Por Luciana Geuna.*
La medida alcanza a Alessandra Minicelli, esposa del ministro de Planificación. La denuncia se originó luego de que Crítica de la Argentina publicara las declaraciones juradas de los funcionarios.
El fiscal federal Oscar Amirante dio curso esta semana a una investigación judicial por enriquecimiento ilícito contra el poderoso ministro de Planificación, Julio De Vido, y su esposa, la ex titular de la SIGEN, Alessandra Minicelli. Las contradicciones en sus declaraciones juradas habían sido publicadas por Crítica de la Argentina.
El abogado Ricardo Monner Sans convirtió esa información en una denuncia que acaba de avalar Amirante. Así, se abre una nueva grieta en el cerco invisible que parecía proteger a los funcionarios kirchneristas de la justicia penal.
El juez Octavio Aráoz de Lamadrid debe cumplir ahora con los pedidos de Amirante para comenzar la investigación. En su escrito, el fiscal solicita que se pidan informes sobre las propiedades del matrimonio al registro de la propiedad inmueble de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.
En ese punto está uno de los datos llamativos de la familia De Vido. A nombre de Minicelli figura –en la declaración jurada presentada este año ante la Oficina Anticorrupción–, una casa comprada el año pasado en el Club de Chacras Puerto Panal, en Zárate. Para pagar esa compra, “Lali” se endeudó en 290 mil dólares con Francisco Blas Battle, un empresario que figura con varias sociedades en el rubro inmobiliario.
De Vido consigna esa compra de su mujer como un “campo” de 34.499 m2. Sin embargo, nada dice sobre la casona color terracota de 300 m2 que está posada sobre ese lote ni sobre las reformas que le realizaron para dejarla a punto para los fines de semana campestres que suelen pasar ahí.
Fuentes del mercado inmobiliario de la zona donde tienen su nueva casa reconocieron a Crítica de la Argentina que la propiedad está valuada en 750 mil dólares, el doble de lo que figura en la declaración ante la OA.
En su “requerimiento de instrucción” el fiscal también pidió que el Banco Central envíe todas las cuentas bancarias a nombre del ministro y su mujer. Sucede que el matrimonio prioriza el efectivo sobre los ladrillos.
La única propiedad de importancia es la que acaban de declarar. Por el resto, sólo dicen tener dos pequeños inmuebles en Palermo. En realidad, reconocen poseer la mitad de un departamento heredado de 56 m2 y el 8,38% de otro del mismo tamaño que declaran como “donado”.
El patrimonio se cuenta en billetes. De Vido reconoce depósitos por 607.937 pesos. Si se le suman los ahorros de su mujer, la pareja llega a 976.980 pesos. Lo curioso es que su patrimonio crece a pesar de que trabajar en Buenos Aires les genera más gastos que ganancias según sus ingresos. Él percibe diez mil pesos por mes como ministro, una suma similar al monto de alquiler que paga para vivir en el lujoso piso 10 de avenida Libertador 2277, casi Coronel Díaz. Las expensas ya significarían un gasto suntuoso.
En el caso de Lali, también hay datos que no cierran. Además de los ingresos que declaró por su trabajo en la SIGEN –cargo que abandonó cuando asumió Cristina Kirchner como Presidenta–, dijo haber ganado $132.295 como abogada. Sin embargo, está inscrita en la AFIP como trabajadora autónoma en la categoría III. Según la ley, esa categoría contempla a quienes tengan ingresos brutos anuales inferiores o iguales a 15.000 pesos.
El artículo de Crítica de la Argentina que originó la denuncia contra De Vido y su esposa también mostraba los “agujeros negros” en las declaraciones del matrimonio presidencial y de una decena de funcionarios. Por esa razón, en distintos juzgados están comenzando a moverse otras cinco denuncias contra Guillermo Moreno, Enrique Albistur, José López y Ricardo Jaime.
Skanska
La Cámara de Apelaciones ratificó ayer una de las medidas más fuertes que había tomado ex juez Guillermo Montenegro cuando estaba a cargo de la causa por posibles coimas en la construcción de una planta comprensora realizada por Skanska.
En junio del año pasado, el magistrado dispuso un embargo de siete millones de pesos a los ex funcionarios kirchneristas Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, ambos imputados en el expediente. La misma medida aplicó a los ex gerentes de la multinacional pero por un millón de pesos. Esa decisión fue apelada entonces por los abogados de los imputados, pero el escrito firmado ayer por la Sala I de la Cámara decidió confirmar aquella medida. Con esa resolución ratifican el estado de sospecha que pesa sobre los imputados.
En el escrito también piden a Norberto Oyarbide –quien está a cargo temporalmente del juzgado Nº 7- que resuelva la situación procesal de los imputados que sigue pendiente desde la salida de Montenegro. Al asumir la causa, Oyarbide amplió los cargos y detectó “errores formales” en la primera ronda de indagatorias. En consecuencia, volvió a citarlos. La Cámara pide que defina lo antes posible si los procesa o no.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital e Impresa) – 20/09/2008
La medida alcanza a Alessandra Minicelli, esposa del ministro de Planificación. La denuncia se originó luego de que Crítica de la Argentina publicara las declaraciones juradas de los funcionarios.
El fiscal federal Oscar Amirante dio curso esta semana a una investigación judicial por enriquecimiento ilícito contra el poderoso ministro de Planificación, Julio De Vido, y su esposa, la ex titular de la SIGEN, Alessandra Minicelli. Las contradicciones en sus declaraciones juradas habían sido publicadas por Crítica de la Argentina.
El abogado Ricardo Monner Sans convirtió esa información en una denuncia que acaba de avalar Amirante. Así, se abre una nueva grieta en el cerco invisible que parecía proteger a los funcionarios kirchneristas de la justicia penal.
El juez Octavio Aráoz de Lamadrid debe cumplir ahora con los pedidos de Amirante para comenzar la investigación. En su escrito, el fiscal solicita que se pidan informes sobre las propiedades del matrimonio al registro de la propiedad inmueble de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.
En ese punto está uno de los datos llamativos de la familia De Vido. A nombre de Minicelli figura –en la declaración jurada presentada este año ante la Oficina Anticorrupción–, una casa comprada el año pasado en el Club de Chacras Puerto Panal, en Zárate. Para pagar esa compra, “Lali” se endeudó en 290 mil dólares con Francisco Blas Battle, un empresario que figura con varias sociedades en el rubro inmobiliario.
De Vido consigna esa compra de su mujer como un “campo” de 34.499 m2. Sin embargo, nada dice sobre la casona color terracota de 300 m2 que está posada sobre ese lote ni sobre las reformas que le realizaron para dejarla a punto para los fines de semana campestres que suelen pasar ahí.
Fuentes del mercado inmobiliario de la zona donde tienen su nueva casa reconocieron a Crítica de la Argentina que la propiedad está valuada en 750 mil dólares, el doble de lo que figura en la declaración ante la OA.
En su “requerimiento de instrucción” el fiscal también pidió que el Banco Central envíe todas las cuentas bancarias a nombre del ministro y su mujer. Sucede que el matrimonio prioriza el efectivo sobre los ladrillos.
La única propiedad de importancia es la que acaban de declarar. Por el resto, sólo dicen tener dos pequeños inmuebles en Palermo. En realidad, reconocen poseer la mitad de un departamento heredado de 56 m2 y el 8,38% de otro del mismo tamaño que declaran como “donado”.
El patrimonio se cuenta en billetes. De Vido reconoce depósitos por 607.937 pesos. Si se le suman los ahorros de su mujer, la pareja llega a 976.980 pesos. Lo curioso es que su patrimonio crece a pesar de que trabajar en Buenos Aires les genera más gastos que ganancias según sus ingresos. Él percibe diez mil pesos por mes como ministro, una suma similar al monto de alquiler que paga para vivir en el lujoso piso 10 de avenida Libertador 2277, casi Coronel Díaz. Las expensas ya significarían un gasto suntuoso.
En el caso de Lali, también hay datos que no cierran. Además de los ingresos que declaró por su trabajo en la SIGEN –cargo que abandonó cuando asumió Cristina Kirchner como Presidenta–, dijo haber ganado $132.295 como abogada. Sin embargo, está inscrita en la AFIP como trabajadora autónoma en la categoría III. Según la ley, esa categoría contempla a quienes tengan ingresos brutos anuales inferiores o iguales a 15.000 pesos.
El artículo de Crítica de la Argentina que originó la denuncia contra De Vido y su esposa también mostraba los “agujeros negros” en las declaraciones del matrimonio presidencial y de una decena de funcionarios. Por esa razón, en distintos juzgados están comenzando a moverse otras cinco denuncias contra Guillermo Moreno, Enrique Albistur, José López y Ricardo Jaime.
Skanska
La Cámara de Apelaciones ratificó ayer una de las medidas más fuertes que había tomado ex juez Guillermo Montenegro cuando estaba a cargo de la causa por posibles coimas en la construcción de una planta comprensora realizada por Skanska.
En junio del año pasado, el magistrado dispuso un embargo de siete millones de pesos a los ex funcionarios kirchneristas Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, ambos imputados en el expediente. La misma medida aplicó a los ex gerentes de la multinacional pero por un millón de pesos. Esa decisión fue apelada entonces por los abogados de los imputados, pero el escrito firmado ayer por la Sala I de la Cámara decidió confirmar aquella medida. Con esa resolución ratifican el estado de sospecha que pesa sobre los imputados.
En el escrito también piden a Norberto Oyarbide –quien está a cargo temporalmente del juzgado Nº 7- que resuelva la situación procesal de los imputados que sigue pendiente desde la salida de Montenegro. Al asumir la causa, Oyarbide amplió los cargos y detectó “errores formales” en la primera ronda de indagatorias. En consecuencia, volvió a citarlos. La Cámara pide que defina lo antes posible si los procesa o no.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital e Impresa) – 20/09/2008
