Por Adrián Ventura*
La decisión que el Gobierno adoptó anteayer de retocar el régimen de retenciones móviles y la intervención que ayer tomaron la Prefectura, un fiscal y un juez sobre ruralistas y una dirigente de la oposición parecen indicar que el conflicto con el campo ingresó en una nueva etapa.
En realidad, esa etapa, que apuntaría a criminalizar la protesta rural, se viene preparando desde hace varias semanas. Y hay datos objetivos que permiten inferir que la estrategia oficial contempla la utilización de la Justicia como una herramienta para combatir la protesta.
La primera acción en este sentido había pasado casi inadvertida: el mes último, el Consejo de la Magistratura requirió a los jueces federales que informaran si habían tomado medidas para levantar los cortes de rutas. Pero el hecho sí había llamado la atención de un juez federal con asiento en el interior, que, visiblemente preocupado, comentó a La Nacion: “El Gobierno siempre afirmó que no quería criminalizar las protestas y no persiguió la detención de Luis D’Elía cuando tomó una comisaría, pero ahora pretende que levantemos los cortes de rutas”.
El segundo episodio se registró hace unas semanas: el juez federal Federico Faggionato Márquez rechazó la exención de prisión de un ruralista -a quien imputó de haber incendiado los pastizales del Delta-, que sí concedió la Cámara Federal de San Martín. Actualmente, en el Consejo de la Magistratura hay un pedido de destitución por serias denuncias contra ese magistrado, pero el oficialismo se podría oponer a que prospere.
El tercer dato es más complejo. El fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, es un hombre que, según fuentes judiciales y del Ministerio Público, simpatiza ideológicamente con el Gobierno. Esas mismas fuentes afirman que el procurador general, Esteban Righi, no había sido avisado de la decisión del fiscal.
Ese mismo funcionario nunca instó firmemente la investigación de la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, por su supuesta negligencia en no haber combatido los incendios de los pastizales del Delta. En cambio, sí mostró interés en citar a interrogatoria, por un corte de ruta ejecutado hace tres meses, a Margarita Stolbizer, dirigente de la Coalición Cívica, y a Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, que parece concentrar todos los enojos del Gobierno.
O la fiscalía es lenta o, por el contrario, busca poner en blanco sobre negro que el Gobierno no le dará tregua al campo.
Cuarto: ayer, durante un acto, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dijo que la Prefectura actuaría en los cortes de ruta si había una orden judicial. Fue un anticipo de lo que vendría horas después. Pero fuentes de la Justicia aseguraron a LA NACION que la Prefectura, que depende directamente del ministro de Justicia, actuó sin el conocimiento previo del juez federal Carlos Villafuerte Ruso.
Por otra parte, en abril, Aníbal Fernández, ordenó por medio de una resolución que ninguna dependencia bajo sus órdenes debía cumplir una orden judicial sin consultarlo previamente. Y estableció que esa orden era específicamente aplicable a la Prefectura. ¿Acaso la Prefectura no anotició a Fernández? O, por el contrario, ¿no advirtió Fernández que la intervención judicial no hace más que exasperar los ánimos?
Es indudable que haberle exigido a Stolbizer asentar sus huellas digitales o llevar a prisión a ocho agricultores tiene un significado que trasciende lo policial: todo indica que el Gobierno le quiso enviar un ultimátum al campo.
Fuente: La Nación.com – Redacción – 31/05/2008
La decisión que el Gobierno adoptó anteayer de retocar el régimen de retenciones móviles y la intervención que ayer tomaron la Prefectura, un fiscal y un juez sobre ruralistas y una dirigente de la oposición parecen indicar que el conflicto con el campo ingresó en una nueva etapa.
En realidad, esa etapa, que apuntaría a criminalizar la protesta rural, se viene preparando desde hace varias semanas. Y hay datos objetivos que permiten inferir que la estrategia oficial contempla la utilización de la Justicia como una herramienta para combatir la protesta.
La primera acción en este sentido había pasado casi inadvertida: el mes último, el Consejo de la Magistratura requirió a los jueces federales que informaran si habían tomado medidas para levantar los cortes de rutas. Pero el hecho sí había llamado la atención de un juez federal con asiento en el interior, que, visiblemente preocupado, comentó a La Nacion: “El Gobierno siempre afirmó que no quería criminalizar las protestas y no persiguió la detención de Luis D’Elía cuando tomó una comisaría, pero ahora pretende que levantemos los cortes de rutas”.
El segundo episodio se registró hace unas semanas: el juez federal Federico Faggionato Márquez rechazó la exención de prisión de un ruralista -a quien imputó de haber incendiado los pastizales del Delta-, que sí concedió la Cámara Federal de San Martín. Actualmente, en el Consejo de la Magistratura hay un pedido de destitución por serias denuncias contra ese magistrado, pero el oficialismo se podría oponer a que prospere.
El tercer dato es más complejo. El fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, es un hombre que, según fuentes judiciales y del Ministerio Público, simpatiza ideológicamente con el Gobierno. Esas mismas fuentes afirman que el procurador general, Esteban Righi, no había sido avisado de la decisión del fiscal.
Ese mismo funcionario nunca instó firmemente la investigación de la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, por su supuesta negligencia en no haber combatido los incendios de los pastizales del Delta. En cambio, sí mostró interés en citar a interrogatoria, por un corte de ruta ejecutado hace tres meses, a Margarita Stolbizer, dirigente de la Coalición Cívica, y a Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, que parece concentrar todos los enojos del Gobierno.
O la fiscalía es lenta o, por el contrario, busca poner en blanco sobre negro que el Gobierno no le dará tregua al campo.
Cuarto: ayer, durante un acto, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dijo que la Prefectura actuaría en los cortes de ruta si había una orden judicial. Fue un anticipo de lo que vendría horas después. Pero fuentes de la Justicia aseguraron a LA NACION que la Prefectura, que depende directamente del ministro de Justicia, actuó sin el conocimiento previo del juez federal Carlos Villafuerte Ruso.
Por otra parte, en abril, Aníbal Fernández, ordenó por medio de una resolución que ninguna dependencia bajo sus órdenes debía cumplir una orden judicial sin consultarlo previamente. Y estableció que esa orden era específicamente aplicable a la Prefectura. ¿Acaso la Prefectura no anotició a Fernández? O, por el contrario, ¿no advirtió Fernández que la intervención judicial no hace más que exasperar los ánimos?
Es indudable que haberle exigido a Stolbizer asentar sus huellas digitales o llevar a prisión a ocho agricultores tiene un significado que trasciende lo policial: todo indica que el Gobierno le quiso enviar un ultimátum al campo.
Fuente: La Nación.com – Redacción – 31/05/2008
