El organismo que controla la transparencia oficial pidió los acuerdos que firmaron Enarsa y el Ministerio de Planificación Federal, que maneja la obra pública. También avanza la causa por los aportes a la campaña kirchnerista. De las sospechas menemistas a la era Kirchner.
La Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción está realizando sus propios análisis preliminares para determinar si el gobierno kirchnerista cometió algún delito en sus contrataciones con Siemens, por fuera de las causas que investigan posibles irregularidades en los contratos de la empresa alemana con el Estado nacional firmados en administraciones anteriores.
Según se sabía hasta hace unos pocos meses, la adjudicación más escandalosa que un gobierno argentino había hecho con esta compañía ocurrió durante el menemismo. El juez federal Ariel Lijo investiga desde 2004 los supuestos sobreprecios en el contrato de renovación de los DNI y la digitalización de los pasos fronterizos que se había firmado en 1998, pero fue anulado en 2001 por las irregularidades detectadas. Sin embargo, desde agosto pasado ese negocio no es el único que quedó en la mira de la Justicia.
A ese antecedente polémico se sumó una información publicada en los dos diarios más importantes de Alemania, que –citando fuentes de una fiscalía alemana– revelaron pagos de sobornos por unos 4,7 millones de euros en una licitación resuelta a fines de 2003, cuando Néstor Kirchner ya estaba en el poder. Esa información generó dos denuncias penales de la Coalición Cívica y del abogado Ricardo Monner Sans, que también están bajo la dirección del juez Lijo. Todo ello sucedió en los primeros días de agosto. A fines de ese mes, la Oficina Anticorrupción –un organismo que funciona dentro del Gobierno y depende del Ministerio de Justicia– comenzó un estudio detallado de los contratos del Estado con la compañía alemana que puede convertirse en una denuncia penal o en un agregado al expediente.
En una nota firmada el 26 de agosto por el jefe del organismo, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, la OA le pidió a Exequiel Omar Espinosa, el titular de Enarsa, la compañía estatal de energía, que informara “todas las contrataciones que, desde el año 2003 al presente, hayan sido adjudicadas o financiadas por el organismo a su cargo a la empresa Siemens o a alguna firma en la que ésta tenga participación o con la que guarde cualquier relación”, según consta en el texto al que accedió Crítica de la Argentina. El mismo documento recibieron otras dependencias del Ministerio de Planificación, que suelen concentrar las grandes licitaciones de obra pública en la gestión K.
A pesar de que en los artículos publicados no se especificaba por qué contrato se habrían pagado casi cinco millones de euros en coimas, en ese entonces la empresa participaba de licitaciones por la electrificación de subtes y el mantenimiento de centrales hidroeléctricas, entre otros negocios. La obra más importante llegó más adelante, luego de que el ex director general para América Latina de Siemens se reuniera con Julio de Vido en 2004 y en 2006 para cerrar la construcción de una turbina de la central termoeléctrica de Campana. También Siemens ganó una obra en Timbúes. Mientras responde los pedidos de la OA, Enarsa está decidiendo si otorga a Siemens –asociada a Electroingeniería- la construcción de otra central en Campana por 800 millones de pesos.. Son los únicos oferentes.
AVANZA LA CAUSA POR LOS APORTES A LA CAMPAÑA K. El fiscal federal Jorge Di Lello quedó a cargo de la investigación sobre supuestas irregularidades en el aporte de fondos para la campaña electoral de la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, según decidió la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría.
La información fue difundida por el denunciante en la causa, el abogado Ricardo Monner Sans, quien aportó nueva documentación y sugirió, como medida de prueba, que se investigue una supuesta desavenencia política entre la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y el auperintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli.
“No es ajeno al tema de autos, como lo puede advertir cualquier desprevenido ciudadano, la instalada polémica entre la ministra de Salud, la licenciada Graciela Ocaña, y el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli”, sostiene textualmente la presentación. Capaccioli fue el responsable formal de recolectar fondos para la campaña electoral de la actual Presidenta.
Monner Sans formuló la denuncia el 15 de septiembre pasado. Por su parte, otras dos presentaciones tramitan simultáneamente ante los juzgados federales a cargo de los magistrados Ariel Lijo y Claudio Bonadío.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital) – 08/10/2008
La Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción está realizando sus propios análisis preliminares para determinar si el gobierno kirchnerista cometió algún delito en sus contrataciones con Siemens, por fuera de las causas que investigan posibles irregularidades en los contratos de la empresa alemana con el Estado nacional firmados en administraciones anteriores.
Según se sabía hasta hace unos pocos meses, la adjudicación más escandalosa que un gobierno argentino había hecho con esta compañía ocurrió durante el menemismo. El juez federal Ariel Lijo investiga desde 2004 los supuestos sobreprecios en el contrato de renovación de los DNI y la digitalización de los pasos fronterizos que se había firmado en 1998, pero fue anulado en 2001 por las irregularidades detectadas. Sin embargo, desde agosto pasado ese negocio no es el único que quedó en la mira de la Justicia.
A ese antecedente polémico se sumó una información publicada en los dos diarios más importantes de Alemania, que –citando fuentes de una fiscalía alemana– revelaron pagos de sobornos por unos 4,7 millones de euros en una licitación resuelta a fines de 2003, cuando Néstor Kirchner ya estaba en el poder. Esa información generó dos denuncias penales de la Coalición Cívica y del abogado Ricardo Monner Sans, que también están bajo la dirección del juez Lijo. Todo ello sucedió en los primeros días de agosto. A fines de ese mes, la Oficina Anticorrupción –un organismo que funciona dentro del Gobierno y depende del Ministerio de Justicia– comenzó un estudio detallado de los contratos del Estado con la compañía alemana que puede convertirse en una denuncia penal o en un agregado al expediente.
En una nota firmada el 26 de agosto por el jefe del organismo, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, la OA le pidió a Exequiel Omar Espinosa, el titular de Enarsa, la compañía estatal de energía, que informara “todas las contrataciones que, desde el año 2003 al presente, hayan sido adjudicadas o financiadas por el organismo a su cargo a la empresa Siemens o a alguna firma en la que ésta tenga participación o con la que guarde cualquier relación”, según consta en el texto al que accedió Crítica de la Argentina. El mismo documento recibieron otras dependencias del Ministerio de Planificación, que suelen concentrar las grandes licitaciones de obra pública en la gestión K.
A pesar de que en los artículos publicados no se especificaba por qué contrato se habrían pagado casi cinco millones de euros en coimas, en ese entonces la empresa participaba de licitaciones por la electrificación de subtes y el mantenimiento de centrales hidroeléctricas, entre otros negocios. La obra más importante llegó más adelante, luego de que el ex director general para América Latina de Siemens se reuniera con Julio de Vido en 2004 y en 2006 para cerrar la construcción de una turbina de la central termoeléctrica de Campana. También Siemens ganó una obra en Timbúes. Mientras responde los pedidos de la OA, Enarsa está decidiendo si otorga a Siemens –asociada a Electroingeniería- la construcción de otra central en Campana por 800 millones de pesos.. Son los únicos oferentes.
AVANZA LA CAUSA POR LOS APORTES A LA CAMPAÑA K. El fiscal federal Jorge Di Lello quedó a cargo de la investigación sobre supuestas irregularidades en el aporte de fondos para la campaña electoral de la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, según decidió la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría.
La información fue difundida por el denunciante en la causa, el abogado Ricardo Monner Sans, quien aportó nueva documentación y sugirió, como medida de prueba, que se investigue una supuesta desavenencia política entre la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y el auperintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli.
“No es ajeno al tema de autos, como lo puede advertir cualquier desprevenido ciudadano, la instalada polémica entre la ministra de Salud, la licenciada Graciela Ocaña, y el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli”, sostiene textualmente la presentación. Capaccioli fue el responsable formal de recolectar fondos para la campaña electoral de la actual Presidenta.
Monner Sans formuló la denuncia el 15 de septiembre pasado. Por su parte, otras dos presentaciones tramitan simultáneamente ante los juzgados federales a cargo de los magistrados Ariel Lijo y Claudio Bonadío.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital) – 08/10/2008
