Por Alejandro Bercovich *
El estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que factura al país US$ 1.000 la hora, asesora a bancos que tienen bonos que irán al nuevo canje. Para la ley, la defensa de dos partes en pugna en un mismo juicio es prevaricato.
El estudio jurídico que defiende al país en los juicios de los bonistas extranjeros representa al mismo tiempo a la gran banca acreedora. Atiende a ambos lados del mostrador. Acaba de cerrar un contrato millonario con la inglesa Barclays, principal impulsora de la reapertura del canje de la deuda que anunció Cristina Kirchner en Nueva York. También trabajó hace poco para el Deutsche Bank, otra de las tres entidades que ofrecieron al Gobierno un arreglo para que pague los 20 mil millones de dólares de deuda que sigue en default.
El estudio es Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, uno de los más reputados en Wall Street y pieza clave en el engranaje del endeudamiento latinoamericano. Su relación con la Argentina empezó con el menemismo, en 1990, pero Néstor Kirchner lo recontrató en 2004, luego de que Eduardo Duhalde hiciera lo propio en 2002.
No cobra barato: sus abogados estrella llegan a facturar mil dólares por hora en honorarios. Según tres ex secretarios de Finanzas a los que consultó este diario, las boletas mensuales fluctúan según el trabajo que se les encarga. Algunas superaron el millón de dólares.
El bufete fue fundado en 1946 (ver aparte), pero su gran salto lo dio en la primera mitad de los 90, de la mano del Plan Brady. Mediante esa refinanciación ideada en Nueva York, los grandes bancos europeos y estadounidenses convirtieron la deuda regional en bonos que luego vendieron a particulares y fondos de inversión. Así se desprendieron del riesgo y evitaron pérdidas millonarias que luego sufrieron los acreedores más chicos. Todos los países contrataron a Cleary para la operación.
Desde que Menem se acogió al Brady, los abogados que atienden a la Argentina son Roger Thomas y Carmen Corrales. El mediático Jonathan Blackman es quien lleva la posición del Estado a la hora de enfrentar al jurado. Cuando se cerró el canje, en 2005, su trabajo se multiplicó. Los acreedores que rechazaron la quita empezaron a exigir el embargo de bienes argentinos en el exterior.
Pero pese a la verba encendida de Blackman y los argumentos filosos de Thomas y Corrales ante el juez Thomas Griesa, los embargos se multiplicaron y los fallos fueron casi siempre adversos. Por eso Cristina optó por arriar las banderas de Néstor y aceptó la propuesta de Barclays, el Deutsche y el Citigroup para reabrir el canje. Los tres bancos aseguran contar con “el aval” de dueños de títulos por 10 mil millones de dólares, lo que garantizaría el éxito de la operación.
Los operadores de la City aseguran que los bancos no pidieron el aval de los bonistas, sino que les compraron sus títulos en default cuando su precio estaba por el piso (en los últimos tres años) y ahora se aprestan a canjearlos al Gobierno por otros nuevos que sí se pagarán. Será como cerrar el ciclo del Brady con la operatoria inversa.
El estudio Cleary, en tanto, exhibe orgulloso en su página web su último contrato con Barclays. Se celebró a mediados de este mes para la adquisición de una parte del quebrado banco de inversión Lehman Brothers, el primer gigante que dejó caer George W. Bush por la crisis financiera que conmueve al mundo.
De los tres bancos que acercaron la propuesta a la Rosada para reabrir el canje, Barclays fue el más activo. Para que su oferta prosperara se contactó con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Este último se reunió la semana pasada con los abogados de Cleary en Nueva York, hacia donde voló con la comitiva presidencial.
En el Ministerio de Economía argumentan que los abogados que individualmente hablan por el país en los tribunales neoyorquinos no son los mismos que representan a los acreedores en otros negocios. Si lo hicieran, incurrirían en el delito de prevaricato, penado por la ley local. Pero el historiador argentino Alejandro Olmos (hijo), que acaba de asesorar al ecuatoriano Rafael Correa para que impugne una parte de su deuda externa, asegura que en los archivos de Quito encontró pruebas de que Cleary ocultó varias demandas y escritos a anteriores gobiernos de ese país para beneficiar a la parte acreedora.
“Ellos se fijan siempre como domicilio de notificación para todos los procesos de la deuda. Y al menos dos veces les llegaron avisos de vencimiento para Ecuador que olvidaron elevar al gobierno y que habrían podido servir para desconocer legalmente una parte de la deuda ilegítima heredada de la dictadura”, explicó Olmos a Crítica de la Argentina.
La relación entre Cleary y la administración K se resintió en los últimos meses, cuando creció la presión judicial de los acreedores. “Así no se puede seguir. No tenemos interlocutor. Necesitamos que alguien nos diga cuál es la estrategia y qué arreglo les podemos ofrecer a los jueces que piden embargos”, explotó semanas atrás uno de los abogados ante un ex funcionario argentino.
El anuncio de Cristina les traerá algo de sosiego. Pero aunque habrá menos juicios, su negocio no se va a cortar. Para emitir los bonos que surjan del nuevo canje hará falta una “opinión legal”, suerte de aval que sólo puede entregar un bufete internacional. ¿Adivine a quién se lo van a pedir?
CLETO Y ESKENAZI TAMBIÉN LOS ELIGEN. Gracias a su imagen de imprescindibles en la élite de las finanzas latinoamericanas, los abogados del estudio Cleary se expandieron a negocios con clientes públicos y privados. El grupo Petersen, del empresario kirchnerista Enrique Eskenazi, los eligió como asesores legales para la “argentinización” de YPF, como llamó el Gobierno a la compra de un 15% de la petrolera al grupo español Repsol. Otro que apeló a sus servicios fue el vicepresidente Julio César Cleto Cobos, cuando en 2004 enfrentó un juicio en Nueva York por el canje del bono Aconcagua.
Cobos autorizó la contratación directa de Cleary mediante un decreto del 6 de octubre de 2004. Ordenó pagarles honorarios por un millón y medio de pesos para que defendieran a la provincia contra un embargo que pedía el fondo buitre Greylock. La operación total era por 250 millones de dólares. Eskenazi no necesitó informar los honorarios que desembolsó, pero la operación fue bastante más jugosa: por el 15% de YPF pagó 2.235 millones de dólares.
UNA HISTORIA LARGA QUE SIEMPRE ESTUVO LIGADA A LA DEUDA. Menos a Brasil y a Venezuela, el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton representa desde los 90 a casi todos los países de América Latina en los juicios vinculados con la deuda pública. Como el Fondo Monetario, recluta a los profesionales mejor formados de Iberoamérica para aceitar sus contactos con los gobiernos de turno.
Su lujosa oficina en Manhattan, que ocupa diez pisos en un rascacielos y donde trabajan más de 500 abogados en sus cubículos, es la nave insignia entre otras filiales que posee en Frankfurt, París, Roma, Hong Kong y Beijing. Pero en sus 62 años de historia, el mayor salto lo dio con el Plan Brady, gracias al cual empezó a trabajar para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.
“No, maestro, sin estos tipos no llegás ni a la esquina”, respondió sobrador un ex secretario de Finanzas que pidió el anonimato cuando este diario le preguntó si la defensa del Estado no podría ejercerla la Procuración del Tesoro, como ocurre con los juicios de las privatizadas en el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI). La Justicia neoyorquina, con jurisdicción exclusiva sobre los bonos de la deuda, exige que la defensa de las partes en pugna la ejerzan abogados matriculados allí. Pero otro ex funcionario aseguró que se los podría contratar sólo para poner la firma.
Según el historiador Alejandro Olmos (h), entre sus clientes corporativos se encuentran el Citibank, el ABN Amro Bank, el Bank of America, el HSBC y Goldman Sachs. Entre sus especialidades, además, está la defensa de ejecutivos involucrados en delitos financieros.
CONTRATO DIRECTO Y GASTOS RESERVADOS. A diferencia de otras contrataciones, las vinculadas a la deuda del fisco no requieren licitación previa ni oferta pública. Gracias a una excepción especial al régimen de contratos del Estado, el Ministerio de Economía puede elegir el estudio de abogados y los bancos asesores que prefiera, y luego refrendar su decisión mediante un simple decreto presidencial.
El decreto 749/2002, mediante el cual Eduardo Duhalde recontrató a Cleary como representante legal para los juicios de los acreedores, especifica además los gastos del bufete que quedaron a cargo del Estado. Entre ellos están los pasajes en clase Business para los letrados, el costo de las comunicaciones y hasta las fotocopias de los documentos.
El mismo decreto fijaba un tope de 625 dólares para los honorarios por hora que podía cobrar cada abogado. Pero según las fuentes consultadas, el tope superó en los últimos meses los 1.000 dólares.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital) – 28/09/2008
El estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que factura al país US$ 1.000 la hora, asesora a bancos que tienen bonos que irán al nuevo canje. Para la ley, la defensa de dos partes en pugna en un mismo juicio es prevaricato.
El estudio jurídico que defiende al país en los juicios de los bonistas extranjeros representa al mismo tiempo a la gran banca acreedora. Atiende a ambos lados del mostrador. Acaba de cerrar un contrato millonario con la inglesa Barclays, principal impulsora de la reapertura del canje de la deuda que anunció Cristina Kirchner en Nueva York. También trabajó hace poco para el Deutsche Bank, otra de las tres entidades que ofrecieron al Gobierno un arreglo para que pague los 20 mil millones de dólares de deuda que sigue en default.
El estudio es Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, uno de los más reputados en Wall Street y pieza clave en el engranaje del endeudamiento latinoamericano. Su relación con la Argentina empezó con el menemismo, en 1990, pero Néstor Kirchner lo recontrató en 2004, luego de que Eduardo Duhalde hiciera lo propio en 2002.
No cobra barato: sus abogados estrella llegan a facturar mil dólares por hora en honorarios. Según tres ex secretarios de Finanzas a los que consultó este diario, las boletas mensuales fluctúan según el trabajo que se les encarga. Algunas superaron el millón de dólares.
El bufete fue fundado en 1946 (ver aparte), pero su gran salto lo dio en la primera mitad de los 90, de la mano del Plan Brady. Mediante esa refinanciación ideada en Nueva York, los grandes bancos europeos y estadounidenses convirtieron la deuda regional en bonos que luego vendieron a particulares y fondos de inversión. Así se desprendieron del riesgo y evitaron pérdidas millonarias que luego sufrieron los acreedores más chicos. Todos los países contrataron a Cleary para la operación.
Desde que Menem se acogió al Brady, los abogados que atienden a la Argentina son Roger Thomas y Carmen Corrales. El mediático Jonathan Blackman es quien lleva la posición del Estado a la hora de enfrentar al jurado. Cuando se cerró el canje, en 2005, su trabajo se multiplicó. Los acreedores que rechazaron la quita empezaron a exigir el embargo de bienes argentinos en el exterior.
Pero pese a la verba encendida de Blackman y los argumentos filosos de Thomas y Corrales ante el juez Thomas Griesa, los embargos se multiplicaron y los fallos fueron casi siempre adversos. Por eso Cristina optó por arriar las banderas de Néstor y aceptó la propuesta de Barclays, el Deutsche y el Citigroup para reabrir el canje. Los tres bancos aseguran contar con “el aval” de dueños de títulos por 10 mil millones de dólares, lo que garantizaría el éxito de la operación.
Los operadores de la City aseguran que los bancos no pidieron el aval de los bonistas, sino que les compraron sus títulos en default cuando su precio estaba por el piso (en los últimos tres años) y ahora se aprestan a canjearlos al Gobierno por otros nuevos que sí se pagarán. Será como cerrar el ciclo del Brady con la operatoria inversa.
El estudio Cleary, en tanto, exhibe orgulloso en su página web su último contrato con Barclays. Se celebró a mediados de este mes para la adquisición de una parte del quebrado banco de inversión Lehman Brothers, el primer gigante que dejó caer George W. Bush por la crisis financiera que conmueve al mundo.
De los tres bancos que acercaron la propuesta a la Rosada para reabrir el canje, Barclays fue el más activo. Para que su oferta prosperara se contactó con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Este último se reunió la semana pasada con los abogados de Cleary en Nueva York, hacia donde voló con la comitiva presidencial.
En el Ministerio de Economía argumentan que los abogados que individualmente hablan por el país en los tribunales neoyorquinos no son los mismos que representan a los acreedores en otros negocios. Si lo hicieran, incurrirían en el delito de prevaricato, penado por la ley local. Pero el historiador argentino Alejandro Olmos (hijo), que acaba de asesorar al ecuatoriano Rafael Correa para que impugne una parte de su deuda externa, asegura que en los archivos de Quito encontró pruebas de que Cleary ocultó varias demandas y escritos a anteriores gobiernos de ese país para beneficiar a la parte acreedora.
“Ellos se fijan siempre como domicilio de notificación para todos los procesos de la deuda. Y al menos dos veces les llegaron avisos de vencimiento para Ecuador que olvidaron elevar al gobierno y que habrían podido servir para desconocer legalmente una parte de la deuda ilegítima heredada de la dictadura”, explicó Olmos a Crítica de la Argentina.
La relación entre Cleary y la administración K se resintió en los últimos meses, cuando creció la presión judicial de los acreedores. “Así no se puede seguir. No tenemos interlocutor. Necesitamos que alguien nos diga cuál es la estrategia y qué arreglo les podemos ofrecer a los jueces que piden embargos”, explotó semanas atrás uno de los abogados ante un ex funcionario argentino.
El anuncio de Cristina les traerá algo de sosiego. Pero aunque habrá menos juicios, su negocio no se va a cortar. Para emitir los bonos que surjan del nuevo canje hará falta una “opinión legal”, suerte de aval que sólo puede entregar un bufete internacional. ¿Adivine a quién se lo van a pedir?
CLETO Y ESKENAZI TAMBIÉN LOS ELIGEN. Gracias a su imagen de imprescindibles en la élite de las finanzas latinoamericanas, los abogados del estudio Cleary se expandieron a negocios con clientes públicos y privados. El grupo Petersen, del empresario kirchnerista Enrique Eskenazi, los eligió como asesores legales para la “argentinización” de YPF, como llamó el Gobierno a la compra de un 15% de la petrolera al grupo español Repsol. Otro que apeló a sus servicios fue el vicepresidente Julio César Cleto Cobos, cuando en 2004 enfrentó un juicio en Nueva York por el canje del bono Aconcagua.
Cobos autorizó la contratación directa de Cleary mediante un decreto del 6 de octubre de 2004. Ordenó pagarles honorarios por un millón y medio de pesos para que defendieran a la provincia contra un embargo que pedía el fondo buitre Greylock. La operación total era por 250 millones de dólares. Eskenazi no necesitó informar los honorarios que desembolsó, pero la operación fue bastante más jugosa: por el 15% de YPF pagó 2.235 millones de dólares.
UNA HISTORIA LARGA QUE SIEMPRE ESTUVO LIGADA A LA DEUDA. Menos a Brasil y a Venezuela, el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton representa desde los 90 a casi todos los países de América Latina en los juicios vinculados con la deuda pública. Como el Fondo Monetario, recluta a los profesionales mejor formados de Iberoamérica para aceitar sus contactos con los gobiernos de turno.
Su lujosa oficina en Manhattan, que ocupa diez pisos en un rascacielos y donde trabajan más de 500 abogados en sus cubículos, es la nave insignia entre otras filiales que posee en Frankfurt, París, Roma, Hong Kong y Beijing. Pero en sus 62 años de historia, el mayor salto lo dio con el Plan Brady, gracias al cual empezó a trabajar para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.
“No, maestro, sin estos tipos no llegás ni a la esquina”, respondió sobrador un ex secretario de Finanzas que pidió el anonimato cuando este diario le preguntó si la defensa del Estado no podría ejercerla la Procuración del Tesoro, como ocurre con los juicios de las privatizadas en el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI). La Justicia neoyorquina, con jurisdicción exclusiva sobre los bonos de la deuda, exige que la defensa de las partes en pugna la ejerzan abogados matriculados allí. Pero otro ex funcionario aseguró que se los podría contratar sólo para poner la firma.
Según el historiador Alejandro Olmos (h), entre sus clientes corporativos se encuentran el Citibank, el ABN Amro Bank, el Bank of America, el HSBC y Goldman Sachs. Entre sus especialidades, además, está la defensa de ejecutivos involucrados en delitos financieros.
CONTRATO DIRECTO Y GASTOS RESERVADOS. A diferencia de otras contrataciones, las vinculadas a la deuda del fisco no requieren licitación previa ni oferta pública. Gracias a una excepción especial al régimen de contratos del Estado, el Ministerio de Economía puede elegir el estudio de abogados y los bancos asesores que prefiera, y luego refrendar su decisión mediante un simple decreto presidencial.
El decreto 749/2002, mediante el cual Eduardo Duhalde recontrató a Cleary como representante legal para los juicios de los acreedores, especifica además los gastos del bufete que quedaron a cargo del Estado. Entre ellos están los pasajes en clase Business para los letrados, el costo de las comunicaciones y hasta las fotocopias de los documentos.
El mismo decreto fijaba un tope de 625 dólares para los honorarios por hora que podía cobrar cada abogado. Pero según las fuentes consultadas, el tope superó en los últimos meses los 1.000 dólares.
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital) – 28/09/2008
