Por Adrián Ventura*
La orden del juez de Nueva York Thomas Griesa tiene el efecto de inmovilizar todos los fondos, acciones, créditos y bienes que existan o que pudieran encontrarse en los Estados Unidos a nombre de la Anses y de las AFJP: no podrán ser vendidos ni transferidos fuera del país del Norte.
En cierta forma, el juez norteamericano vino a señalarle al Gobierno que estatizar los fondos de pensión puede tener un costo y que una medida política, improvisada o no, siempre trae consecuencias. El Congreso nacional, antes de aprobar a ojos cerrados el proyecto oficial, debería evaluar sus consecuencias jurídicas y económicas.
Por eso, la medida del juez Griesa tiene un alcance muy grande, no tanto por los montos involucrados, sino por su proyección.
Actualmente, los fondos de pensión continúan siendo de los jubilados que aportan a las AFJP y todavía no fueron transferidos al patrimonio estatal de la Anses. El juez Griesa es consciente de ello y, cuando dictó la orden, no se equivocó. En efecto, escribió que la Argentina "anunció planes para nacionalizarlos".
Como se desprende de la misma resolución, la medida judicial es una suerte de embargo preventivo o, como lo conocemos en la Argentina, una inhibición para disponer de los bienes o acciones que pudieran aparecer.
El juez de Nueva York, que en varias ocasiones dio muestras de no tener animosidad alguna contra nuestro país -pero que ya dispuso algunos embargos con anterioridad-, dictó la medida en la causa Aurelius Partners LP contra la República Argentina.
Ayer, quizás habiendo sido anoticiada de esta decisión, la presidenta Cristina Kirchner dijo en El Salvador que el proyecto oficial no significa "estatizar los fondos" y acusó a la prensa de "confundir". Pero llevar el dinero de los particulares a la Anses no es otra cosa que eso.
Nacionalizar fondos privados, estatizar una aerolínea o disponer medidas sin suficiente mérito de sus alcances siempre tiene consecuencias.
*FUENTE: lanacion.com – 31/10/2008
La orden del juez de Nueva York Thomas Griesa tiene el efecto de inmovilizar todos los fondos, acciones, créditos y bienes que existan o que pudieran encontrarse en los Estados Unidos a nombre de la Anses y de las AFJP: no podrán ser vendidos ni transferidos fuera del país del Norte.
En cierta forma, el juez norteamericano vino a señalarle al Gobierno que estatizar los fondos de pensión puede tener un costo y que una medida política, improvisada o no, siempre trae consecuencias. El Congreso nacional, antes de aprobar a ojos cerrados el proyecto oficial, debería evaluar sus consecuencias jurídicas y económicas.
Por eso, la medida del juez Griesa tiene un alcance muy grande, no tanto por los montos involucrados, sino por su proyección.
Actualmente, los fondos de pensión continúan siendo de los jubilados que aportan a las AFJP y todavía no fueron transferidos al patrimonio estatal de la Anses. El juez Griesa es consciente de ello y, cuando dictó la orden, no se equivocó. En efecto, escribió que la Argentina "anunció planes para nacionalizarlos".
Como se desprende de la misma resolución, la medida judicial es una suerte de embargo preventivo o, como lo conocemos en la Argentina, una inhibición para disponer de los bienes o acciones que pudieran aparecer.
El juez de Nueva York, que en varias ocasiones dio muestras de no tener animosidad alguna contra nuestro país -pero que ya dispuso algunos embargos con anterioridad-, dictó la medida en la causa Aurelius Partners LP contra la República Argentina.
Ayer, quizás habiendo sido anoticiada de esta decisión, la presidenta Cristina Kirchner dijo en El Salvador que el proyecto oficial no significa "estatizar los fondos" y acusó a la prensa de "confundir". Pero llevar el dinero de los particulares a la Anses no es otra cosa que eso.
Nacionalizar fondos privados, estatizar una aerolínea o disponer medidas sin suficiente mérito de sus alcances siempre tiene consecuencias.
*FUENTE: lanacion.com – 31/10/2008
