Por Ángela Mabel González Candia
Profesora del Nivel Inicial.
Matricula Prof 5093
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Técnica Social
Matricula Prof 148.676
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En cierta forma, lo que llamamos “libertad de prensa” hace referencia a la existencia de “garantías constitucionales”, en virtud de las cuales los ciudadanos de un país pueden organizarse para la edición de medios de comunicación, en cualquiera de sus formas lícitas, y cuyos contenidos no estén controlados por los poderes del Estado.
En los EE.UU., por ejemplo, éste derecho está garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución Estadounidense. Sin embargo, no todos los países han procedido en la misma dirección, como es el caso, por ejemplo, de Australia, donde este derecho no está asegurado.
En Argentina, la libertad de prensa es un derecho históricamente adquirido, ya desde la primera constitución de año 1853 y ratificado en la reforma 1860.
Desde esta perspectiva, la libertad de prensa es un”derecho civil”, de igual importancia que cualquier otro que devenga de nuestra carta magna.
Por esto mismo, si fueran consistentes (como parecen serlas) las versiones que indican que el poder ejecutivo intenta “controlar”, los contenidos de la información que proporcionan los medios de comunicación social, a través del llamado “Observatorio contra la Discriminación en los Medios”, se estaría ante un claro caso de “inconstitucionalidad”; y es de esperar que así lo entienda la Cámara de Diputados de la Nación, a la hora de tratar el asunto.
En efecto, no sería admisible que, teniendo en cuenta la importancia que tienen los medios de comunicación y de información en el funcionamiento del sistema democrático de un gobierno, que el actual ejecutivo nacional pretendiese lograr la “uniformidad de pensamiento”, el “pensamiento único”, cercenando la libertad de prensa.
Por otra parte, y a la manera en que se mira la otra cara de una misma moneda, la libertad de prensa, además de ser un “derecho civil legítimo”, es también un “instrumento o servicio” para la sociedad en su conjunto, toda vez que sin libertad de prensa sería casi imposible la formación de la opinión pública; no se podría lograr la pluralidad de pensamientos; no se podría ejercer el derecho a informar y a estar objetivamente informado. Y lo que es más grave, se perdería el legítimo derecho al disenso.
En efecto, sin información, se banaliza, en cierto modo, la discusión política y se condena a la sociedad a la “despolitización”, al retraimiento de lo público; en definitiva, a no permitir el entendimiento y el discernimiento. Así es imposible pensar en una participación racional y democrática.
"Los ataques a los medios son indefectiblemente seguidos de ataques a otras instituciones democráticas. El hecho de que la libertad de prensa esté en retroceso es una muy preocupante señal de que la propia democracia sufrirá ataques", señalaba en un comunicado la directora ejecutiva del grupo Jennifer Windsor.
En cualquier sociedad democrática, siempre se entendió que “la opinión pública” estaba destinada a ser el instrumento mediante el cual la sociedad manifestaba su respaldo o su desprecio por las decisiones gubernamentales o por los propios gobernantes.
La libertad de Prensa es el barómetro que permite medir el nivel general de libertad, que goza un pueblo. Allí donde la libertad de prensa retrocede o padece restricciones no tardan en desmoronarse la convivencia democrática y el Estado de Derecho. Hay una interrelación profunda y permanente entre la existencia de una prensa independiente y libre de tutelas y la consolidación de un sistema institucional maduro y democrático.
En un país democrático la prensa, más allá de cualquier línea editorial, pone su atención en el hombre, en sus necesidades, en su dignidad y sus derechos, denunciando las injusticias, defendiendo a los débiles, y acusando a los delincuentes, y manteniendo, normalmente, un rumbo de patriotismo y de defensa nacional.
El derecho “de” y “a” la información sólo tiene sentido en el contexto de una sociedad abierta, progresiva, pluralista y democrática, en la que el derecho supone una garantía para el ejercicio de las auténticas libertades individuales y sociales.
