Por Walter Edgardo Eckart
En el marco de la Tercera Conferencia Nacional de Jueces, realizada ayer en Córdoba, las palabras de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de la Nación, dejaron traslucir no sólo la preocupación por algunas cuestiones delicadas inherentes a la justicia Argentina, sino también un esperanzador sueño por una corte distinta.
Para recordar, Ricardo Lorenzetti fue designado por el ex - presidente Kirchner y asumió el cargo en Diciembre de 2004 para cubrir la vacante generada a raíz de la renuncia del juez Adolfo Vázquez.
El magistrado, que hoy estaría cumpliendo 53 años, oriundo de Rafaela, Provincia de Santa Fé, se recibió de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en 1978; y en 1983 se doctoró en la misma Facultad, especializándose en derecho privado.
No parecen ser casualidades la firmeza de sus dichos y reclamos, como tampoco la simpleza con la que se dirigió al auditorio; sino, más bien, el fruto de su trayectoria docente y técnica (profesor titular en cursos de grado, pos grado y doctorado en facultades de derecho como las de las universidades del Litoral, Belgrano, Católica, Tucumán, entre otras; más de doscientas conferencias; 14 libros publicados, más de 100 artículos en revistas especializadas de la Argentina y del exterior, etc.).
En un contexto de sospecha aguda sobre el accionar de los jueces en Argentina, Lorenzetti se encargó varias veces de recordar que una justicia Independiente sólo es posible si el ideal de la “independencia judicial” se convierte en una Política de Estado , para lo cual es necesario no sólo “hablar” del tema, sino poner en la práctica la voluntad política necesaria.
En la misma línea, cuando se refirió a la elección de los jueces, remarcó que esto se deben llevar a cabo a través de procesos extremadamente transparentes, donde la idoneidad y la integridad moral de los candidatos queden fuera de toda duda, toda vez que un juez, en definitiva, es el que –frente a una causa- decide sobre los bienes y las libertades de las personas.
Por lo mismo, reafirmó lo que llamó “el derecho de la acusación”: todos los argentinos tienen el derecho de cuestionar legalmente a sus jueces, a nivel nacional y provincial, si el desempeño de los mismos genera algún tipo de duda fundada.
Al abordar el delicado tema de la “autonomía” judicial, como le es propio a un poder del estado, complementó la “independencia y libertad” que se debe tener respecto de lo político, con la no menos necesaria independencia económica: “Vemos que hay que hacer estos cambios. Necesitamos independencia, necesitamos una justicia más rápida (que implica costos mayores); necesitamos autonomía financiera, pero todos estos cambios no los podemos hacer nosotros, porque ni siquiera tenemos autonomía presupuestaria. El sistema hoy es difícil y complejo de manejar. En EE.UU. el poder judicial hace su presupuesto y lo lleva para aprobación. Acá hay que pedir autorización a cada rato....”
En medio de un ambiente tranquilo pero al mismo tiempo preocupado por las necesarias mejoras que se deben realizar, se evidenciaron las ganas y el ideal meditado por forjar un sistema judicial distinto, largamente esperado.... tal vez demasiado....
