Entre 1991 y 1995, firmó tres decretos para la venta de armamento, luego desviado a Croacia y Ecuador.
Por primera vez en la historia, un ex presidente argentino va a juicio oral. Este jueves, cuando comiencen las audiencias por contrabando en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, Carlos Menem ocupará el lugar de los acusados junto a 17 ex funcionarios más que habrían participado durante cuatro años de una operación clandestina que derivó en uno de los mayores escándalos de corrupción de la era menemista. Las siguientes son las claves del caso.
¿Cómo se produjo la venta ilegal de armas?
Entre 1991 y 1995, el gobierno argentino escribió tres decretos –con la firma del entonces presidente Carlos Menem y varios de sus ministros– que autorizaban la venta de armas a Panamá y Venezuela. Esos decretos fueron la punta del iceberg que desmanteló una operación ilegal de desvío de armamento a Croacia y Ecuador, dos países a los que estaba prohibido venderles material bélico. En el primer caso, por un embargo de las Naciones Unidas por la guerra contra los serbios, y en el segundo, porque la Argentina era garante de paz en el conflicto que ese país mantenía con Perú.
¿Cuántos envíos se realizaron?
La Justicia pudo probar que durante ese período se hicieron siete embarques a Croacia mientras que en febrero de 1995 se enviaron tres vuelos con armas a Ecuador.
¿Cómo se llevará adelante el juicio?
Estará a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, constituido por Luis Imas, Horacio Artade y Luis Losada. Se realizará en el subsuelo de Comodoro Py y están convocados 500 testigos. Calculan que durará siete meses. Las audiencias se realizarán todos los martes y viernes excepto esta primera semana, en que la cita será para el próximo jueves.
¿De qué se lo acusa a Carlos Menem?
Está procesado por contrabando de material bélico, que prevé una pena de hasta doce años de prisión. Sin embargo, en su caso está agravado por tres hechos: la naturaleza de la mercadería de la que se trata, la participación de tres o más personas y por tratarse de un funcionario público en uso de funciones (durante la comisión de los delitos). Por estas calificaciones podría sumar hasta 37 años de cárcel en caso de que lo encontraran culpable. Sin embargo, hasta que no le quiten los fueros, no podría ser detenido.
¿Quiénes son los otros acusados?
Además de Menem, hay otras 17 personas en este juicio. El ex cuñado del riojano, Emir Yoma; el ex ministro de Defensa, Oscar Camillión; el ex director de Coordinación Empresarial del Ministerio de Defensa, Mauricio Muzi; el ex jefe de la Fuerza Aérea, Juan Paulik; el ex director de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de Cancillería, Enrique de la Torre; el intermediario Diego Palleros; una ex funcionaria de Aduana, y una decena de ex funcionarios de Fabricaciones Militares encabezados por Luis Sarlenga, el ex interventor.
Durante el juicio, ¿puede revelarse información desconocida sobre las maniobras ilegales en la venta de armas?
En la etapa de instrucción se supone que la causa reúne todos los elementos para probar la acusación durante el juicio oral. Sin embargo, según el fiscal de juicio, Mariano Borinsky, además del desvío de armas –sobre lo que hay mucha prueba en el expediente– en el juicio sería importante avanzar sobre la ruta del dinero. Se calcula que estas operaciones dejaron 45 millones de dólares sobre los que todavía falta reconstruir parte del destino y de los destinatarios. Hasta ahora, el vínculo más cercano que encontró la Justicia entre ese dinero y la política está en los movimientos de cuentas de empresas relacionadas con Emir Yoma.
OPINIÓN
Cómo hice la denuncia que inició la causa
Ricardo Monner Sans (Abogado)
Febrero de 1995. Es sábado. Abro mi estudio. Hay un sobre. Contiene lo que parece una fotocopia de un decreto secreto y reservado. Lleva el número 103 y dice enero de 1995. Leo su inicio: “Visto el pedido de armas efectuado por Venezuela…”, etc. Trae una advertencia: “Estudie, investigue, el decreto existe, Venezuela no pidió armas”. En un congreso en la isla de Malta había conocido a un abogado venezolano. Llamo a Caracas y pregunto. Pide 48 horas: “En enero de 1995 no hemos pedido armas a ningún país del mundo”, contesta. Pero, ¿y si la fotocopia no se correspondía con un original y se quería que pisara cáscara de banana por aquello de que me he metido contra la corrupción practicada durante todos los gobiernos que supimos conseguir? Hubo y habrá gente que trabaja en la administración pública con mucha antigüedad a quien le perdura la sensación de asco. Me vinculo. “El número del decreto corresponde a la fecha, es imposible ver el original.” Segundo dato. Dos matutinos empiezan a poner en alta voz que se cargaban armas a Ecuador en Ezeiza. Por la guerra del Cóndor entre Perú y Ecuador el Protocolo de Río de Janeiro había atribuido a la Argentina el carácter de cogarante de la paz. La luz se hacía. La audacia también. Alguien dibujaba decretos, reales en su apariencia, falsos en su contenido, y entonces se apropiaban dineros por izquierda.
15 de marzo de 1995. El mismo día en que cae horas después el helicóptero y muere Junior. Voy a los tribunales federales con el texto de denuncia y con fotocopia de lo recibido. Sorpresa y desconfianza. Supe, años después, que yo había estado bajo investigación. “¿A quién sirve?” Y si bien por aquel tiempo tenía ganado un cierto respeto por haberme metido también con los mequetrefes del elenco menemista, 1995 le va a dar a Carlos Saúl la reelección. Quedé a contramano de aquello tan ambiguo: la opinión pública. ¿Meterme con un presidente en ejercicio? El tema empezaba a avanzar y –más allá de mi disenso actual– el entonces fiscal Stornelli empuja. Empuja la Sala II de la Cámara de Apelaciones –Cattani, Luraschi, Irurzun–, indicándole al juez Urso medidas profundas. Así, más allá de Sarlenga, de Palleros, empiezan a aparecer nombres de ministros. Se descubren varios decretos. Uno hasta indicaba “armas a Panamá”, cuando el país invadido por los yanquis no podía haber pedido nada. Ninguna voz política acompañaba el esfuerzo. Algún gobernador de Santa Cruz explicaba que Carlos Saúl era el mejor presidente en toda la historia. ¿Y el hombre de la gran confianza presidencial –Balza, hoy embajador de los Kirchner– de cuyo ámbito salió la mayor cantidad de armas, maquilladas en Río Tercero para ser enviadas a Croacia y a Bosnia?
Noviembre de 1995. Hay que borrar pruebas. Se provocan muertes y pánico. “Ustedes los periodistas –dice don Carlos– tienen que explicar que Río Tercero ha sido un accidente.” El tiempo me iba a permitir ser querellante en Córdoba. El tiempo me iba a permitir ser abogado de la viuda del coronel Aguilar, el militar argentino que desde Perú advirtió a los poderosos que ese país conocía que se iban a cargar armas a Ecuador. Enviuda por la extraña caída de un helicóptero y el Ejército le entrega un cajón cerrado. La asisto como querellante. Hasta hoy no sabe a quién le está poniendo flores. Con él muere otro testigo clave: el general Andreoli, hombre que por haber pertenecido a la Dirección de Arsenales (Ejército) y a Fabricaciones Militares seguramente complicaría a más de uno. El jueves comienza –más de trece años después del 15 de marzo– el juicio oral y público. ¿Será justicia?
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital) – 14/10/2008
Por primera vez en la historia, un ex presidente argentino va a juicio oral. Este jueves, cuando comiencen las audiencias por contrabando en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, Carlos Menem ocupará el lugar de los acusados junto a 17 ex funcionarios más que habrían participado durante cuatro años de una operación clandestina que derivó en uno de los mayores escándalos de corrupción de la era menemista. Las siguientes son las claves del caso.
¿Cómo se produjo la venta ilegal de armas?
Entre 1991 y 1995, el gobierno argentino escribió tres decretos –con la firma del entonces presidente Carlos Menem y varios de sus ministros– que autorizaban la venta de armas a Panamá y Venezuela. Esos decretos fueron la punta del iceberg que desmanteló una operación ilegal de desvío de armamento a Croacia y Ecuador, dos países a los que estaba prohibido venderles material bélico. En el primer caso, por un embargo de las Naciones Unidas por la guerra contra los serbios, y en el segundo, porque la Argentina era garante de paz en el conflicto que ese país mantenía con Perú.
¿Cuántos envíos se realizaron?
La Justicia pudo probar que durante ese período se hicieron siete embarques a Croacia mientras que en febrero de 1995 se enviaron tres vuelos con armas a Ecuador.
¿Cómo se llevará adelante el juicio?
Estará a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, constituido por Luis Imas, Horacio Artade y Luis Losada. Se realizará en el subsuelo de Comodoro Py y están convocados 500 testigos. Calculan que durará siete meses. Las audiencias se realizarán todos los martes y viernes excepto esta primera semana, en que la cita será para el próximo jueves.
¿De qué se lo acusa a Carlos Menem?
Está procesado por contrabando de material bélico, que prevé una pena de hasta doce años de prisión. Sin embargo, en su caso está agravado por tres hechos: la naturaleza de la mercadería de la que se trata, la participación de tres o más personas y por tratarse de un funcionario público en uso de funciones (durante la comisión de los delitos). Por estas calificaciones podría sumar hasta 37 años de cárcel en caso de que lo encontraran culpable. Sin embargo, hasta que no le quiten los fueros, no podría ser detenido.
¿Quiénes son los otros acusados?
Además de Menem, hay otras 17 personas en este juicio. El ex cuñado del riojano, Emir Yoma; el ex ministro de Defensa, Oscar Camillión; el ex director de Coordinación Empresarial del Ministerio de Defensa, Mauricio Muzi; el ex jefe de la Fuerza Aérea, Juan Paulik; el ex director de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de Cancillería, Enrique de la Torre; el intermediario Diego Palleros; una ex funcionaria de Aduana, y una decena de ex funcionarios de Fabricaciones Militares encabezados por Luis Sarlenga, el ex interventor.
Durante el juicio, ¿puede revelarse información desconocida sobre las maniobras ilegales en la venta de armas?
En la etapa de instrucción se supone que la causa reúne todos los elementos para probar la acusación durante el juicio oral. Sin embargo, según el fiscal de juicio, Mariano Borinsky, además del desvío de armas –sobre lo que hay mucha prueba en el expediente– en el juicio sería importante avanzar sobre la ruta del dinero. Se calcula que estas operaciones dejaron 45 millones de dólares sobre los que todavía falta reconstruir parte del destino y de los destinatarios. Hasta ahora, el vínculo más cercano que encontró la Justicia entre ese dinero y la política está en los movimientos de cuentas de empresas relacionadas con Emir Yoma.
OPINIÓN
Cómo hice la denuncia que inició la causa
Ricardo Monner Sans (Abogado)
Febrero de 1995. Es sábado. Abro mi estudio. Hay un sobre. Contiene lo que parece una fotocopia de un decreto secreto y reservado. Lleva el número 103 y dice enero de 1995. Leo su inicio: “Visto el pedido de armas efectuado por Venezuela…”, etc. Trae una advertencia: “Estudie, investigue, el decreto existe, Venezuela no pidió armas”. En un congreso en la isla de Malta había conocido a un abogado venezolano. Llamo a Caracas y pregunto. Pide 48 horas: “En enero de 1995 no hemos pedido armas a ningún país del mundo”, contesta. Pero, ¿y si la fotocopia no se correspondía con un original y se quería que pisara cáscara de banana por aquello de que me he metido contra la corrupción practicada durante todos los gobiernos que supimos conseguir? Hubo y habrá gente que trabaja en la administración pública con mucha antigüedad a quien le perdura la sensación de asco. Me vinculo. “El número del decreto corresponde a la fecha, es imposible ver el original.” Segundo dato. Dos matutinos empiezan a poner en alta voz que se cargaban armas a Ecuador en Ezeiza. Por la guerra del Cóndor entre Perú y Ecuador el Protocolo de Río de Janeiro había atribuido a la Argentina el carácter de cogarante de la paz. La luz se hacía. La audacia también. Alguien dibujaba decretos, reales en su apariencia, falsos en su contenido, y entonces se apropiaban dineros por izquierda.
15 de marzo de 1995. El mismo día en que cae horas después el helicóptero y muere Junior. Voy a los tribunales federales con el texto de denuncia y con fotocopia de lo recibido. Sorpresa y desconfianza. Supe, años después, que yo había estado bajo investigación. “¿A quién sirve?” Y si bien por aquel tiempo tenía ganado un cierto respeto por haberme metido también con los mequetrefes del elenco menemista, 1995 le va a dar a Carlos Saúl la reelección. Quedé a contramano de aquello tan ambiguo: la opinión pública. ¿Meterme con un presidente en ejercicio? El tema empezaba a avanzar y –más allá de mi disenso actual– el entonces fiscal Stornelli empuja. Empuja la Sala II de la Cámara de Apelaciones –Cattani, Luraschi, Irurzun–, indicándole al juez Urso medidas profundas. Así, más allá de Sarlenga, de Palleros, empiezan a aparecer nombres de ministros. Se descubren varios decretos. Uno hasta indicaba “armas a Panamá”, cuando el país invadido por los yanquis no podía haber pedido nada. Ninguna voz política acompañaba el esfuerzo. Algún gobernador de Santa Cruz explicaba que Carlos Saúl era el mejor presidente en toda la historia. ¿Y el hombre de la gran confianza presidencial –Balza, hoy embajador de los Kirchner– de cuyo ámbito salió la mayor cantidad de armas, maquilladas en Río Tercero para ser enviadas a Croacia y a Bosnia?
Noviembre de 1995. Hay que borrar pruebas. Se provocan muertes y pánico. “Ustedes los periodistas –dice don Carlos– tienen que explicar que Río Tercero ha sido un accidente.” El tiempo me iba a permitir ser querellante en Córdoba. El tiempo me iba a permitir ser abogado de la viuda del coronel Aguilar, el militar argentino que desde Perú advirtió a los poderosos que ese país conocía que se iban a cargar armas a Ecuador. Enviuda por la extraña caída de un helicóptero y el Ejército le entrega un cajón cerrado. La asisto como querellante. Hasta hoy no sabe a quién le está poniendo flores. Con él muere otro testigo clave: el general Andreoli, hombre que por haber pertenecido a la Dirección de Arsenales (Ejército) y a Fabricaciones Militares seguramente complicaría a más de uno. El jueves comienza –más de trece años después del 15 de marzo– el juicio oral y público. ¿Será justicia?
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital) – 14/10/2008
