Lo dispuso la Cámara de Casación a raíz de la apelación de la Fiscalía. El Gobierno, que repudió la decisión, solicitará el inicio de un juicio político a los jueces. Cruce entre Aníbal F. y Fayt, de la Corte.
La Cámara de Casación penal suspendió este viernes la ejecución de la sentencia que dispuso la excarcelación de diecisiete procesados por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, como Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta.
La decisión fue tomada por la sala II del máximo tribunal penal a raíz de la apelación presentada por el fiscal Raúl Plee. La Cámara "ha realizado una incorrecta interpretación de las normas que regulan el instituto de la prisión preventiva y por ende la excarcelación", señala Plee en su escrito. Y agrega que "también resulta indicativo del peligro de fuga, y el hecho de muchos de los imputados hayan evadido anteriormente la acción de la Justicia".
Incluso, el fiscal consideró que aún existe una "falta de información sobre el destino de las víctimas de los secuestros imputados" a los acusados, y aseguró que al concederles la libertad a los represores se "contribuiría a mantener ese estado de cosas".
A esta presentación se sumó la fue incesante ofensiva del Gobierno para evitar que los represores salgan de la cárcel . El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció esta tarde que solicitará el inicio de un juicio político a los magistrados que dictaron la libertad de los diecisiete represores que actuaron en la ESMA y planteará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Duhalde argumentó que la medida apunta a "evitar un escándalo jurídico" por la decisión de los jueces subrogantes de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci y Luis María García.
LA RESPUESTA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Antes del anuncio del Secretario de Derechos Humanos, hubo un fuerte cruce entre el juez de la Corte Carlos Fayt y el ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández.
El magistrado salió a responder a las críticas de la presidenta Cristina Fernández por el fallo de la Cámara de Casación que ordenó liberar a Alfredo Astiz y Jorge “El tigre” Acosta.
"No es culpa de la Justicia la excarcelación de los represores de la ESMA, es del Congreso, que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados", advirtió el magistrado.
Fayt, por otra parte, sostuvo que "el país no puede intranquilizarse" con el fallo de Casación, ya que, recordó, "lo único seguro es que esta gente está detenida, y sigue detenida".
En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no tardó en replicar las críticas de Fayt. “No fue un fallo garantista, todo lo contrario estamos ante una de las peores actitudes conservadoras del Poder Judicial. Con esta decisión trabajaron para los peores represores de la dictadura”.
"El Congreso trabaja muchísimo. La culpa es de los responsables de la Justicia que permitieron estas chicanas que impidieron un juicio oral lo antes posible, que hubiera demostrado los delitos de lesa humanidad", recalcó el funcionario.
En tanto, Aníbal F informó que desde la Secretaría de Derechos Humanos que comanda Eduardo Luis Duhalde harán las apelaciones necesarias para que “el caso sea tratado por la Corte Suprema”, a la que pertenece Fayt.
LA ORDEN DE LIBERACIÓN PAR ASTIZ Y ACOSTA. La Sala II de la Cámara de Casación Penal concedió ayer la libertad de Acosta, Astiz y otros 10 marinos procesados por violaciones a los derechos humanos.
El fallo de la Sala II de ese tribunal se basó en el tiempo de detención sin sentencia de los represores, con lo cual hubieran podido disfrutar de este beneficio siempre que no tuvieran otras causas pendientes con la Justicia.
Pero los camaristas Wagner Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García entendieron que los plazos deben computarse desde el primer día de detención, y así fue como entendieron que se vencieron los tiempos de las prisiones preventivas.
De esta manera, dispusieron el cese de las prisiones preventivas de los imputados, quienes estaban detenidos desde hace más de tres años, mientras que Scheller lleva más de cinco cumpliendo prisión preventiva.
A su vez, los posibles beneficiarios de esta decisión son Jorge "El Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Oscar Montes, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Manuel Jacinto García Tallada, Raul Enrique Scheller, Alberto González, Pablo Eduardo García Velazco, Néstor Omar Savio, Ernesto Frimon Weber y Víctor Francisco Cardo.
Todos ellos se encuentran procesados como partícipes necesarios de los delitos de aplicación de tormentos en forma reiterada, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada.
*FUENTE: Crítica de la Argentina – 19/12/2008
La Cámara de Casación penal suspendió este viernes la ejecución de la sentencia que dispuso la excarcelación de diecisiete procesados por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, como Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta.
La decisión fue tomada por la sala II del máximo tribunal penal a raíz de la apelación presentada por el fiscal Raúl Plee. La Cámara "ha realizado una incorrecta interpretación de las normas que regulan el instituto de la prisión preventiva y por ende la excarcelación", señala Plee en su escrito. Y agrega que "también resulta indicativo del peligro de fuga, y el hecho de muchos de los imputados hayan evadido anteriormente la acción de la Justicia".
Incluso, el fiscal consideró que aún existe una "falta de información sobre el destino de las víctimas de los secuestros imputados" a los acusados, y aseguró que al concederles la libertad a los represores se "contribuiría a mantener ese estado de cosas".
A esta presentación se sumó la fue incesante ofensiva del Gobierno para evitar que los represores salgan de la cárcel . El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció esta tarde que solicitará el inicio de un juicio político a los magistrados que dictaron la libertad de los diecisiete represores que actuaron en la ESMA y planteará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Duhalde argumentó que la medida apunta a "evitar un escándalo jurídico" por la decisión de los jueces subrogantes de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci y Luis María García.
LA RESPUESTA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Antes del anuncio del Secretario de Derechos Humanos, hubo un fuerte cruce entre el juez de la Corte Carlos Fayt y el ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández.
El magistrado salió a responder a las críticas de la presidenta Cristina Fernández por el fallo de la Cámara de Casación que ordenó liberar a Alfredo Astiz y Jorge “El tigre” Acosta.
"No es culpa de la Justicia la excarcelación de los represores de la ESMA, es del Congreso, que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados", advirtió el magistrado.
Fayt, por otra parte, sostuvo que "el país no puede intranquilizarse" con el fallo de Casación, ya que, recordó, "lo único seguro es que esta gente está detenida, y sigue detenida".
En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no tardó en replicar las críticas de Fayt. “No fue un fallo garantista, todo lo contrario estamos ante una de las peores actitudes conservadoras del Poder Judicial. Con esta decisión trabajaron para los peores represores de la dictadura”.
"El Congreso trabaja muchísimo. La culpa es de los responsables de la Justicia que permitieron estas chicanas que impidieron un juicio oral lo antes posible, que hubiera demostrado los delitos de lesa humanidad", recalcó el funcionario.
En tanto, Aníbal F informó que desde la Secretaría de Derechos Humanos que comanda Eduardo Luis Duhalde harán las apelaciones necesarias para que “el caso sea tratado por la Corte Suprema”, a la que pertenece Fayt.
LA ORDEN DE LIBERACIÓN PAR ASTIZ Y ACOSTA. La Sala II de la Cámara de Casación Penal concedió ayer la libertad de Acosta, Astiz y otros 10 marinos procesados por violaciones a los derechos humanos.
El fallo de la Sala II de ese tribunal se basó en el tiempo de detención sin sentencia de los represores, con lo cual hubieran podido disfrutar de este beneficio siempre que no tuvieran otras causas pendientes con la Justicia.
Pero los camaristas Wagner Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García entendieron que los plazos deben computarse desde el primer día de detención, y así fue como entendieron que se vencieron los tiempos de las prisiones preventivas.
De esta manera, dispusieron el cese de las prisiones preventivas de los imputados, quienes estaban detenidos desde hace más de tres años, mientras que Scheller lleva más de cinco cumpliendo prisión preventiva.
A su vez, los posibles beneficiarios de esta decisión son Jorge "El Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Oscar Montes, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Manuel Jacinto García Tallada, Raul Enrique Scheller, Alberto González, Pablo Eduardo García Velazco, Néstor Omar Savio, Ernesto Frimon Weber y Víctor Francisco Cardo.
Todos ellos se encuentran procesados como partícipes necesarios de los delitos de aplicación de tormentos en forma reiterada, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada.
*FUENTE: Crítica de la Argentina – 19/12/2008
