Por Diego Genoud y Luciana Geuna *
En el caso del pago irregular de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras extranjeras, el Gobierno nacional volverá a argumentar –como lo ha hecho en otras oportunidades– que funcionarios de la administración K denunciaron el ilícito apenas lo detectaron. Pero esta vez no será fácil sostenerlo. Tan cierto que la investigación se originó en un sumario administrativo que abrió el propio Ministerio de Economía es que el Poder Ejecutivo desistió de presentar una denuncia penal cuando descubrió la maniobra, como que el principal responsable, Juan Cayetano Intelisano, aún conserva su puesto en el Poder Ejecutivo y que el dinero nunca regresó.
El fraude que acaba de denunciar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, de Manuel Garrido, fue llevado adelante por un grupo de funcionarios de segunda línea que ya había actuado en el llamado Caso Greco –cuando el Gobierno estuvo a punto de pagar 500 millones de pesos sin justificación–, pero la información sobre el escandaloso desembolso al consorcio Accolade Pool escaló rápido hasta la cúspide del poder central.
El caso preocupó tanto que Alberto Fernández se ocupó personalmente del tema a través de su amigo Fabián Musso. Musso conoce al ex jefe de Gabinete desde hace treinta años y es además abogado del Estudio del procurador general de la Nación, Esteban Righi. Enviado por Fernández, recomendó con insistencia al entonces secretario Legal y Técnico del ministerio, Eduardo Prina, que se limitara a informar a la FIA. Su influencia se trasluce en un párrafo del expediente: “El (director de asuntos jurídicos) Dr. Diez entendió que no existían certezas suficientes para determinar el conocimiento del vicio por parte de los ‘acreedores’, señalando además que se había dado noticia de estos hechos tanto a la Unidad de Información Financiera (UIF) –por el lavado de dinero– como a esta FIA, razones por la cual eventualmente estos organismos podían efectuar una denuncia penal autónomamente”.
“Fue un hecho vergonzoso pero nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. Yo le dije a Peirano que removiera a Intelisano porque se había autoaprobado el pago. Además, el tema de los seguros lo conozco bien”, reconoció ayer a este diario el ex jefe de Gabinete.
Alberto Fernández debutó como funcionario en 1989, justamente en el rubro de los seguros. Fue designado por la administración Menem como superintendente de Seguros de la Nación y llegó a ser presidente de la Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina. El ex titular de la AFIP, Claudio Moroni, fue su mano derecha en todo ese período y lo sucedió en el cargo a partir de 1995. Más tarde, Fernández desarrolló el grupo de empresas del BAPRO y puso en marcha a Provincia ART y Provincia Seguros.
El nombre de Moroni figura en la denuncia de Garrido: era titular de la SIGEN cuando Economía autorizó el pago de los 54 millones y tuvo una postura ambigua en el proceso. Consultado sobre la viabilidad del desembolso, en un primer momento no puso reparos. Recién cuando el secretario Prina fue advertido del pago que había ordenado su subordinado Intelisano, y de su sospechoso destinatario, Moroni reclamó una investigación urgente. El abogado del entonces titular de la SIGEN era precisamente Fabián Musso.
El reclamo de las siete empresas agrupadas en Accolade Pool a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro se habría originado en contratos incumplidos celebrados en el exterior entre 1977 y 1982. Pese a que las aseguradoras jamás mostraron los supuestos contratos, cobraron en efectivo y muchísimo más de lo que demandaban. Como informó ayer Crítica de la Argentina, la cabeza visible del pool fue Iván Holjevac, un croata que es dueño del hotel Las Cumbres en Punta del Este y solía presentarse como accionista del Conrad en esa ciudad. Holjevac aparece en el informe de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados.
En el caso Greco, sólo por intentar un pago fraudulento hubo renuncias en el Gobierno. En éste, en el que 54 millones de pesos se esfumaron y nunca volvieron, todos los funcionarios involucrados tienen un sumario administrativo, salvo Intelisano. Por la jerarquía de su cargo –director con funciones administrativas–, la instrucción de un sumario para él depende de un decreto del presidente en ejercicio. Hasta ahora, Cristina Fernández de Kirchner no lo firmó. Por eso el hombre que fue secretario de Hacienda de la dictadura militar en Esteban Echeverría y hoy es dueño de la tercera fortuna del Gobierno aún hace y deshace en el Ministerio de Economía.
El contador que todavía manda
Tras la denuncia de la FIA, en el Gobierno las miradas apuntan hacia Juan Intelisano, el hombre que maneja las finanzas del Ministerio de Economía desde hace 20 años. Fuentes oficiales remarcaron ayer a este diario que la administración K “inició un sumario administrativo, le pidió la renuncia a Intelisano (al cargo de subsecretario Legal) y presentó una acción para recuperar el monto que se transfirió”. Sin embargo, el funcionario que consumó el pago irregular de 54 millones de pesos es aún el director general de Administración de Economía. Intelisano tiene buen trato desde hace tiempo con el actual ministro, Carlos Fernández. En los meses de Martín Lousteau, el contador millonario había perdido influencia, pero la llegada de Fernández se la devolvió.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital / Impresa) – 12/01/2009
En el caso del pago irregular de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras extranjeras, el Gobierno nacional volverá a argumentar –como lo ha hecho en otras oportunidades– que funcionarios de la administración K denunciaron el ilícito apenas lo detectaron. Pero esta vez no será fácil sostenerlo. Tan cierto que la investigación se originó en un sumario administrativo que abrió el propio Ministerio de Economía es que el Poder Ejecutivo desistió de presentar una denuncia penal cuando descubrió la maniobra, como que el principal responsable, Juan Cayetano Intelisano, aún conserva su puesto en el Poder Ejecutivo y que el dinero nunca regresó.
El fraude que acaba de denunciar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, de Manuel Garrido, fue llevado adelante por un grupo de funcionarios de segunda línea que ya había actuado en el llamado Caso Greco –cuando el Gobierno estuvo a punto de pagar 500 millones de pesos sin justificación–, pero la información sobre el escandaloso desembolso al consorcio Accolade Pool escaló rápido hasta la cúspide del poder central.
El caso preocupó tanto que Alberto Fernández se ocupó personalmente del tema a través de su amigo Fabián Musso. Musso conoce al ex jefe de Gabinete desde hace treinta años y es además abogado del Estudio del procurador general de la Nación, Esteban Righi. Enviado por Fernández, recomendó con insistencia al entonces secretario Legal y Técnico del ministerio, Eduardo Prina, que se limitara a informar a la FIA. Su influencia se trasluce en un párrafo del expediente: “El (director de asuntos jurídicos) Dr. Diez entendió que no existían certezas suficientes para determinar el conocimiento del vicio por parte de los ‘acreedores’, señalando además que se había dado noticia de estos hechos tanto a la Unidad de Información Financiera (UIF) –por el lavado de dinero– como a esta FIA, razones por la cual eventualmente estos organismos podían efectuar una denuncia penal autónomamente”.
“Fue un hecho vergonzoso pero nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. Yo le dije a Peirano que removiera a Intelisano porque se había autoaprobado el pago. Además, el tema de los seguros lo conozco bien”, reconoció ayer a este diario el ex jefe de Gabinete.
Alberto Fernández debutó como funcionario en 1989, justamente en el rubro de los seguros. Fue designado por la administración Menem como superintendente de Seguros de la Nación y llegó a ser presidente de la Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina. El ex titular de la AFIP, Claudio Moroni, fue su mano derecha en todo ese período y lo sucedió en el cargo a partir de 1995. Más tarde, Fernández desarrolló el grupo de empresas del BAPRO y puso en marcha a Provincia ART y Provincia Seguros.
El nombre de Moroni figura en la denuncia de Garrido: era titular de la SIGEN cuando Economía autorizó el pago de los 54 millones y tuvo una postura ambigua en el proceso. Consultado sobre la viabilidad del desembolso, en un primer momento no puso reparos. Recién cuando el secretario Prina fue advertido del pago que había ordenado su subordinado Intelisano, y de su sospechoso destinatario, Moroni reclamó una investigación urgente. El abogado del entonces titular de la SIGEN era precisamente Fabián Musso.
El reclamo de las siete empresas agrupadas en Accolade Pool a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro se habría originado en contratos incumplidos celebrados en el exterior entre 1977 y 1982. Pese a que las aseguradoras jamás mostraron los supuestos contratos, cobraron en efectivo y muchísimo más de lo que demandaban. Como informó ayer Crítica de la Argentina, la cabeza visible del pool fue Iván Holjevac, un croata que es dueño del hotel Las Cumbres en Punta del Este y solía presentarse como accionista del Conrad en esa ciudad. Holjevac aparece en el informe de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados.
En el caso Greco, sólo por intentar un pago fraudulento hubo renuncias en el Gobierno. En éste, en el que 54 millones de pesos se esfumaron y nunca volvieron, todos los funcionarios involucrados tienen un sumario administrativo, salvo Intelisano. Por la jerarquía de su cargo –director con funciones administrativas–, la instrucción de un sumario para él depende de un decreto del presidente en ejercicio. Hasta ahora, Cristina Fernández de Kirchner no lo firmó. Por eso el hombre que fue secretario de Hacienda de la dictadura militar en Esteban Echeverría y hoy es dueño de la tercera fortuna del Gobierno aún hace y deshace en el Ministerio de Economía.
El contador que todavía manda
Tras la denuncia de la FIA, en el Gobierno las miradas apuntan hacia Juan Intelisano, el hombre que maneja las finanzas del Ministerio de Economía desde hace 20 años. Fuentes oficiales remarcaron ayer a este diario que la administración K “inició un sumario administrativo, le pidió la renuncia a Intelisano (al cargo de subsecretario Legal) y presentó una acción para recuperar el monto que se transfirió”. Sin embargo, el funcionario que consumó el pago irregular de 54 millones de pesos es aún el director general de Administración de Economía. Intelisano tiene buen trato desde hace tiempo con el actual ministro, Carlos Fernández. En los meses de Martín Lousteau, el contador millonario había perdido influencia, pero la llegada de Fernández se la devolvió.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital / Impresa) – 12/01/2009
