en medio de denuncias por manejos irregulares de fondos y presunta participación en la mafia de los medicamentos. Entre los que participaron de la embestida –que tiene su capítulo judicial– figuró la propia Ocaña.
No obstante, la CGT volvió a la carga esta semana para reclamarle a la ministra la asignación de los más de 100 millones de pesos que debían completar el financiamiento de la Campaña de Prevención de Enfermedades.
Los sindicalistas pidieron expresamente que se volviera a conformar la comisión de asesoramiento que avaló la distribución de los 48 millones de pesos. En ese ámbito se reunían los dirigentes de los gremios de ceramistas, peones de taxi, gas, publicidad, televisión y obras sanitarias con los representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Sin embargo, Juan Rinaldi, quien a fin del año pasado sucedió a Capacciolli en el cargo, firmó otra resolución en la que dejó sin efecto el subsidio y se desactivó la comisión.
El texto del funcionario, avalado por Ocaña, es categórico con respecto a las irregularidades cometidas por Capaccioli. Éstos son los tramos más salientes:
“La política de subsidios no está contemplada dentro de los objetivos denunciados por el decreto Nº 1615/96 de creación de esta superintendencia por lo que, sin perjuicio de la autorización concedida mediante la decisión administrativa Nº 434/07, este organismo asumió funciones que no le son propias”.
“Que no obstante los beneficios que arrojan los programas de prevención, el financiamiento de los mismos debe canalizarse a través del organismo creado a tal fin”.
“Que esta superintendencia, como ente de supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el sistema nacional del seguro de salud, no es el organismo encargado de subsidiar los planes y programas de prevención”.
Por es misma resolución, Rinaldi dispuso que el área jurídica de la superintendencia intervenga en las investigaciones y encargó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que inicie una auditoría interna.
Si lo de Rinaldi y Ocaña no se trata de una mera puesta en escena, las obras sociales deberán demostrar a la brevedad que los 48 millones de pesos se utilizaron en la Campaña de Prevención de Enfermedades; en caso contrario, serán denunciadas judicialmente.
*FUENTE: Crítica de la Argentina – 01/02/2009
