Por Walter Edgardo Eckart
Un proyecto de ley presentado recientemente en el Senado de la Nación, que busca el regreso de la Junta Nacional de Granos o, en su defecto, la creación de un órgano específico para la compra venta de granos, estaría siendo considerado como telón de fondo por el gobierno nacional, para eventualmente, por decreto o por tratamiento parlamentario, avanzar en la intención de organizar, ejecutar y fiscalizar el comercio de los mismos en el territorio nacional.
Si bien aún no hay confirmación oficial, de concretizarse la iniciativa, el Gobierno Central estaría comenzando a escribir nuevamente una historia, donde la presencia del Estado llegó a niveles casi absolutos en relación con el negocio del campo, y en pleno siglo XXI, se volvería a esquemas obsoletos.
UN POCO DE HISTORIA.
El campo argentino sabe bien lo que es la ingerencia estatal desde hace más de 60 años, cuando en 1933 y durante el gobierno del general Agustín P. Justo, se impusieron las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, en un mundo que recién comenzaba a salir de la gran depresión de los años 30.
Luego apareció el IAPI (Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, creado el 28 de mayo de 1946, durante la primera presidencia de Perón).
Según el historiador Juan Cruz Jaime ( nacido en Bs. As. en 1973, licenciado en ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires, historiador, escritor, docente), en alusión al IAPI afirma que éste instituto, en aquellos tiempos, era capaz de comprar la cosecha (de trigo y maíz; la soja todavía no) y venderla en un precio de hasta tres veces más. Esto duró hasta el ’55, cuando con la Revolución Libertadora, el IAPI se desmanteló y volvieron las Juntas de Granos.
También Alfonsín buscó profundizar la intervención estatal en el sector agropecuario, pero las juntas estaban comenzando lentamente a decaer.
En 1991, con Menem como Presidente, las políticas de desregulación implementadas, devinieron en la finalización de las Juntas de Granos, en un marco, como es obvio, de privatizaciones generalizada.
En el 2008, el Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Alberto Cantero, había presentado un proyecto para la creación del “Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario” (ENPYCCAA), proyecto que no perdió estado parlamentario, que tal vez sea nuevamente presentado, y en el cual se explicita una de las funciones del ENPYCCAA: la “compra, venta, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y alimentos por si o por terceros para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria a la población Argentina”. Una función muy similar a la que cumplió el IAPI en su momento.
LAS MOTIVACIONES INMEDIATAS.
Según la Ministra de la Producción Débora Giorgi, los productores granarios tendrían guardados en silo bolsas 9 millones de toneladas, principalmente de soja, quienes fueron instados a comercializar la totalidad de sus cosechas.
Según el sector agrario, solo quedaría poco más de cinco millones de toneladas almacenadas.
Este avance del gobierno sobre las cosechas acumuladas se explicaría, entre otros motivos, porque de venderse las mismas representarían unos 400 millones de ingresos en concepto de retenciones, en un contexto donde, entre todos los frentes de batalla de que debe encarar el Gobierno, la falta de “Caja” es evidentemente uno de los principales.
LA REACCIONES.
El diputado Guillermo Alchouron, en una explicación publicada en el sitio Agroparlamento, afirma que: "Un proyecto de ley que recrea la Junta Nacional de Granos (JNG) fue presentado recientemente en el Senado de la Nación y ya ha tenido amplia difusión entre operadores, analistas y entidades. En un momento en el que el sector agropecuario está luchando en el frente interno para lograr un trato no discriminatorio respecto de la política impositiva y en el frente externo para que los países centrales destraben el mercado de granos, parece extemporáneo proponer la creación de una organización estatal para que regule el comercio de nuestra producción."
Además, conocida la noticia, tanto los productores agropecuarios, la Mesa de Enlace y, sobre todo, las acopiadoras multinacionales que controlan el comercio exterior de granos, expresaron su alarma.
De una manera tácita (todavía), se dio por descontado que de llevarse a cabo esta medida, los productores saldrían nuevamente a las rutas.
Incluso el Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, señalo que esta actitud afecta al dialogo recientemente reestablecido y afirmó “No se si hay martes”, en referencia a la segunda reunión a llevarse a cabo entre la Mesa de Enlace y el Gobierno, el próximo martes.
En un comunicado de prensa, en el portal de la Sociedad Rural Argentina, del 27/02/2009, se puede leer: ‘La estatización del comercio de granos es una experiencia ya encarada en nuestro país a mediados del siglo pasado, que culminó en una serie de rotundos fracasos, ineficiencia y corrupción.
De prosperar dicha iniciativa del Gobierno, sus efectos serían aún más devastadores que la Resolución 125 y, seguramente, colocarían al país en un escenario de mayor conflictividad social que el que ya se vivió en 2008.
Si aun haciendo caso omiso a su potencial destructivo, el Gobierno decidiera avanzar con la medida es de esperar que lo hiciera a través de un proyecto de ley en el Congreso Nacional, siguiendo su propio precepto de darle mayor “institucionalidad a la institucionalidad”. Ello, en función de las profundas consecuencias que tendría para el sector agropecuario, la economía y la vida social en general.
Dejar trascender que se encuentra en estudio una medida tan irracional parece ser, en todo caso, un nuevo intento de “embarrar la cancha”, con el objeto impedir el avance de las conversaciones en curso, cuyo propósito final es construir una política agropecuaria sustentable en beneficio de la producción, el trabajo y el bienestar general del país; conversaciones que el sector agropecuario está empeñado en llevar a buen término.’
Además, en una solicitada bajo el título de “Argentina en Retroceso. Estatización del Comercio de Granos”, publicada hoy por los diarios de Bs.As., unas 27 entidades involucradas con el comercio de cereales, rechazaron de plano la intención del gobierno de establecer un “sistema estatizado y monopólico" en lo que respecta a la comercialización de granos, señalando que si esto se concretizara, se "pondrá a la sociedad argentina al borde de otro conflicto, innecesario y de consecuencias impredecibles [...] Estos trascendidos ya están provocando serios daños a la imagen de la Argentina como proveedor confiable para los mercados internacionales de granos y derivados, y afectando las fuentes de financiamiento".
En fin. Pareciera que repetir los errores del pasado no es una buena idea: entorpecería una posible solución al conflicto con el campo; no nos deja en buena posición en un mundo tan competitivo; e indicarían un paso hacia atrás por parte de Argentina, frente a su pueblo y frente al mundo.
Un proyecto de ley presentado recientemente en el Senado de la Nación, que busca el regreso de la Junta Nacional de Granos o, en su defecto, la creación de un órgano específico para la compra venta de granos, estaría siendo considerado como telón de fondo por el gobierno nacional, para eventualmente, por decreto o por tratamiento parlamentario, avanzar en la intención de organizar, ejecutar y fiscalizar el comercio de los mismos en el territorio nacional.
Si bien aún no hay confirmación oficial, de concretizarse la iniciativa, el Gobierno Central estaría comenzando a escribir nuevamente una historia, donde la presencia del Estado llegó a niveles casi absolutos en relación con el negocio del campo, y en pleno siglo XXI, se volvería a esquemas obsoletos.
UN POCO DE HISTORIA.
El campo argentino sabe bien lo que es la ingerencia estatal desde hace más de 60 años, cuando en 1933 y durante el gobierno del general Agustín P. Justo, se impusieron las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, en un mundo que recién comenzaba a salir de la gran depresión de los años 30.
Luego apareció el IAPI (Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, creado el 28 de mayo de 1946, durante la primera presidencia de Perón).
Según el historiador Juan Cruz Jaime ( nacido en Bs. As. en 1973, licenciado en ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires, historiador, escritor, docente), en alusión al IAPI afirma que éste instituto, en aquellos tiempos, era capaz de comprar la cosecha (de trigo y maíz; la soja todavía no) y venderla en un precio de hasta tres veces más. Esto duró hasta el ’55, cuando con la Revolución Libertadora, el IAPI se desmanteló y volvieron las Juntas de Granos.
También Alfonsín buscó profundizar la intervención estatal en el sector agropecuario, pero las juntas estaban comenzando lentamente a decaer.
En 1991, con Menem como Presidente, las políticas de desregulación implementadas, devinieron en la finalización de las Juntas de Granos, en un marco, como es obvio, de privatizaciones generalizada.
En el 2008, el Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Alberto Cantero, había presentado un proyecto para la creación del “Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario” (ENPYCCAA), proyecto que no perdió estado parlamentario, que tal vez sea nuevamente presentado, y en el cual se explicita una de las funciones del ENPYCCAA: la “compra, venta, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y alimentos por si o por terceros para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria a la población Argentina”. Una función muy similar a la que cumplió el IAPI en su momento.
LAS MOTIVACIONES INMEDIATAS.
Según la Ministra de la Producción Débora Giorgi, los productores granarios tendrían guardados en silo bolsas 9 millones de toneladas, principalmente de soja, quienes fueron instados a comercializar la totalidad de sus cosechas.
Según el sector agrario, solo quedaría poco más de cinco millones de toneladas almacenadas.
Este avance del gobierno sobre las cosechas acumuladas se explicaría, entre otros motivos, porque de venderse las mismas representarían unos 400 millones de ingresos en concepto de retenciones, en un contexto donde, entre todos los frentes de batalla de que debe encarar el Gobierno, la falta de “Caja” es evidentemente uno de los principales.
LA REACCIONES.
El diputado Guillermo Alchouron, en una explicación publicada en el sitio Agroparlamento, afirma que: "Un proyecto de ley que recrea la Junta Nacional de Granos (JNG) fue presentado recientemente en el Senado de la Nación y ya ha tenido amplia difusión entre operadores, analistas y entidades. En un momento en el que el sector agropecuario está luchando en el frente interno para lograr un trato no discriminatorio respecto de la política impositiva y en el frente externo para que los países centrales destraben el mercado de granos, parece extemporáneo proponer la creación de una organización estatal para que regule el comercio de nuestra producción."
Además, conocida la noticia, tanto los productores agropecuarios, la Mesa de Enlace y, sobre todo, las acopiadoras multinacionales que controlan el comercio exterior de granos, expresaron su alarma.
De una manera tácita (todavía), se dio por descontado que de llevarse a cabo esta medida, los productores saldrían nuevamente a las rutas.
Incluso el Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, señalo que esta actitud afecta al dialogo recientemente reestablecido y afirmó “No se si hay martes”, en referencia a la segunda reunión a llevarse a cabo entre la Mesa de Enlace y el Gobierno, el próximo martes.
En un comunicado de prensa, en el portal de la Sociedad Rural Argentina, del 27/02/2009, se puede leer: ‘La estatización del comercio de granos es una experiencia ya encarada en nuestro país a mediados del siglo pasado, que culminó en una serie de rotundos fracasos, ineficiencia y corrupción.
De prosperar dicha iniciativa del Gobierno, sus efectos serían aún más devastadores que la Resolución 125 y, seguramente, colocarían al país en un escenario de mayor conflictividad social que el que ya se vivió en 2008.
Si aun haciendo caso omiso a su potencial destructivo, el Gobierno decidiera avanzar con la medida es de esperar que lo hiciera a través de un proyecto de ley en el Congreso Nacional, siguiendo su propio precepto de darle mayor “institucionalidad a la institucionalidad”. Ello, en función de las profundas consecuencias que tendría para el sector agropecuario, la economía y la vida social en general.
Dejar trascender que se encuentra en estudio una medida tan irracional parece ser, en todo caso, un nuevo intento de “embarrar la cancha”, con el objeto impedir el avance de las conversaciones en curso, cuyo propósito final es construir una política agropecuaria sustentable en beneficio de la producción, el trabajo y el bienestar general del país; conversaciones que el sector agropecuario está empeñado en llevar a buen término.’
Además, en una solicitada bajo el título de “Argentina en Retroceso. Estatización del Comercio de Granos”, publicada hoy por los diarios de Bs.As., unas 27 entidades involucradas con el comercio de cereales, rechazaron de plano la intención del gobierno de establecer un “sistema estatizado y monopólico" en lo que respecta a la comercialización de granos, señalando que si esto se concretizara, se "pondrá a la sociedad argentina al borde de otro conflicto, innecesario y de consecuencias impredecibles [...] Estos trascendidos ya están provocando serios daños a la imagen de la Argentina como proveedor confiable para los mercados internacionales de granos y derivados, y afectando las fuentes de financiamiento".
En fin. Pareciera que repetir los errores del pasado no es una buena idea: entorpecería una posible solución al conflicto con el campo; no nos deja en buena posición en un mundo tan competitivo; e indicarían un paso hacia atrás por parte de Argentina, frente a su pueblo y frente al mundo.
